Anota el magistrado Alberto Poveda Perdomo: Hay que dar 24 pasos durante uno o dos años para que autoricen el funcionamiento de una nueva empresa. Pero esto no es lo grave. Lo que más desmoraliza es la coima,  la propina, la comisión, la costosa atención al mandamás para que una licencia de funcionamiento de una unidad comercial pueda empezar a producir riqueza, impuestos, optimismo y frentes de trabajo para millones de desempleados.

La corrupción crea un ambiente de anti civismo, pues obliga a la gente a comportarse indebidamente, ensanchando la atmósfera de la ilicitud. Esto anula la idea de cooperación, solidaridad y ayuda. Todo tiene un precio. Sin aceite motivador, la maquinaria burocrática no se mueve. El Estado, paquidérmico por naturaleza, se convierte en un “Leviatán odioso y detestable”. El 70% de las fuentes de trabajo se encuentran en el sector privado.

El Estado no puede dar más puestos, se encuentra a reventar. Oímos atacar a las nóminas paralelas, a las corbatas y a los supernumerarios. Salarios exagerados, viáticos, primas, bonificaciones. ¿Y qué decir de la contratación corrupta enemiga perversa del erario público? Son tan desproporcionados los hurtos al fisco, que según los indicadores económicos, es más, mucho más, lo que se pierde con la contratación ilícita que con asaltos directos a la plata del Estado, por los audaces delincuentes del cuello blanco. Para cualquier obra, por cada ingeniero involucrado en el asunto, introducen cinco abogados para minar el documento con mil argucias y trampas contra el Estado.

El sector privado vive alarmado. Tienen que manejar con angustia los créditos bancarios que son inexorables, la voracidad tributaria es otro factor hostil y la urgencia de calmar a los funcionarios corruptos haciendo mil exigencias. Por eso se habla de la parálisis industrial, agrícola y comercial.

Otro adversario peligroso del empresario es el demagogo sindical. Se han cerrado muchas organizaciones económicas, víctimas de huelgas sistemáticas, peticiones desorbitadas y perturbaciones inimaginables. Los demagogos sindicales buscan destacarse con posiciones exóticas,  pues es la manera de llamar la atención, causar daños y hacer absurdos méritos ante los trabajadores para después llegar al Congreso como parlamentarios. Se habla de que es rechazable la “criminalización de la protesta”. Y esto es un dogma constitucional.

Como abogados apoyamos esta teoría. Pero los excesos, los atropellos y la intimidación de algunos huelguistas deben ser sancionados de una manera ejemplar. Obligan a los renuentes a servir de soporte de los energúmenos. La huelga en el poder judicial casi siempre se reduce a ponerle candados, cadenas y seguridades a las puertas principales de los edificios para que nadie ingrese al sitio de trabajo. Esto es insólito. La ley prohíbe la protesta en los hospitales, en los servicios claves como la fuerza pública  y también en la justicia. Pero las leyes son violadas primeramente por los que están en la obligación de hacerlas respetar.

La corrupción encarece la inversión en infraestructura, estimula el contrabando, empobrece el erario, ahuyenta al inversionista, justifica el terrorismo y baja la moral ciudadana.