El 17 de febrero de 1992 fue instalada formalmente la Corte Constitucional, la cual, tiene su origen en la Constitución de 1991, sabiéndose que el artículo 5 transitorio revistió al presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para organizar su funcionamiento y el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deben surtirse ante ésta, por medio del Decreto 2067 de 1991.

Según el artículo 22 transitorio, la primera Corte Constitucional estuvo integrada por siete magistrados designados para un período de un año así: dos por el presidente de la República; uno por la Corte Suprema de Justicia; uno por el Consejo de Estado, y uno por el Procurador General de la Nación. Los magistrados así elegidos designaron los dos restantes, de ternas que les presentó el presidente de la República.

La elección de los magistrados que correspondía a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Estado, al presidente de la República y al Procurador General de la Nación, imperativamente se hizo dentro de los cinco días siguientes a la entrada en vigencia de la Constitución.

Se fijó como inhabilidad constitucional, el que, para esa primera composición, los miembros de la Asamblea Constituyente no pudiesen ser designados Magistrados de la Corte Constitucional en virtud de este procedimiento extraordinario, aunque no se extendía la inhabilidad a los ministros de Estado y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado.

Hace treinta años, tuve la inmensa fortuna de iniciar mi vida profesional como abogado en la Corte Constitucional; seguramente, en las conmemoraciones, únicamente se acordarán de los primeros siete magistrados: Fabio Morón, Ciro Angarita, Jaime Sanín, Alejandro Martínez, Simón Rodríguez, Eduardo Cifuentes y José Gregorio Hernández; pero, detrás de ellos había en ese momento un equipo joven y dinámico, al cual, el mismo presidente Gaviria, cuando se le acusaba de tener un “kínder de Palacio”, manifestó que también en la Corte Constitucional había un kínder.

Pero, no solo éramos jóvenes recién graduados o realizando la judicatura quienes iniciamos allí a trabajar; también había ex empleados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, rescatados de la toma del Palacio de Justicia en las primeras horas del 5 de noviembre de 1985, como Héctor Darío Correa o Milena Velandia.

Dentro del grupo del kínder, estábamos, además del suscrito, hoy destacados profesionales como Claudia Dangond, Humberto Sierra, Abraham Sánchez, Martha Cecilia Paz, Martha Lucía Zamora, Julio César Ortiz, Néstor Raúl Correa, Sonia Téllez, Margarita Palencia, Germán Palacio, Bismark Alemán, Carlos Burgos y muchos más que por espacio no alcanzo a citar, así como Fabiola, excombatiente reinsertada del M-19, con quienes aprendimos del diálogo y la integración.

Tengo la satisfacción de haber sido el “numerador” de las sentencias, desde la T-001 de 1992 de la Sala del magistrado Hernández Galindo, marcada en azul con mi estilógrafo Parker 61, así como de ser el autor del prefijo SU para las Sentencias de Unificación, lo mismo que Gloria Ortiz, autora de la T y Héctor Darío Correa, autor de la C.