Lionel Moreno Guerrero | El Nuevo Siglo
Viernes, 10 de Junio de 2016

DETALLITOS FALTANTES

El tribunal de La Habana

 

EL año pasado, septiembre, Gobierno y guerrilla anunciaron que habían alcanzado un trascendental acuerdo sobre justicia. Ante la presión pública el texto del tal acuerdo se publicó en diciembre y sobre él han llovido toda clase de críticas, desde las de prestigiosos juristas nacionales, como de entidades internacionales como Human Rights Watch. Farc y Gobierno quieren crear un sistema judicial paralelo, acomodado a sus convenios de impunidad efectiva para loa culpables de crímenes contra la humanidad, para lo cual necesitan modificar la Constitución y todo el aparato judicial. Se han instituido en constituyente de facto, ya que lo que acuerdan en Cuba lo ratifica automáticamente el Congreso.

 

Pero el de la justicia, que no es el único tema que falta, es trascendental y causará muchos graves traumatismos en nuestra organización social. Por lo absurdo, el llamado Tribunal Especial para la Paz ha sido considerado un monstruo (leviatán) por el expresidente Pastrana. No tiene límites en el tiempo, puede conocer de casos ocurridos hace decenios y al mismo tiempo puede revivir en el futuro si alguien cuestiona sus decisiones. Hasta ahora nadie sabe quién y cómo se nombrarán estos jueces, cuya ecuanimidad no está asegurada, al punto que el conservatismo le pidió al Presidente garantías de imparcialidad para su escogencia.

 

La Corte Suprema de Justicia no ha sido consultada al respecto, de lo que se quejó su presidenta preguntando “¿Cómo serían los procesos que irían a la jurisdicción de paz? ¿Cómo se estructura y organiza la jurisdicción de paz? ¿Van a ir (a esta) los procesos que tienen que ver con los paramilitares y el tema de Justicia y Paz? ¿Qué pasaría con esos jueces? ¿Se presentarían conflictos de competencia si nosotros nos quedamos con la jurisdicción de paz respecto a los paramilitares y ellos (los de la JEP) siguen?” 

 

También nos preguntamos sobre el procedimiento, las reglas, por las que se regirá el tribunal, sobre quien podrá denunciar, es decir, si las Farc podrán acusar ante el tribunal a quienes las persiguieron, por ejemplo al expresidente Uribe, y si estos acusados no se declaran culpables podrían, con la ayuda de un par de falsos testigos (de los cuales las Farc tienen muchos) ir a prisión y, de otro lado, todos los cabecillas farianos se declararán culpables y recibirán una “condena” de “limitación de la libertad” en un área no determinada, pero pudiendo hacer política, ser elegidos.

 

Recordemos que la fiscal de la Corte Penal Internacional dijo que si “el acusado no pasa tiempo recluido, quisiera advertirle (a la Corte Constitucional) que se trata de una decisión manifiestamente inadecuada para aquellos individuos que supuestamente albergan la mayor responsabilidad en la comisión de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”.