Debate sobre estado de cosas inconstitucional

Durante una  audiencia pública en la Corte Constitucional, la Unidad para las Víctimas, en representación de todo el Gobierno, pidió reconocer que hay avances en las acciones hacia la población en condición de desplazamiento y en consecuencia levantar parcialmente el estado de cosas inconstitucional.

Sin embargo, el procurador Alejandro Ordóñez se opuso, al considerar que no se ha cumplido todo lo establecido en la sentencia respectiva. 

 “Que se levante”

En 2004, la Corte Constitucional consideró que las políticas del momento no contrarrestaban la situación de vulnerabilidad de las víctimas de desplazamiento forzado y emitió la sentencia T–025 en la que declaró el estado de cosas inconstitucional en esta materia.

De acuerdo a lo expuesto ayer por Paula Gaviria, directora de la Unidad, en la audiencia pública sobre derechos de la población desplazada, presidida por el magistrado Luis Ernesto Vargas y a la que también asistieron Gloria Stella Ortiz y Luis Guillermo Guerrero, desde 2011, con la aprobación de la Ley 1448 (Ley de Víctimas) durante la administración del presidente Juan Manuel Santos, se han sucedido avances inéditos en términos de atención, asistencia y reparación integral a las víctimas del conflicto armado, incluidas aquellas que sufrieron desplazamiento, tal como han reconocido diferentes organismos nacionales e internacionales.

En la audiencia, Gaviria presentó un detallado análisis de 28 temas sobre los que se realiza seguimiento y solicitó el levantamiento del estado de cosas inconstitucional en los siguientes aspectos: coordinación Nación-Territorio; fortalecimiento institucional; participación; registro y gestión de la información; presupuesto y financiación, y en los derechos de salud, educación y alimentación (frecuencia y diversidad).

Gaviria les solicitó a los magistrados que se reconocieran los avances en los resultados de la medición de goce efectivo de derechos en cuanto a protección, prevención, vivienda urbana, verdad, restitución de tierras, ayuda humanitaria, retornos y reubicaciones, generación de ingresos, identificación y seguridad alimentaria.

Tras reconocer el papel que ha desempeñado la Corte Constitucional al visibilizar la situación de las víctimas de desplazamiento forzado y recordar el liderazgo del Gobierno nacional en la puesta en marcha de toda una política pública centrada en el restablecimiento de los derechos de las víctimas, que tiene en cuenta la intervención de estas en las instancias de decisión, Gaviria sostuvo que “las víctimas ahora tienen voz e inciden en la política pública que les afecta”, anotando que “se están generando nuevos liderazgos y la activa participación de las víctimas contribuye a una mayor transparencia”.

 

 “Que se mantenga”

 

En contraste con lo planteado por Gaviria, Ordóñez le pidió mantener estado de cosas inconstitucionales argumentando que no se ha cumplido todo lo establecido en la sentencia que fijó parámetros para la atención de los desplazados en tema de salud, educación, vivienda y alimentación. 

En su intervención, Ordóñez manifestó que hasta la fecha la población desplazada sigue presentando falencias en la atención de sus derechos fundamentales. Una de las cifras más graves presentadas en la diligencia es que el 67 por ciento de los desplazados se encuentra por encima de la línea de pobreza.

“Actualmente existe una política pública estructurada que tiene como finalidad la atención, la asistencia y reparación integral de las víctimas del conflicto armado, por lo que dichos presupuestos no pueden ser tenidos como puntos de referencia para evaluar la persistencia o no del estado de cosas inconstitucionales porque las falencias, debilidades y obstáculos identificados inicialmente por el juez constitucional hoy no han variado”, precisó.

Ordóñez aseguró que para afirmar que se superó o no el estado de las cosas inconstitucionales se debe verificar la situación actual de la población desplazada forzosamente y los avances que se han presentado en la garantía de los derechos que fueron identificados como vulnerados en la sentencia.

“Podemos afirmar que aún persisten situaciones administrativas, estructurales que generan vulneraciones a dichos derechos”, expresó.

“La Procuraduría General encuentra que ha habido una evolución favorable, que hay una clara política pública donde han estado implicadas, comprometidas, de una manera evidente los diferentes órganos públicos, pero no obstante esa evolución favorable considera la Procuraduría que el instrumento constitucional ha sido beneficio y demostrados sus bondades por lo que debe mantenerse por un plazo razonable”, señaló.