BOGOTÁ , COLOMBIA / Miércoles 23 Julio / 2014  |   Primer diario de análisis y opinión                 


Demandarían tras sentencia de pensión de uniformados

Fue necesario acudir ante los tribunales para reconocer los derechos que los dos últimos Gobiernos le han negado a los militares en materia laboral, sostuvo el senador Manuel Virgüez, del Movimiento Político MIRA.

 

El pronunciamiento hace referencia a la sentencia del Consejo de Estado –Sección Segunda- de lo Contencioso Administrativo, donde declara la nulidad de dos decretos que afectaban los derechos laborales de los Suboficiales y Agentes de la Policía del Nivel Ejecutivo.

 

En este caso se trata de una Sentencia del Consejo de Estado que deja sin efectos el artículo 51 del Decreto 1091 de 1995 y el artículo 25 del Decreto 4433 de 2004, que desmejoraban las condiciones laborales a más de 110.000 hombres y mujeres del Nivel Ejecutivo que se encuentran activos, al aumentarles en 5 años el tiempo para recibir su asignación de retiro.

 

"El Consejo de Estado le dice al Gobierno Nacional que se extralimitó en su función reglamentaria y que no podía aumentarles la edad para recibir la asignación de retiro. El Gobierno de la Seguridad Democrática, en el 2004, debió reconocer el esfuerzo de los Policías y Militares que permanecen disponibles las 24 horas durante los 365 días del año, pero la respuesta fue recortarles sus derechos laborales", manifestó Virgüez.

La sentencia del Consejo de Estado trae unos efectos que el Ministerio de Defensa y la Dirección de la Policía Nacional deben entrar a corregir. Por ejemplo, las solicitudes de muchos Policías que ya han cumplido 20 años de servicio y pueden pedir su retiro voluntario. No lo habían hecho, pues estaban esperando cumplir los 25 años para acceder al derecho.

 

Según el senador Virgüez, la sentencia tiene unas implicaciones de gran envergadura: "Se vienen muchas demandas de los Policías que fueron afectados con estos Decretos del Gobierno Nacional; además, es un llamado a la posición obstinada de algunos funcionarios públicos que se han empeñado sistemáticamente en negar los derechos laborales de los miembros de la Fuerza Pública".