La consulta anticorrupción que se verificó el 26 de agosto de 2018 con la oposición del Centro Democrático y la indiferencia de otros partidos políticos contenía, entre otras, la pregunta dos en la que se interrogaba sobre si estaba o no de acuerdo con el cumplimiento total de las penas impuestas por “corrupción y delitos contra la administración pública en la cárcel y sin posibilidades de reclusión especial (…)”. El Si a esa pregunta tuvo un respaldo de 11.467.527, mientras que el No apenas logró 52.831 votos para un total por esa pregunta de 11.520.358, guarismo que se completó con los votos no marcados y los nulos.
Aunque no logró superar el umbral, que era de 12.140.332, si resulta muy simbólico que la gran mayoría de los votantes quieran un tratamiento penal tan drástico para quienes cometen esa clase de delitos, algunos de los cuales no merecen semejante tratamiento. Es cierto que ahí están la mayoría de los delitos que se estructuran a partir de los hechos que han llevado a desangrar parte de las finanzas públicas, pero hay otros en los que pueden incurrir los funcionarios públicos por física ignorancia, por descuido o incluso por intentar acertar o hacer lo mejor para los asociados.
Entre esos delitos están el peculado culposo, el de uso y el de aplicación oficial diferente, ilícitos en los que normalmente el funcionario no se embolsilla nada del Estado.
Lo que esconde el texto de la pregunta es toda una posición de un penalismo radical y populista que en realidad es un gran obstáculo en la lucha que pretende adelantar. Más allá de que ya esa prohibición existe para algunos de esos delitos, lo que se ha demostrado es que sin beneficios no hay paraíso. Si cada corrupto que se descubra sabe que va a tener que pagar la totalidad de la pena que no tendrá derecho a ninguna clase de beneficio, así colabore, devuelva bienes o delate cómplices, simple y llanamente se va a quedar callado con la casi seguridad de que el Estado no va a ser capaz de descubrirle ninguno de esos elementos. Y asumirán el riesgo de irse a juicio, con la posibilidad de ser absuelto por algún tecnicismo o por simple falta de pruebas.
Es precisamente lo que está ocurriendo con los delitos sexuales. Un defensor público juicioso, que lleva sus propias estadísticas de casos, se quejaba de que en los últimos dos años le han tocado unas 10 defensas de oficio de acusados de delitos sexuales contra menores de edad. Todos sin excepción le han confesado estar dispuestos a aceptar cargos, pero al ser enterados de que no reciben ninguna reducción de pena por ello han ido a juicio. Han absuelto a 7.
Una política criminal realista debe tomar en cuenta no solo la supuesta maldad del delincuente, sino las reales capacidades del Estado para combatirlos. Está probado que ni la radicalización de penas, ni la de los tratamientos penitenciarios son útiles por sí solos para reducir la criminalidad. En eso es mejor seguir el ejemplo de los comunistas. Combinar todas las formas de lucha.
@Quinternatte