Sigue pulso de Fiscalía y JEP por caso Santrich | El Nuevo Siglo
Foto Fiscalía
Viernes, 25 de Mayo de 2018
Redacción Nacional
El jefe del ente acusador reiteró que la jurisdicción especial ha desbordado sus funciones constitucionales y ha desconocido la naturaleza jurídica de la extradición

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Mientras que el Gobierno urgió ayer nuevamente al Congreso de la República para que tramite la ley que establece los procedimientos de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), el fiscal general Néstor Martínez le pidió a la Corte Constitucional definir si el proceso para la eventual extradición  del dirigente del partido Farc, Jesús Santrich, está en cabeza de la justicia ordinaria o de la transicional derivada del acuerdo de paz.

Martínez Neira dirigió una misiva dirigida al presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Alejandro Linares, en la que le dice que “en mi calidad de Fiscal General, me dirijo a esa Corporación con el propósito de que en los términos del numeral 11 del artículo 241 de la Constitución y en concordancia con lo dispuesto en la Sentencia C-674 de 2017, se dirima el conflicto de competencias entre la jurisdicción ordinaria y la Jurisdicción Especial de Paz, respecto de la captura impuesta con ocasión de un procedimiento de cooperación internacional de extradición”.

El Fiscal indica también en la misiva que un análisis de la decisión de la Sección de Revisión del Tribunal para la Paz “evidencia que la Sección ha asumido competencias y realizará un control judicial del procedimiento de captura con fines de extradición que se adelanta respecto del ciudadano Seuxis Paucias Hernández Solarte, con lo cual la Corporación no solo se extralimita en el desarrollo de las funciones constitucionalmente otorgadas en el Acto Legislativo 01 de 2017, sino que además se arroga otras que le corresponden a la jurisdicción ordinaria –Fiscalía General de la Nación-, situación que desconoce la naturaleza jurídica de la extradición y vulnera flagrantemente las normas constitucionales y legales que regulan dicha figura”.

Se conoció que la solicitud del Fiscal General de la Nación para que la Corte Constitucional resuelva si el caso Santrich debe ser resuelto por la justicia ordinaria o por la justicia especial de paz, llegó al despacho del magistrado Luis Guillermo Guerrero.

El pasado 9 de abril fue capturado Jesús Santrich, producto de información y pruebas que entregó la DEA de Estados Unidos a la Fiscalía colombiana, que supuestamente lo comprometen con una conspiración para enviar 10 toneladas de cocaína a ese país en asocio con el cartel mexicano de Sinaloa.

Este hecho produjo un cimbronazo en la implementación del acuerdo de paz pues la dirigencia del Partido Farc protestó y aseveró que Santrich es inocente e, incluso, calificó el episodio como un falso positivo judicial. Además se quejó porque este caso fuera asumido por la justicia ordinaria y no por la JEP, que según el acuerdo es la jurisdicción que juzgará a los excombatientes de Farc por los delitos que cometieron en el conflicto.

Sin embargo el Fiscal General aseveró que la conducta en que habría incurrido Santrich fue posterior a la firma del acuerdo de paz, por lo tanto, dijo, como éste mismo lo establece la investigación del hecho y eventual extradición está en manos de la justicia ordinaria.

 

La JEP

 

El pasado 17 de mayo la JEP anunció que avocó el conocimiento del caso Santrich para conocer de la solicitud de aplicación de garantía de no extradición, y por ello ordenó suspender el trámite que en ese sentido cursa.

De igual manera la JEP determinó en esa oportunidad correr traslado por el término de 10 días, para que los intervinientes soliciten las pruebas que consideren necesarias y ordenó, al Ministerio de Relaciones Exteriores, que una vez reciba la solicitud formal de extradición por parte de Estados Unidos, remita copia de la misma de manera inmediata ante la Sección para lo de su competencia.

Además la JEP indicó en esa determinación que “no encontró elementos de juicio suficientes para pronunciarse, por ahora, en torno a la petición de nulidad de la medida de aseguramiento, elevada por Seuxis Paucias Hernández Solarte, motivo por el cual dispuso requerir a la Fiscalía General de la Nación para que en un término que no supere los 5 días allegue la información solicitada por la Sección en auto del pasado 19 de abril de 2018 relativa al trámite de extradición y la privación de la libertad ligada con ella”.

Santrich se encuentra privado de la libertad. En un primer momento estuvo recluido en la cárcel La Picota en la capital de la República, luego fue trasladado al Hospital El Tunal por el deterioro de su salud debido a la huelga de hambre en que se empeñó para protestar por su detención. Ahora se encuentra en una fundación de la jerarquía católica.

El miércoles pasado se conoció que Santrich suscribió ante la JEP el acta de compromiso para libertad condicional, la cual empezó a ser estudiada.

Ayer la presidenta de la JEP, magistrada Patricia Linares, en medio de la discusión sobre cuál jurisdicción tiene la competencia en este caso, indicó que ya estudian la solicitud de libertad condicional que presentó la defensa de Santrich.

 

Insistencia

 

Como había hecho la petición hace algunos días el presidente Santos al Congreso a raíz de la polémica por la competencia del manejo del caso Santrich, ayer el ministro del Interior, Guillermo Rivera, reiteró en urgirlo para que dé trámite al proyecto de ley que define los procedimientos de la JEP.

Que "el Congreso le dé trámite a la ley de procedimiento que está en las comisiones primeras conjuntas del Congreso de la República", solicitó Rivera, al tiempo que aclaró que "se requiere una ley de procedimiento que le permita a la JEP actuar en el pleno de sus competencias".

Señaló que "si los congresistas distintos al Centro Democrático asisten y votan, vamos a contar con las mayorías suficientes para que el proyecto pueda ser aprobado".

 

 30% de investigaciones corresponde a JEP

El fiscal general Néstor Martínez reveló ayer que solo el 30 por ciento de las investigaciones por los crímenes en el conflicto armado le corresponden a  la JEP.

"Todo el mundo cree que la JEP es la justicia del posconflicto y no. La JEP, teniendo en cuenta las estadísticas, tendrá el 30 por ciento de la justicia del posconflicto; el 70 por ciento restante se quedó en la justicia ordinaria porque los terceros civiles no son, desde el punto de vista subjetivo, parte de la jurisdicción de transición", indicó Martínez.

Actualmente, la Fiscalía cuenta con 223.282 expedientes del conflicto armado, de los cuales 52.220 casos corresponden a hechos cometidos por las Farc, un 23 por ciento. En un 25 por ciento el presunto autor fueron los paramilitares; en un 6 por ciento el señalado responsable fue la Fuerza Pública; y en un 39 por ciento (alrededor de 87.000 casos) se desconoce al responsable.

Sobre los terceros civiles el Fiscal General dijo que el organismo a su cargo tiene 16.407 compulsas de copias a todos los actores, que han llevado a la apertura de 8.490 procesos.