El Consejo de Estado finalmente pudo adoptar el fallo que correspondía en la acción de nulidad que se había promovido en contra de la reelección de Alejandro Ordóñez Maldonado como Procurador General de la Nación. Dispuso la anulación de la elección y, en consecuencia, el señor Ordóñez debió hacer dejación de su cargo.

Hasta ahí no hay nada de especial. La prosperidad de las pretensiones de una demanda es un resultado natural del proceso. Que el demandado haya sido un Procurador General no debería problematizar el asunto: al revés debería hacerlo más sencillo. Se espera que alguien que tiene semejantes responsabilidades públicas ejerza su defensa conforme a la magistratura moral que se le presume. Pues no. Contra todo pronóstico, fue un tortuoso proceso lleno de argucias jurídicas disfrazadas de derecho de defensa.

Es paradójico cómo en Colombia los extremos se tocan en lo que hace a los comportamientos procesales. La verdadera tragedia nacional es la naturaleza instrumental que cada quién tiene de la administración de justicia. Cuando el Procurador disciplinó a Gustavo Petro, éste enredó el proceso disciplinario al máximo. Usó el cargo para hacerle el quite a la sanción, desde el balcón amenazante hasta la descalificación personal de su investigador. Para Petro todo era una conspiración derecho-mafiosa-contratista-uribista en su contra.

Ahora, el señor Ordóñez, ha hecho exactamente lo mismo. No ha tenido ni la mínima vergüenza para salir a decir a voz en cuello que “se acaba de cumplir el primer pacto de La Habana. La expulsión del Procurador”. Ahí está, en forma de trino en la cuenta oficial @pgn_col, esa frase ofensiva para el Consejo de Estado y para la Administración de Justicia. 

A Ordóñez, que fue Consejero de Estado, poco le importó esa condición para poner semejante mácula sobre una de las altas Cortes. Igual a Petro, su antípoda ideológica. La mezquindad política no tiene límites. Si tienen que destruir el país para obtener un voto, lo hacen.

Y de eso se trata: de límites. Los políticos deberían tenerlos. La mentira, la manipulación de la masa ignara, la exageración y hasta la indecencia deberían tener un límite. La administración de justicia no puede ser alabada cuando toma decisiones contra unos y denostada cuando las toma contra otros. Los políticos no pueden jugar con el fuego de deslegitimar la Justicia para justificar sus propios torcidos o los de sus correligionarios, convirtiendo todo proceso en una persecución política. Deberían tener la decencia, aunque eso sea pedir mucho, de reconocer que cada peso que se llevan siempre es un peculado, independientemente de si lo hacen a nombre de la izquierda, del  centro o de la derecha. 

Y deberían dejar de repetir, como cierto ex presidente, que es injusto condenar a alguien que no se ha robado un peso. La corrupción no es solo llenarse los propios bolsillos con dineros oficiales. También lo es dejar que otros se los llenen. O usar los recursos oficiales para obtener apoyos o destruir adversarios para construirse impunidades propias.
Para tener paz, hay que respetar la justicia.

@Quinternatte