Una prueba de fuego experimentará hoy el proyecto de ley que establece el procedimiento de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

Las comisiones primeras conjuntas están citadas para esta tarde, a las 2, más específicamente, luego de que el martes pasado por falta de quórum (el uribismo abandonó el debate) se levantara la sesión.

En opinión de la representante por Bogotá, Angélica Lozano, de la Alianza Verde, “quieren sabotear la discusión de la JEP para después de las elecciones volver el proyecto trizas”.

Antes, el 18 de mayo, las comisiones primeras pudieron aprobar 29 de los 79 artículos que tiene la iniciativa que, según el senador Eduardo Enríquez, del Partido Conservador, “tiene muchos vacíos”, como que, por ejemplo, no tiene claro quien audita sus finanzas y, “como si eso fuera poco, se dan facultades extraordinarias a la administración del presidente Juan Manuel Santos para la creación de más cargos”, aclarando que “los cargos son buenos siempre y cuando las necesiten las entidades”.

Extradición

Como lo ha registrado EL NUEVO SIGLO, la tardanza del Gobierno en radicar el proyecto llevó a que la JEP expidiera su propio procedimiento el cual ha chocado con las competencias del Congreso y con el contenido de la iniciativa, particularmente en las atribuciones que se abrogó en lo relacionado con la extradición.

“En Colombia solo hay un trámite de extradición que está reglado en la Ley 600 y la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, se ha inventado un nuevo trámite de extradición”, advirtió el representante por Caldas, Hernán Penagos, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), uno de los ponentes del proyecto gubernamental.

Como ya lo dicho anteriormente, incluso en entrevista con este Diario, Penagos insistió en que la JEP “no tiene atribuciones en materia de extradición”, pues las que realmente tiene “no van más allá de determinar la fecha en que se cometen las conductas o los delitos y en este caso, la fecha en que pueden haber ocurrido los hechos”.

En su opinión, la JEP “además de esas atribuciones que le ha entregado el acto legislativo 01 de 20017, ha venido tomando otra serie de decisiones que, a mi modo de ver, las está tomando sin funciones y sin atribuciones legales para eso”.

Rememoró Penagos que las JEP “ha venido ordenando la suspensión de un proceso de extradición”, en el caso que involucra al dirigente del partido Farc, Zeuxis Pausias Hernández, alias Jesús Santrich. Dicha suspensión, anotó el congresista, se anticipa a los hechos, porque el proceso de extradición “no ha iniciado porque todavía no se ha formalizado”, luego no puede frenarse.

Penagos reafirmó que la JEP “desborda atribuciones y las desborda, entre otras razones”, porque “ha venido expidiendo una serie de protocolos y de reglamentos internos en los que además de organizar su propio funcionamiento está expidiendo una serie de normas que son competencia del Congreso de la República”.

Sin competencias

La JEP “no podía tomar decisiones como las que ha tomado hasta el momento. No podía ordenar la suspensión del trámite de extradición y tampoco puede decretar pruebas para la conducta o la responsabilidad de quien sea solicitado en extradición. Esas atribuciones se las tiene que entregar el Congreso de la República, a través de una ley”, indicó Penagos.

También reafirmó que “muy a pesar de que esa ley no esté en vigencia”, la JEP “tampoco puede atribuirse cosas de esta naturaleza. Es como si el día de mañana a la Corte Suprema le diera con un documento interno o con una resolución interna por cambiar la forma como se tramita la extradición en Colombia”.

Por su parte, el experto constitucionalista Juan Manuel Charry declaró que la JEP “emite unos reglamentos y unos protocolos en donde extralimita su función e invade órbitas del legislador, como es el caso de la extradición. Lo que dice la reforma constitucional es que la Jurisdicción Especial tiene la competencia para determinar la fecha en que ocurrió la conducta y una vez determinada, pues darle el trámite que corresponde”.

Charry explicó que “si es anterior al primero de diciembre de 2016 es de su competencia y entonces deberá tramitarla de acuerdo con esas reglas, pero si es posterior debe remitirlo a la autoridad competente para su investigación y juzgamiento sin perjuicio de extradición”.

El experto insistió en que la única competencia que tienen hoy la JEP “es determinar la fecha de la conducta y no puede resolver ninguna solicitud, ni tramitar ningún proceso, sin establecer previamente si tiene o no la competencia”.

Género

Por considerar que el proyecto de reglamentación de la JEP contradice la definición de enfoque de género establecida en el acuerdo final de paz, el senador Carlos Alberto Baena, del partido MIRA, presentó una proposición para corregir esa inconsistencia.

Según el senador Baena, el acuerdo de paz posterior al plebiscito definió exactamente qué es el enfoque de género y el proyecto que reglamenta la JEP pretende desconocerlo, legalizando como obligación del Estado la implementación de la ideología de género en la justicia.

“No estamos en contra de los derechos de la población LGBTI, los cuales deben garantizarse en el articulado de la reglamentación con el enfoque diferencial de la JEP, como lo hemos solicitado, pero en los acuerdos de paz quedó claro que el enfoque de género contempla únicamente a hombres y mujeres, lo cual se puntualizó después de que los partidarios del ‘No’, ganaran el plebiscito. La posición de MIRA busca hacer cumplir los acuerdos, no hacerlos trizas”, precisó Baena.

Llamado del Gobierno

“Nuestro deber es seguir fortaleciendo y apoyando las instancias creadas por el acuerdo de paz”, dijo el presidente Santos, agregando que “no hacerlo sería traicionar la paz, que es como traicionar el futuro y fallarles a las víctimas” e informando que se han invertido más de 61 billones de pesos en la política de atención y reparación de víctimas.

El mandatario agregó que la justicia es para pasar la página de dolor y muerte que significó más de medio siglo de guerra, la verdad para caminar confiados hacia el futuro próspero y feliz que estamos construyendo, y la reparación y no repetición para cortar de una vez y para siempre con el ciclo de dolor y desesperanza.

“La paz necesita de la justicia y la justicia necesita de la paz”, sostuvo.

Atención a víctimas

Además, el jefe de Estado recordó algunos de los avances del país en materia de atención a las víctimas del conflicto armado interno.

Al respecto precisó que 8.600.000 colombianos se han declarado víctimas. Cuatro millones de ellas ya han recibido asistencia y ayuda humanitaria y 800.000 han sido indemnizadas.

De acuerdo con el presidente Santos, para hacer realidad este esfuerzo, se han invertido más de 61 billones de pesos en la política de atención y reparación de víctimas.

Igualmente, 300.000 hectáreas de tierra ya fueron restituidas con sentencia judicial y 700.000 más están en manos de los jueces para ser devueltas.

Y puntualizó que el objetivo último de todo este esfuerzo es que nunca más haya víctimas en Colombia, en lo cual vamos por buen camino, tomando en cuenta que el número de nuevas víctimas registradas en 2017 fue el más bajo de los últimos 25 años.