El nuevo escándalo que nos sobresaltó recientemente cuando el Fiscal General de la Nación anunció que según lo declarado por un exsenador detenido, después de una imaginativa triangulación geográfica, cerca de un millón de dólares habría ingresado a la campaña reeleccionista del Presidente Juan Manuel Santos, nos deja con interrogantes y reflexiones.
Fue sorpresivo que el Dr. Martínez anunciara que solo había compulsado copias al Consejo Nacional Electoral solicitando investigar la mencionada campaña.
Pero, habiendo establecido la Fiscalía que esos dineros efectivamente habían sido monetizados en nuestro territorio después de alimentar la cadena de contrabando que surte los san andresitos ¿Por qué no abrió también una investigación por cohecho, contrabando y lavado de activos?
Ya se ha dicho, pero cabe repetirlo; el Consejo Nacional Electoral, no ofrece confianza para acometer tan enorme responsabilidad; ha demostrado hasta la saciedad desde su creación, que es una entidad inoperante y maleable a los mandatos de los intereses políticos de turno.
Desalienta que sea ese cuerpo el que en Colombia adelante una investigación que más parece un poderoso huracán recorriendo la totalidad del continente y que en países cercanos, como Brasil y Perú no está dejando títere importante con cabeza.
Seguro que el CNE, ciñéndose a su competencia legal, se limitará a revisar la contabilidad presentada por la campaña del actual Presidente, intentando establecer si las formalidades estipuladas para las rendiciones de cuentas se cumplieron y los topes no fueron sobrepasados.
Conocedor de las limitaciones legales y morales de ese organismo, el experimentado gerente de la campaña ganadora se anticipó a informar que sus cuentas estaban claras, que la actividad proselitista se adelantó con créditos que luego fueron cancelados con los recursos de la reposición de votos. El señor Prieto da por descontado que jugando en ese campo todo está clarísimo. Sabe que en el país de Santander el apego a las formas legales es suficiente.
Pero solo hay que leer las memorias del tesorero del expresidente Samper, sobre el uso de los dineros del cartel de Cali, para saber cómo se ganan las campañas. Allí está claro que una cosa es la contabilidad de los recursos que sustentan los gastos administrativos, de publicidad y de grandes reuniones en plazas públicas, además de los desplazamientos, y otra los gastos que se hacen irregularmente, en efectivo por debajo de la mesa, para la compra de votos y atractivos halagos al elector.
Precisamente, antes de sentarme a escribir estas líneas, leí en los periódicos las acusaciones que la misma Fiscalía le hizo el jueves pasado al Gobernador recién electo de la Guajira, todas basadas en evidencias que muestran los ríos de efectivos manejados para comprar los votos que aseguraron la victoria.
Es hora de no jugar más a la cacareada amnesia colombiana; Señor Fiscal, investigue bien, afine su olfato y recaude pruebas; es posible suponer que ese efectivo, seguramente con otros de fuentes distintas, fuera usado para comprar los votos que aseguraron el triunfo en la segunda vuelta. No más cuentos.