Nuevas reglas de convivencia

·       Por fin se reformó el Código de Policía

·       Socializar rápidamente sus alcances

Solía decir un expresidente colombiano que muchas personas se hacían una noción de lo que representaba el Estado con base en la relación que tenían con la autoridad oficial más cercana a su diario vivir, que en la mayoría de los casos es, precisamente, el agente de la Policía que patrulla por su barrio o es llamado para que atienda  algún caso de alteración del orden y la convivencia ciudadana.

 

De allí que la aprobación esta semana en el Congreso del nuevo Código Nacional de Policía y Convivencia sin duda alguna es trascendental porque fija unas nuevas reglas del juego para esa interacción entre las personas y la primera línea de la autoridad a la que acuden. Reglas del juego que era urgente modernizar ya que el anterior Código databa de hace más de cuatro décadas y no sólo contemplaba situaciones desuetas y anacrónicas -incluso rebasadas por la Constitución del 91 hace 25 años-, sino que el monto de las multas y sanciones a quienes incurrieran en comportamientos que afectaran la seguridad y convivencia ciudadana eran, literalmente, risibles. Además de lo anterior, por la misma evolución de la Política Criminal del Estado, que determinó que muchas conductas que antes eran consideradas como delitos pasaran a ser contravenciones, y viceversa, era necesario darle un nuevo marco funcional y de actuación a la Policía, más aún en un país en donde las decisiones judiciales -sobre todo de las altas Cortes- suelen sentar nuevos límites a la actuación de las autoridades de cara a situaciones en donde se privilegian los derechos individuales y fundamentales, sobre los generales y colectivos.

 

En ese orden de ideas, que el país pueda contar, una vez entre en vigencia, con un nuevo Código de Policía es un avance muy importante. No fue, en lo absoluto, una reforma fácil de tramitar. Ya en el pasado algunos ajustes parciales se habían hundido en el Congreso o en la revisión de constitucionalidad. Incluso la iniciativa a la que el Parlamento le dio vía libre el jueves en la noche en varias ocasiones en el último año estuvo a punto de naufragar y los debates alrededor de varios de sus mandatos fueron tan álgidos que, incluso, en el mismo momento en que la plenaria de la Cámara le dio su aprobación definitiva, varios parlamentarios y voces de distintos sectores anunciaron sendas demandas ante la Corte Constitucional que, al fin de cuentas, será la que tenga la última palabra sobre cuánto de la nueva ley se ajusta a la Carta y cuánto no. Temas como la autorización previa a las protestas, el ingreso de los uniformados a las residencias sin previa orden judicial y las medidas de control a menores de edad y los habitantes de la calle tendrán que ser dilucidados por el máximo tribunal.

 

Ese es el primer gran reto de este nuevo Código. El segundo es una gran campaña de pedagogía, tanto en la ciudadanía como en el mismo cuerpo de uniformados, para que una y otros interioricen esas nuevas del juego y los deberes y derechos que impone a cada cual.

 

Las multas por colarse en los sistemas de transporte, hacer necesidades fisiológicas en espacios públicos, contaminar cuerpos de agua, escándalos en la vía pública, sobrepasar los niveles máximos de volumen en los equipos de sonido, no recoger los excrementos de las mascotas, así como las pólizas de seguro para perros bravos, unido todo ello a la restricción al porte de armas neumáticas en sitios públicos o a la misma autorización para que los uniformados puedan entrar a una residencia en casos evidentes de peligro para las personas, deben llevar a que todos los colombianos mejoren su comportamiento en sus relaciones intrafamiliares, vecinales y de comunidad. No hay que olvidar que en este país se producen más muertos y heridos por riñas callejeras y casos de intolerancia, que por la misma violencia armada. Otras reformas, como las de un mayor castigo a la cadena asociada al robo de teléfonos celulares, la invasión del espacio público, la minería ilegal, las conexiones ilegales a las redes de servicio público y la adulteración de licores, entre otras, tratan temas más complejos por entrar dentro de la llamada órbita derivada de los delitos de alto impacto.

 

Por lo pronto, hay que celebrar que el país tenga un nuevo Código de Policía pues de su respeto y aplicación dependerá, como se dijo al comienzo, la forma en que la ciudadanía perciba su nivel derechos y deberes ante y por el Estado.