* Crear Misión para este diagnóstico
* Un derecho fundamental en crisis
Pese a todos los ajustes al sistema de aseguramiento en salud en Colombia, la crisis sigue a la orden del día.
La entrada en vigencia este mes de la unificación de los Planes Obligatorios de Salud (POS) en los regímenes contributivo y subsidiado constituye, sin duda, un paso trascendental en materia de cobertura así como de atención de patologías y suministro de medicamentos. Sin embargo, el impacto que la medida empieza a tener preocupa, toda vez que varias Empresas Promotoras de Salud (EPS), sobre todo del régimen que atiende a la población de menores recursos, sostienen que este nuevo esquema es insostenible desde el punto de vista financiero, estructural y logístico, por lo que ya, para el caso de Bogotá, dos compañías prefieren dar un paso al costado y que sus miles de afiliados pasen a otras entidades. Al mismo tiempo varias EPS de nivel nacional están en proceso de liquidación, intervención o vigilancia, en tanto que las que mantienen un margen de solidez y solvencia aceptable tampoco dejan de alertar sobre una demora en la activación de los nuevos mecanismos para el giro de recursos y urgen que se reajuste a la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es la cantidad de dinero que el sistema les reconoce a las entidades por la atención de cada uno de sus usuarios. A su turno, la red prestadora de los servicios, es decir, las clínicas y hospitales, advierte que muchas instituciones están al borde de la quiebra o la insolvencia debido a que las EPS así como las gobernaciones y las alcaldías no se ponen al día con la multimillonaria deuda. Y por último figuran el Gobierno, los ministerios y las superintendencias del ramo, según los cuales se está irrigando una cantidad importante de dineros al sistema, pero no se puede acelerar ese flujo puesto que hay que depurar las cuentas de cobro directo y, sobre todo, las de recobro al Fosyga por tratamientos y medicinas no incluidos en el POS, establecido como quedó que la falta de transparencia en la información se convirtió en una rendija por la que se esfumaron cuantiosas sumas.
Más allá del cruce de diagnósticos y réplicas entre EPS, gobiernos Nacional, departamentales y locales, así como la red de clínicas y hospitales, es claro que el sistema continúa haciendo agua. Las medidas adoptadas en el último año, sobre todo para agilizar el flujo de recursos entre los distintos actores se evidencian todavía como insuficientes y en medio de todo ello son los afiliados y beneficiados los que están pagando los platos rotos.
En vista de lo anterior convendría que el Estado empiece a analizar con la necesaria cabeza fría el margen de viabilidad del sistema de aseguramiento tal como está concebido. Más allá de algunas propuestas facilistas, cargadas de populismo y oportunismo, que urgen derogar de un solo tajo la llamada “Ley 100”, lo cierto es que esta norma marco y todos los posteriores ajustes legales, reglamentarios así como las líneas de acción fijadas por la jurisprudencia constitucional, han terminado por configurar un berenjenal de incisos y parágrafos, que hacen que el sistema parezca amorfo, accidentado y con cortocircuitos internos que amenazan su viabilidad funcional y financiera.
¿Es hora de pensar en otro modelo para asegurar la cobertura y atención en salud de todos los colombianos? ¿Debe procederse hacia una mayor privatización del sistema o incrementar la participación estatal en el mismo? ¿Hasta dónde es posible erradicar los focos de corrupción e ineficiencia que se enquistaron en esta estructura de aseguramiento? ¿Será posible en el corto plazo recuperar una porción de los billonarios detrimentos de recursos del sector?... Esas y muchas otras preguntas pueden formularse alrededor de una crisis que parece, cual barrena, ser más profunda cada día que pasa pese a los múltiples ajustes aplicados de forma recurrente.
Debería pensarse seriamente en la posibilidad de crear una especie de Misión de Expertos que con el suficiente tiempo, dedicación exclusiva y acceso directo a toda la información del sistema pueda establecer si el actual modelo mantiene su viabilidad o, en su defecto, es hora de dejar de lado los pañitos de agua tibia, y proceder a una reforma de fondo.