Más grave de lo que pareciera es el problema del hacinamiento carcelario en el país, los datos estadísticos y los mismos censos de personas puestas bajo custodia son alarmantes, y lo más delicado radica en la falta de proyectos que generen una solución a corto y mediano plazo, pues la dificultad no solo se concentra en el número de reclusos y sobrepoblación en los centros carcelarios, los problemas en este tema son diferentes y múltiples, pues contemplan, presupuesto, infraestructura, personal administrativo y operativo, capacitación, cárceles, programas de resocialización…En fin, son muchas las falencias y desatinos que se concentran en el asunto penitenciario, que demandan una pronta y eficiente atención por parte de las administraciones y el gobierno.
Haciendo una reflexión responsable y seria, podemos afirmar que esta situación no es nueva y se ha venido incrementando con el paso de los años, recayendo la responsabilidad en varios gobiernos y administraciones, donde de una manera u otra, por diversas razones, resultamos involucrados muchos funcionarios, que impulsados por un anónimo de colaboración, fuimos consintiendo que se incrementarán insolvencias de lugares adecuados para reclusión de personas, ubicadas al margen de la ley, dando lugar a la utilización transitoria de estaciones de policía, concebidas para fines instituciones y ciudadanos, en actividades de índole carcelario, cuando en realidad la doctrina, filosofía y fin último de la policía, es muy ajeno a la conducción y detención transitoria de personas involucradas en investigaciones por delitos que alteran el orden público interno.
Esta tolerancia fue funesta para la institución y su organización, pues terminaron los agentes del orden cumpliendo tareas muy impropias de su misión y formación; esto sin cuestionar la infraestructura de las estaciones que no cuentan con servicios básicos sanitarios, de alimentación ni reposo, lo que ha llevado a un caos en el ordenamiento institucional. Contexto que urge corregir y encausar para liberar la institución Policía Nacional de esa responsabilidad que. como venimos sosteniendo, es ajena a su misión constitucional. Ya lo manifestó la Personería de Bogotá: el hacinamiento amerita la apertura de nuevas cárceles.
El momento político que vive el país, es apropiado para ventilar este asunto tan delicado, pues los aspirantes a cuerpos colegiados y los candidatos a la Presidencia de la República, entienden con lujo de detalles las dimensiones del trance, y saben que la justicia es un eje prioritario para lograr seguridad ciudadana y rural. Sin justicia cualquier proyecto o programa de seguridad estará fracasando de entrada y por lo tanto sería recomendable que, en sus intervenciones y plataformas de trabajo, contemplen lo referente al desbarajuste carcelario, proponiendo fórmulas que permitan direccionar su organización y funcionamiento ya que porque sin más cárceles continuaremos con este laberinto en las instituciones. Recordemos, sin un programa con espíritu resocializador es imposible cumplirle a Colombia.