La detención de Jesús Santrich pedida por el gobierno de los Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico y con fines de extradición relieva la fragilidad de dichos acuerdos, de la JEP y de la seriedad de las Farc. No hay duda de que las pruebas aportadas por el gobierno de Washington son muy fuertes de lo contrario la Fiscalía colombiana no hubiera dado ese paso. La Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York considera que los hechos tendientes a exportar droga hacia Estados Unidos, habrían ocurrido entre junio de 2017 y abril de 2018, lapso claramente posterior a la firma de los acuerdos de Cuba y por lo tanto no bajo su protección, la que se extiende solo a las acciones delictivas relacionadas con la guerrilla anteriores a su firma. Santrich, naturalmente, ha protestado vociferantemente de su inocencia, ha declarado que irá “hasta las últimas consecuencias” para evitar la extradición y que dará su última batalla en Colombia. Hasta ahora esas últimas consecuencias son una huelga de hambre que, sin duda, pronto levantará.

Sus compañeros subversivos han hecho declaraciones a su favor, lo visitaron en el búnker de la Fiscalía, aceptando, como la ha hecho Timochenko, que como violó la ley con posterioridad al acuerdo debe someterse a la justicia ordinaria y a la extradición, reacciones que probablemente Santrich no se esperaba. Peor aún, con Santrich fue apresado Marlon Marín sobrino de Iván Márquez, probable sucesor de Timochenko, quien llegó a un arreglo relámpago con nuestra Fiscalía y con la DEA y hoy ya se encuentra en los Estados Unidos colaborando con la justicia de este país. Marín es considerado el enlace de Santrich con el cartel de Sinaloa y sus informaciones son de tal valor que Washington probablemente le conceda inmunidad, lo que no solo debe tener a Santrich al borde de la extradición, sino también a un paso de la cárcel a su tío y demás cabecillas de las Farc.

Esta es una situación que puede hacer peligrar los acuerdos de Cuba pues, obviamente, no está en los planes de estas personas someterse a la justicia ordinaria colombiana y menos ser extraditadas a los Estados Unidos. Se puede pensar que las negociaciones de Santrich con los narcos mejicanos no son un caso individual, sino que se inscriben dentro de un plan  para obtener recursos si deciden retirarse de los acuerdos. Hay este peligro y en ese caso las disidencias dejarían de ser tales. El dilema que confronta nuestro Presidente es aplicar estrictamente los acuerdos, caso Santrich, o permitir que las Farc continúen delinquiendo impunemente. La cúpula guerrillera debería exiliarse en Cuba o Venezuela a gozar de su mal habida fortuna y dejarnos tranquilos a los colombianos.