Mañana 11 de enero empieza el año judicial que terminará el próximo 19 de diciembre de 2017. La tarea judicial se muestra este año especialmente compleja por los retos que va a tener que enfrentar la administración de justicia.

La Corte Constitucional es probablemente la Institución más comprometida con varios de los temas más complejos durante este año.  El primero será la reintegración de su sala plena, pues cinco de los Magistrados actuales cumplen sus periodos entre marzo y abril. De un número total de nueve integrantes, lo que significa ese cambio es que la mayoría de la Corte será nueva a partir de este 2017.

Para asuntos como el del referendo que pretende prohibir la adopción de niños por familias mono u homoparentales, toda la revisión constitucional de normas relacionadas con el proceso de paz con las Farc y las demandas pendientes sobre algunos aspectos de la ley de tierras y el nuevo Código de Policía habrá cinco Magistrados nuevos en materia de control constitucional respecto de los cuales no hay precedentes conocidos sobre sus posiciones al respecto de esos temas.

La Corte Suprema de Justicia tiene responsabilidades tanto o más complejas. La primera es integrar las ternas para dos magistraturas de la Corte Constitucional que representen el pensamiento de la Suprema en materia de garantías, derechos, minorías y equilibrio democrático. Más allá de ello, este año la Corte debe asumir juicios tan complejos como el del ex magistrado Pretelt Chaljub, el primero en la historia reciente, o definir todo lo que tiene que ver con su participación en la Jurisdicción Especial de Paz, o con las eventuales definiciones de temas de extradición  cuyos precedentes puedan terminar incidiendo en el proceso de paz.

El Consejo de Estado va a tener que ocuparse no sólo de la acción electoral promovida contra los resultados del referendo sobre el Acuerdo de Paz, sino de todos los temas contractuales que tengan que ver con Odebrecht, lo que necesariamente incluye su concepto sobre la probabilidad de declarar la caducidad de los contratos por actos de corrupción confesados por ellos o judicialmente declarados ante o por autoridades judiciales o administrativas extranjeras.

De la Fiscalía General de la Nación, que en un país donde todos quieren que todo se lo resuelva la jurisdicción penal, tiene especial relevancia en sus tareas, el país va a estar especialmente pendiente de su gestión y resultados en el tema de Odebrecht. Ese escándalo y el de Reficar son dos escenarios especialmente sensibles para que se haga realidad la amenaza del Fiscal General de la Nación de hacer temblar a los corruptos. Y no sólo para que los haga temblar, sino para que los identifique, recaude las evidencias, solicite su captura y acuse para obtener condenas prontas y concretas. Que no nos vayan a salir con el cuento que los once millones de dólares repartidos no fueron corrupción, sino obras de caridad.

El juicio del asesino de Yuliana Samboni, la finalización del caso Interbolsa y la sentencia del caso Colmenares, son retos no del año, sino del primer bimestre.

@Quinternatte