En el lánguido final de su mandato, es repudiable ver al desacreditado gobierno que soportamos, actuar sin ningún pudor, pero raspando el frasco de la mermelada con la que hasta ahora ha asegurado mayorías en el Congreso para sacar a cualquier precio la agenda legislativa con que pretende premiar a sanguinarios terroristas que tanto mal no han hecho.

En los últimos días de vigencia del desafortunado mecanismo de fast track o trámite rápido, el Presidente y su equipo de gobierno han mostrado su peor cara.

Indignó ver en los últimos días al Ministro del Interior, de muy pobre desempeño, suplicándole a los congresistas que no se excluyera del tribunal confeccionado a la medida de los victimarios (JEP) los delitos sexuales cometidos contra las niñas de sus tropas por los más altos dirigentes de las Farc y que ahora han sido denunciadas por las propias víctimas en testimonios públicos divulgados por los medios de comunicación.

Sin embargo, las mayores sorpresas vinieron cuando el Presidente manifestó que “las curules de la paz” si habían sido aprobadas en el Senado a pesar del fracaso que presenciamos en la televisión, después de quedar en evidencia el nuevo regalo disfrazado que pretendió hacerle a las Farc, consistente en sumarle dieciséis curules adicionales a las diez explícitamente acordadas inicialmente.

No olvidemos que el Gobierno rechazó la oportunidad de beneficiar con claridad a las víctimas  dejando de engañar al país, si hubiera aceptando las acertadas propuestas del Centro Democrático y de las senadoras Vivian Morales y Sofía Gaviria para señalar con claridad que las nuevas curules serían para las asociaciones de víctimas legalmente reconocidas.

Confirmó el Presidente que carece de límites en su empeño de colmar con beneficios inmerecidos al grupo guerrillero que sólo es merecedor de duras condenas por sus delitos de lesa humanidad.

Conocida la insólita declaración se pronunciaron en forma contundente varios constitucionalistas quienes no sólo rectificaron al Presidente, sino que evidenciaron el cúmulo de errores cometidos en el  trámite de ese proyecto.

Resalto los argumentos jurídicos contundentes expresados por Rodrigo Escobar, quien ha recalcado que en el artículo 134 del Acto Legislativo 02 de 2015 quedó claro que en las reuniones del Congreso que fueran convocadas para aprobar leyes o actos legislativos, el quorum para decidir debe ser calculado con el número total de los integrantes la Corporación y por tanto en el Senado la cifra requerida es de  cincuenta y un votos afirmativos.

De otra parte, viendo las grabaciones de la trasmisión por televisión, que solo cuarenta y nueve Senadores votaron afirmativamente la ponencia dentro de los 30 minutos reglamentarios y que el voto con el que se alcanzaron los cincuenta, aún insuficientes, se registró fuera de tiempo.

La única explicación posible al cínico proceder del Presidente Santos en este caso sería que él prefiere que sea la rama judicial quien hunda el proyecto para evitar ser señalado como el sepulturero de su propio compromiso.

Ojalá la mesa directiva del Senado no se preste para semejante despropósito.