Entre las muchas situaciones que el feminicidio de Claudia Johana Rodríguez, recientemente sucedido en un centro comercial de Bogotá, puso de presente está la dificultad que tienen las mujeres para acudir ante las autoridades a denunciar a sus agresores. 

Especialmente problemático resulta para las mujeres, tradicionalmente encargadas del cuidado de los niños, desplazarse en compañía de los pequeños hasta cualquier oficina judicial. Aunque parezca extraño, las oficinas judiciales son lugares declarados como de riesgo para los niños y, por tanto,  no se les permite el acceso, ya sea solos o acompañados de adultos.

Semejante situación generó, por ejemplo, que cuando Claudia Johana Rodríguez fue a denunciar agresiones de su pareja en Medellín, no pudo hacerlo porque no la dejaron ingresar a las oficinas públicas por no haber tenido con quien dejar a su pequeño hijo.

El problema no es solo que no les dejen ingresar los niños, así solo sea a una simple Secretaría Común a dejar algún escrito de esos que todo funcionario del sistema oral exige para impulsar cualquier actuación, o a una oficina de asignaciones a formular una denuncia formal, sino que el Estado no les ofrece ninguna alternativa para hacerles realidad el derecho fundamental de acceso a la Justicia. Nadie pide que celebren audiencias en medio del llanto de los niños, pero que tampoco se impida a sus madres el simple acceso al edificio. 

El tema es muy grave porque en la práctica se convierte en un obstáculo insalvable para acudir a la autoridad competente, la misma que luego de ocurridas las tragedias se excusa diciendo que no recibió denuncia alguna de la ahora víctima fatal. Y es peor aún, cuando se sabe que ese tipo de problemas son de fácil y económica solución, tal como está demostrado en muchos otros países.

Pequeñas salas que ofrezcan albergue temporal a niños, mientras sus madres hacen las diligencias judiciales, no son muy caras de instalar o de mantener. De hecho cualquiera de esas mismas empresas de producción de pañales para bebés que se han cartelizado para acordar los precios, podrían retornar parte de lo que le han estafado a sus clientes, patrocinando algunas de esas salas.

En Bogotá, en el complejo judicial de Paloquemao se encuentran cajeros automáticos, máquinas expendedoras de comida y bebidas, negocios de fotocopias, etcétera. ¿No será que con el producido de los arriendos que deben pagar esos negocios alcanza para instalar un lugar digno y decente donde se puedan recibir temporalmente a esos pequeños cuya madre no tiene con quien dejarlos?

Aunque parezca increíble, la mayoría de las decisiones sobre la negativa radical de permitir el acceso de los niños a los edificios donde funcionan despachos judiciales, no provienen de quienes administran la Rama Judicial, sino de las oficinas de seguridad que, como corresponde a su especialidad, priorizan el aseguramiento del edificio.

De modo que es a esas otras autoridades a las que les corresponde darle prelación al acceso al Servicio Público de Administración de Justicia sin afectar los derechos de las madres que tienen niños. Un poco de voluntad e imaginación ayudaría.

@Quinternatte