Por Juan Camilo Ito Cerón (*)
SI ALGO caracteriza el comportamiento de Venezuela allende sus fronteras, es la utilización del petróleo como instrumento de política exterior. Los hidrocarburos constituyen insumos estratégicos que otorgan capacidad de negociación, y esa capacidad ha sido históricamente aprovechada por Caracas para obtener el apoyo de otros Estados al momento de afrontar procesos de votación y toma de decisiones en instancias internacionales.
Ahora que el debate en torno a la aplicabilidad de la Carta Democrática de la OEA en el caso venezolano suscita tanta atención, vale la pena desempolvar la cuestión siempre vigente de la petro-diplomacia venezolana y su relación con las instancias interamericanas.
Según el boletín estadístico de la OPEP 2015, Venezuela cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, con 299.953 millones de barriles. Tremendo poderío económico le ha permitido a Venezuela entablar relaciones comerciales asimétricas con otros países y convencerlos de adherirse a su causa, así sea de forma circunstancial.
Colombia ha sido testigo directo de este fenómeno. Recordemos que en agosto de 2015 la delegación colombiana propuso ante el Consejo Permanente de la OEA que se convocara a una reunión extraordinaria de cancilleres de los Estados miembros para tratar el tema de las deportaciones y expulsiones masivas de nacionales colombianos que estaban llevando a cabo autoridades venezolanas. A Colombia le quedó faltando un voto a favor para que la moción fuera aprobada, en gran parte debido a la cantidad no desdeñable de delegaciones que se abstuvieron (11).
Petrocaribe
Si se revisa en detalle el resultado de la votación, se tiene que de los 11 Estados que decidieron abstenerse, 7 son miembros de Petrocaribe, un esquema de cooperación energética que el gobierno de Hugo Chávez puso en marcha hacia mediados de 2005 y que ha permitido a numerosos países de aquella región solventar sus necesidades de petróleo y derivados con atractivas facilidades de pago. Los bajos precios del crudo a nivel internacional que hoy en día imperan no han afectado en demasía los beneficios que los países miembros de Petrocaribe obtienen, puesto que aún con un barril por debajo de los 40 dólares los periodos de pago son extensos (17 años), y los intereses bajos (2%).
Uno de los votos que más sorprendió a Colombia en ese momento, fue el de la delegación de Haití. Pese a tener problemas de hondo calado con respecto a la política migratoria de República Dominicana, Haití decidió no apoyar un proceso que podría haber sentado precedentes favorables a sus propios intereses. Haití no votó a favor, tampoco se abstuvo, sino que votó en contra de la propuesta, siendo el único país no miembro de la Alianza Bolivariana Para Los Pueblos de Nuestra América – ALBA que sostuvo dicha posición.
Importaciones
Aquella decisión resulta menos sorpresiva si se sitúa en el contexto de Petrocaribe. Entre finales de 2007 y marzo de 2016, Haití importó a través del acuerdo más de 3.900 millones de dólares en productos petroleros, de los cuales 2.130 millones están sujetos a un generoso plazo de 25 años. Pero eso no es todo. Tras el terremoto del 12 de enero de 2010, Venezuela anuló oficialmente el 16,9% de la deuda, lo que condujo a que actualmente Haití deba pagar una suma que no rebasa los 1.769 millones.
Este debate se ha revitalizado con motivo del llamamiento realizado por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, para que el Consejo Permanente aplique los preceptos y surta los procedimientos propios de la Carta Democrática en el caso venezolano.
Almagro se hizo eco de la visión de la bancada opositora de la Asamblea Nacional venezolana, para cuyos miembros la situación socio-económica y el comportamiento del gobierno de Nicolás Maduro constituyen una alteración constitucional que afecta gravemente el orden democrático del país. Llevada a sus últimas consecuencias, la activación de la Carta Democrática podría suponer la suspensión del derecho de participación de Venezuela en el sistema interamericano. Sin embargo, es poco probable que aquello se materialice.
Lo primero que tendría que suceder es que, tras evaluar el panorama, el Consejo Permanente considere que existe efectivamente una alteración constitucional. Dado que el Consejo toma sus decisiones por mayoría absoluta, se necesitarían 18 votos afirmativos para que una moción de ese estilo prospere – los mismos que aspiraba obtener Colombia en agosto de 2015 –. No sería imposible para Venezuela cosechar los frutos de la petro-diplomacia, y apelar a sus aliados del ALBA y a sus socios de Petrocaribe para impedir que ese escenario se configure.
Suponiendo que el Consejo llegase a votar afirmativamente, la Carta no mandata mucho más que la realización de gestiones diplomáticas y buenos oficios para contribuir a la estabilización del andamiaje institucional democrático. Esto es, básicamente, lo que la declaración del Consejo Permanente del 1 de junio puso sobre la mesa, al ofrecer apoyo a Venezuela para buscar soluciones mediante el diálogo abierto y al respaldar la iniciativa de 3 ex presidentes para encontrar alternativas que favorezcan la estabilidad política y el desarrollo social del país.
Ahora bien, si el Consejo considerara que dichas gestiones han resultado infructuosas, podría convocar a un periodo extraordinario de sesiones de la Asamblea General, para lo cual se necesitarían ya no 18 votos, sino 24. Sobra decir que aquel escenario ameritaría una desbandada inédita de las delegaciones que han apoyado la posición venezolana en otros contextos, lo que resulta poco probable.
Así pues, los alcances de la petro-diplomacia venezolana y el comportamiento reciente del Consejo Permanente de la OEA, auguran una actitud tendiente al acompañamiento y a la búsqueda de consensos, más que a la imposición de sanciones y de medidas drásticas por parte de los miembros del sistema interamericano. De igual modo, las posibilidades de que el proceso prescrito por la Carta Democrática se lleve a sus últimas consecuencias, parecen remotas. (*) Profesor e investigador del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario.