* Urge abrir debate serio y profundo
* La realidad de un conflicto armado
ES tiempo de cambios y ajustes en la política de seguridad. El pasado 7 de agosto el Gobierno anunció una revisión de toda la estrategia operacional de la Fuerza Pública. Hace una semana se concretó el relevo en la cartera de Defensa, a donde llegó Juan Carlos Pinzón, con amplia experiencia y conocimiento de los temas castrenses. Y hace dos días se produjo el revolcón en la cúpula, retornando de nuevo un general del Ejército a la comandancia de las Fuerzas Militares.
Todo ello está bien pues pone de presente que el Ejecutivo reacciona al evidente deterioro en el orden público rural y urbano por cuenta de un rebrote del terrorismo guerrillero, el cruento accionar de las bandas criminales al servicio del narcotráfico (Bacrim) y una delincuencia común que azota ciudades y municipios. Lo importante ahora es que los cambios arranquen y se vean los resultados.
Sin embargo, todo ese timonazo en la política de seguridad será incompleto hasta que todos los sectores nacionales entiendan que hay un debate que debe abocarse de inmediato: la reforma al fuero militar. Aunque hay una directriz para fortalecer el sistema de defensa técnica judicial de los uniformados, ello termina siendo insuficiente sin que haya una redefinición de todo el sistema de justicia penal militar, acorde con los estándares internacionales para países en situación de conflicto interno y los tratados de protección de derechos humanos.
Desde estas páginas hemos insistido muchas veces que el país debe adecuar el sistema jurisdiccional a la realidad. Colombia confronta una guerrilla que continúa siendo una amenaza para las instituciones, la vida, honra y bienes de todos sus habitantes. También enfrenta a bandas de neoparamilitares y ejércitos privados al servicio de los carteles de la droga. Eso es lo que está pasando y por más que se acuda a diferenciales semánticos para ‘bautizar’ a tal o cual grupo criminal y su respectiva motivación, lo cierto es que existe un conflicto armado interno cuyas dimensiones son imposibles de subdimensionar e incluso ya fue reconocido oficialmente por el Estado en la Ley de Reparación a Víctimas de la Violencia.
Hay que ser consecuentes y aceptar que un país que soporta un conflicto armado interno requiere que su Fuerza Pública esté amparada por un fuero militar en materia de investigación y juzgamiento de sus operaciones. Ello ocurre en todos los países que atraviesan situaciones de guerra que no rebasan sus fronteras. Sin embargo, en Colombia, la crítica situación de violación de derechos humanos producto de una violencia indiscriminada, llevó poco a poco en los últimos años a debilitar y restringir al máximo el ámbito de acción de la justicia penal militar. Todo eso se hizo bajo la distorsionada e infortunada óptica de que mantener el fuero militar iba en contravía de la protección de los derechos humanos y favorecía la impunidad de los delitos cometidos por agentes aislados del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Incluso, en el anterior gobierno hubo una directriz en la que prácticamente se dejó a criterio de los fiscales, que no tienen conocimiento profundo ni experticia en materia operacional castrense, la definición de cuando un proceso que involucra a uniformados debía ser conocido por la justicia penal militar o pasar a la jurisdicción ordinaria en caso de considerar que la acción imputada no fue cometida en servicio o con ocasión del mismo.
No contar con un fuero militar fuerte, sería ingenuo negarlo, está afectando no sólo la moral de las tropas sino su operatividad, y más cuando está comprobado que muchas denuncias contra la Fuerza Pública son infundadas y sólo buscan ‘empapelar’ a sus hombres y neutralizar su eficacia, en el marco de una especie de ‘guerra jurídica’ que impulsan sectores radicales y de fachada de los grupos ilegales.
Es hora, pues, de abrir el debate serio, profundo y objetivo sobre el fuero militar. La realidad del país y de las graves amenazas que enfrenta así lo impone.