Ha hecho carrera la idea según la cual revisar el pasado, la historia y las ejecutorias de los candidatos, resulta perjudicial para la democracia. Lo más curioso es que quienes defienden tan estrambótica teoría son enfáticos en sentenciar que nunca votarían por Mancuso porque es un criminal, y que es improcedente comparar a Jorge 40, Don Berna y sus secuaces con Iván Márquez, Timochenko, Petro, Navarro o Vera Grave. Más aún, fustigan muy fuertemente que en pleno debate electoral se les recuerde a los votantes el pasado terrorista de los candidatos, salvo que sean de las autodefensas.
Yo creo que el tema del apego a la legalidad, por el contrario, es trascendental. Si por Constitución el Presidente simboliza la unidad nacional y es el encargado de cumplir y hacer cumplir el Estado de derecho, lo mínimo que se le debe exigir y, por tanto, escudriñar en su pasado, es su espíritu y su ánimo de apego a la legalidad.
Lo del candidato Petro es muy diciente. No solamente se trata de elegir a un exterrorista (que no quiero utilizar hoy ese argumento aun cuando reconozco su validez moral y política) sino de indagar sobre su voluntad de acatamiento al Estado de derecho que jurará defender, -si ha de ganar la presidencia-, no vaya y sea que, como su amigo Hugo Chávez, tome posesión del cargo jurando “sobre esta moribunda Constitución”
Petro desconoció el llamado de la contraloría distrital cuando era Alcalde Mayor, lo que lo ha llevado a ser sujeto pasivo de sanción fiscal multimillonaria. Cuando fue destituido por el Ministerio Público, acusó persecución política y a través de la “tutelatón” y otras artimañas legales, impidió su destitución. Desconoció, cabe recordar, la justicia nacional, acudiendo a la CIDH para que a través de una muy discutible medida cautelar se repudiara la Constitución Política de Colombia para atornillarse en la alcaldía.
Pero su espíritu revolucionario y anti-Estado de derecho no para allí, pues se pueden rastrear otras irregularidades como las que se investigan en la actualidad. Se indaga, por ejemplo, si como funcionario público diplomático en el gobierno Samper, en Bruselas, cursó estudios en la Universidad de Lovaina desconociendo la expresa prohibición que para el efecto contenía el decreto 10 de 1992 (art.66) que prohibía tales estudios.
También se investiga si cuando era congresista asesoró al gobierno de Venezuela sin la autorización previa del gobierno nacional de Colombia, tal y como lo ordena el artículo 129 superior. Todo lo cual podría conllevar, si se aplica la ley, a una destitución ex post del candidato Petro por violación a la Constitución Política.
Así las cosas, no se trata de recordar el pasado guerrillero de Petro con el ánimo de malgastar su nombre, se trata de profundizar si verdaderamente podemos dejar la custodia del Estado de Derecho en manos de quien intentó destruirlo y, ahora, de quien lo desconoce impunemente.
*Miembro de la Corporación Pensamiento Siglo XXI.
@rpombocajiao