Oportunistas de la guerra | El Nuevo Siglo
Martes, 22 de Mayo de 2018

El 12 de diciembre de 2007, en la vereda Suescún, jurisdicción del municipio de Tibasosa (Boyacá), cuando cubría la ruta entre Bogotá y Sogamoso, fue incinerado un bus de la empresa “Los Libertadores” en un aparente ataque terrorista que terminó en una de las peores tragedias del servicio público de transporte de pasajeros en el país. 13 viajeros murieron quemados, mientras que otros 11 sufrieron graves quemaduras.

La motivación del crimen fue económica. Al dueño del bus no se le ocurrió mejor idea que la de montar un “atentado terrorista” para reclamar dos seguros, uno del Gobierno Nacional y otro de la Empresa, que sumados le habrían pagado seiscientos treinta y cuatro millones de pesos.

El propietario, gente de bien como se dice ahora, contrató unos tipos que tenían la experticia para el tema. Estos a su vez subcontrataron otros, que terminaron siendo los chambones que cumplieron el encargo de incendiar el bus pero que no hicieron distinción alguna entre vehículo y pasajeros.

El proceso penal que naturalmente se originó por semejante atrocidad acaba de terminar con un fallo de casación de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que, 11 años después de los hechos, confirmó las sentencias condenatorias del Juzgado Promiscuo del Circuito de Paz del Río y del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo que condenaron al dueño del bus, ideador y contratista de los criminales que materializaron sus órdenes, a la pena de 53 años y 3 meses de prisión.

La sentencia de la Corte Suprema es extremadamente técnica por las necesidades que el mal fallo del Tribunal impuso y por las circunstancias de hecho propias del caso. Especial dificultad ofrecía la solución  a la responsabilidad del dueño del bus como contratante de una tarea criminal con unos delincuentes que a su vez subcontrataron a otros que fueron los que finalmente ejecutaron el trágico hecho. El dueño del bus alegaba que su instrucción había sido solo quemar el bus y que además él no había contratado a los ejecutores finales, de modo que las decisiones de aquellos no podían cobrársele a él. La Corte resuelve el tema con la teoría de la determinación en cadena. Básicamente el que contrata un crimen, asume todos los resultados posibles de la acción que encomendó.      

Más allá de discusiones técnicas, lo que deja en evidencia el fallo es como las guerras, en este caso con las Farc, sirven para esconder crímenes en la culpabilidad siempre supuesta del “enemigo”. Es tal el odio y el resentimiento que se ganaron esas organizaciones guerrilleras que autoridades y opinión pública están predispuestas para creerlas responsables de cualquier hecho que se les atribuya. El del “collar bomba” que fue un caso de delincuencia común que aún hoy usan contra la Farc como si lo hubieran cometido y el de este, que inicialmente les fue atribuido, son claras muestras de ello.

Es otra ventaja de la paz. Tal vez sea por eso que muchos prefieren la guerra. 

@Quinternatte