Economía se juega en el Congreso | El Nuevo Siglo
Viernes, 20 de Julio de 2012

* Seis proyectos de grandes implicaciones

** Reto a objetividad y seriedad legislativas

 

Difícilmente se puede recordar un arranque de legislatura en los últimos años en el que la agenda económica sea tan profusa e importante.  En las sesiones que arrancan hoy los senadores y representantes a la Cámara tendrán que medírsele a iniciativas de muchas implicaciones como las reformas tributaria y pensional, la modificación al Código Minero, la reformulación del Estatuto de Desarrollo Rural y, como si fuera poco, el siempre accidentado trámite de la ley de presupuesto general para 2013. A ello debe sumársele que los impulsores del ya fracasado proyecto que buscaba cambiar la fórmula de cálculo del precio de los combustibles, insistirán en esa iniciativa e incluso no descartan respaldarla con firmas ciudadanas. Y como si todo lo anterior fuera poco, es claro que la crisis en el sector de aseguramiento en salud prácticamente obligará a que en el Congreso se asuma con decisión la discusión en torno de la posibilidad de un cambio profundo en el modelo vigente al amparo de la Ley 100. Es más, ya avanza una campaña de recolección de firmas que busca proyectar un referendo que derogue toda esta normatividad. Si ello pasa, el tema se saldrá del ámbito de discrecionalidad de la Casa de Nariño y el Legislativo, haciendo obligatorio asumir un debate que, se sabe, tiene múltiples complejidades y un impacto y expectativas públicas muy grandes.

Semejante carga de proyectos de índole económica imponen desde ya un reto muy alto, sobre todo a las comisiones terceras, cuartas, quintas, sextas y séptimas, aunque también a las primeras, pues algunas de esas iniciativas plantean cambios a normas constitucionales.

El país espera que este Congreso logre dejar de lado sus tensiones políticas coyunturales frente al Gobierno y ponga en práctica un verdadero propósito de enmienda, urgente tras el bochornoso trámite de la viciada y, afortunadamente, hundida reforma a la justicia.

No se trata, obviamente, de que Senado y Cámara apenas cumplan un papel notarial frente a los proyectos que presente el Ejecutivo. Todo lo contrario, lo que urge es que los parlamentarios actúen con la máxima objetividad y seriedad política. Que entiendan el delicado momento que atraviesa la economía internacional y los coletazos negativos que se están empezando a sentir en nivel interno. Cualquier asomo de politización de los debates o de que éstos se utilicen como vindicta contra el Ejecutivo, enviará un peligroso mensaje a unas firmas calificadoras de riesgo de inversión que tienen a Colombia en los últimos dos años como uno de los pocos países en donde el estable manejo macro y micro económico, así como la seguridad jurídica, permiten inyectar capitales sin correr el peligro de cambios drásticos en las reglas del juego o bandazos propios del populismo económico.

La reforma tributaria es urgente para modernizar y hacer eficiente una estructura impositiva anquilosada y con billonarios márgenes de evasión y elusión. Un cambio en el sistema pensional se requiere para darle viabilidad a un régimen de jubilación que aqueja desfinanciación a corto plazo y baja cobertura. Tanto el Código Minero como el Estatuto de Desarrollo Rural son normas aprobadas años atrás pero que se cayeron en la Corte Constitucional. La primera es clave para llevar por buen camino el principal boom productivo colombiano, y el segundo para definir temas tan complejos como la frontera agrícola, el uso del suelo en el campo y la seguridad alimentaria. En cuanto a la Ley de presupuesto general es obvio que en un monto tan alto para inversión social habrá alud de peticiones de congresistas para influir en partidas y proyectos. Y todo ello mediatizado por el que parece un imparable debate sobre el modelo del sistema de salud y la siempre álgida discusión alrededor del precio de los combustibles.

Como se ve, más allá de otros proyectos clave como la reforma al fuero militar o al reglamento interno del Congreso, la legislatura que arranca hoy tendrá un perfil claramente económico y exigirá, tanto de Gobierno como del Parlamento, un grado de aplicación, responsabilidad y objetividad muy alto. De lo contrario, las consecuencias podrían ser nefastas.