El homicidio del ciudadano Dímar Torres, agricultor y ex militante del grupo guerrillero Farc ocurrido en la vereda Campoalegre del municipio de Convención en el departamento de Norte de Santander a manos de un suboficial del Ejército Nacional, es probablemente uno de los hechos más graves que ha ocurrido dentro del escenario del post conflicto que se supone estamos viviendo.

La gravedad no proviene del hecho mismo del homicidio. Tampoco de que lo haya cometido un agente del Estado con un arma oficial, sino de las circunstancias en que supuestamente ocurrió el hallazgo del cadáver, conforme al relato verbal y documentado en vídeo que ha sido profusamente distribuido por las redes sociales y publicado en medios de comunicación.

El video y los testigos muestran y relatan situaciones absolutamente reprochables que no tienen nada que ver con el honor militar ni con la misión funcional del Ejército Nacional. Un occiso con el cráneo destrozado por un disparo de fusil hecho a mínima distancia, el cadáver mutilado en sus genitales y el miembro puesto sobre el cuerpo al borde de una fosa a medio excavar, son elementos de los que cualquier Fiscal puede deducir todo, menos una muerte accidental.

Una auténtica tragedia, sobre todo para el honor del Ejército. Afortunadamente para la institución militar y para el Estado colombiano que se enorgullece de sus FF.AA., ha sido el propio Ejército el que ha aclarado los hechos desde las diligencias iniciales. La Inspección General del Ejército Nacional a cargo del señor General Jorge Arturo Salgado Restrepo publicó, apenas lo tuvo, el dato de la clase de arma que se utilizó. Señaló que el disparo que cegó la vida del ciudadano Torres fue disparado por un fusil del Ejército Nacional asignado a un suboficial de esa fuerza.

No hubo ninguna maniobra de encubrimiento, ni siquiera intentaron hacerlo, asunto que debe ser motivo de celebración, conociendo la historia nacional reciente. La situación es más destacable aún si se toma en cuenta la actitud gallarda del señor General Diego Luis Villegas Muñoz, Comandante de la Fuerza de Tarea Vulcano, quien en gesto que enaltece su carrera y glorifica el honor del guerrero y de los hombres que comanda, no solo asistió al lugar de los hechos sino que ofreció disculpas públicas por el hecho y se comprometió a llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias. Les advirtió a sus hombres que su función no incluye el asesinato de miembros de la comunidad y que cada quien debe responder si viola la Constitución o la Ley.

En contraste con la gallardía de los mandos del Ejército Nacional, no deja de sorprender la mezquindad de los políticos que quieren pescar en río revuelto. Los de un lado tratando de justificar lo injustificable y los del otro intentado comprometer a la institución militar en lo que es claramente un hecho propio y autónomo de miembros de sus filas que han deshonrado el uniforme y las armas que la República les entregó.

Mientras tanto, el Ministro de Defensa sigue como Presidente de Fenalco.

@Quinternatte