La prensa nacional acaba de publicar que Odebrecht la mega constructora brasileña, le pagó a las Farc durante más de 20 años, sumas de dinero para que los “dejaran trabajar”.

La noticia ha servido para evidenciar, una vez más, el sentido instrumental que tiene la justicia en Colombia. Cada quien, dependiendo de su interés particular ha salido a calificar el hecho, de acuerdo a sus conveniencias políticas.

Los tradicionales enemigos del proceso de paz, algunos de los cuales recibieron aportes de Odebrecht, aunque a sus espaldas -según dicen-, se han llenado la boca llamando inmorales a las Farc por haber recibido “sobornos” de la mega constructora brasileña.

No deja de ser curioso que llamen “soborno” al pago que hace una empresa dedicada a una actividad legal -construir infraestructura- que debía desarrollar en zonas de conflicto donde tenía presencia dominante un grupo armado ilegal y el Estado no le podía garantizar seguridad.

Cualquier abogado de primer año diría, en principio que eso no se llama soborno, sino extorsión. El grupo, guerrillero, bacrim o paramilitar que se enseñorea en un territorio abandonado por el Estado ejerce una fuerza imposible de resistir por una empresa normal. De modo que cualquier petición de esas estructuras es claramente una amenaza que es mejor tomarse en serio, si uno quiere seguir desarrollando la actividad.

Claro que frente a esa situación de hecho claramente identificada en varias zonas del país: Urabá con los paramilitares; Arauca con el Eln; Caquetá o el Magdalena medio con las Farc, las autoridades judiciales -fiscales y jueces- siempre han sostenido que si no se adjunta una fotografía donde se vea que el pago lo está haciendo el representante legal con un fusil en la nuca, eso no es una extorsión sino “financiación del terrorismo”.

Los mismos que excusan a las empresas que les pagaron a los paramilitares en Urabá, son los que ahora condenan a Odebrecht por pagarle a las Farc. Y viceversa, porque esas mismas oenegés que actúan como punta de lanza en algunas regiones organizando paros y bloqueos “pacíficos” contra petroleras y otras empresas, sospechosamente se calman cuando la extorsión se estabiliza en cabeza de alguna guerrilla.

Si todos, de un lado y de otro, reconocieran que el verdadero enemigo es el abandono del Estado que ha dejado medio país en manos de zánganos armados que van por ahí como cualquier Dian, recaudando impuestos de guerra, no aceptarían que las empresas fueran vistas como enemigos cuando se aparecen en esas regiones a llevar trabajo o progreso en forma de exploración petrolera o de infraestructura estatal.

Pero el país no funciona así. Cada vez que a una empresa le adjudican un bloque de explotación petrolera,  la construcción de una carretera o el levantamiento de un puente, lo que se gana no es un contrato sino un problema. Odebrecht, por ejemplo, pagaba sobornos en Bogotá, estructurados por respetables abogados sofisticados, y extorsiones en el Magdalena medio a guerrilleros comunistas.

Dos caras del mismo país bipolar. Unos que extorsionan con el bolígrafo. Y otros con el fusil. Iguales de bandidos los dos.

@Quinternatte