Denuncian red de venta de votos en Registraduría | El Nuevo Siglo
Registraduría
Miércoles, 16 de Mayo de 2018
Agencia Anadolu
Según la Fundación Paz y Reconciliación, el entramado de corrupción modificó entre un 10% y 20% los resultados electorales del Congreso 
 

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El cobro de millonarias sumas de dinero para mover jurados de votación, reacomodar votos para que resultara elegido uno u otro candidato al Senado o a la Cámara, fue puesto al descubierto por una investigación adelantada por la Fundación Paz y Reconciliación.

Según la ONG, el estudio se inició a partir de denuncias recibidas a nivel nacional en las que se evidencian irregularidades en los comicios legislativos del 11 de marzo del 2018.

“Los resultados de la investigación plantean que se trataría de un fraude electoral que pudo haber modificado entre el 10% y 20% del Congreso de la República”, se indicó en la presentación de la investigación.

Así mismo, trae a colación el caso del Partido Mira. “El 8 de febrero de 2018, en Sentencia No. 11001-03-28-00-2014-00117-00, el Consejo de Estado emitió un fallo en el cual resolvió en mérito de un acto de corrupción, la devolución de las curules a tres candidatos del Partido Mira. Esto, porque en 2014 se configuró un fraude electoral que incluyó, entre otros, la destrucción de material electoral, la modificación o sabotaje del software contratado por la Registraduría y una estructura organizada para sonsacar las curules del partido Mira”.

Recuerda que a pesar de las medidas adoptadas para corregir los “momentos y escenarios con graves riesgos en el sistema electoral” en la selección de los jurados, para blindar el proceso de potenciales fraudes, siguen las fallas, como por ejemplo que el número de ciudadanos incluidos en algunos municipios sobrepasan la cantidad de listas elegibles que ciudades mucho más grandes.

También que la propia Registraduría y la Procuraduría General detectaron irregularidades en el sorteo de jurados de votación en Soledad, Atlántico.

“En suma, el problema de la etapa de precampaña y campaña no solo radica en los hechos documentados tradicionalmente por la opinión pública y centros de investigación, también sucede en el sorteo y asignación de jurados de votación, proceso que no se limita solo al correcto funcionamiento del software y el control de la Registraduría, sino que también tiene puntos flacos desde la elaboración de las listas por parte de empresas y entidades territoriales, a pesar de ser depuradas posteriormente por los registradores”, se indica en la investigación.

Pero los riesgos, de acuerdo con el estudio, continúan en el día de elecciones. “Siguiendo la misma línea de la asignación y distribución de jurados, existen también riesgos de alta importancia en cuanto a la correspondencia y veracidad de los jurados que se presentan a las mesas de votación”.

La Fundación encontró que no existe una garantía plena de que los jurados que sean asignados en cada una de las 114 mil mesas de votación corresponden a los que efectivamente atendieron a los sufragantes, manejaron el material electoral, diligenciaron los formularios e hicieron el conteo en cada mesa el día de las votaciones.

Cobros

De acuerdo con las fuentes de la Fundación, para los comicios del 11 de marzo se habrían cobrado hasta $2.500 millones por candidato para manipular el sorteo de jurados de votación, modificar los puestos asignados o colar jurados a fines de un candidato en particular.

De conformidad con la investigación realizada por la Fundación, se encontraron decenas de casos de no coincidencia entre los diferentes E-14. El formulario E-14 de claveros, con base en las tesis del Consejo de Estado, es el único que tiene peso jurídico, lo que no se ajusta al equilibrio documental que deberían guardar los tres E-14.

“Cuando el E-14 de claveros se pasa al sistema, es el momento en que se cambian los datos y aquí no existe un control eficiente, porque es cuando menos hay testigos o jurados de revisión. Tampoco existen mecanismos de control de resultados de parte de la Registraduría para depurar el proceso de tener que manejar 3 formularios E-14, su digitalización y la custodia del material electoral”, asegura.

Indica que los 3 E-14 deberían coincidir siempre y, a su vez, deberían coincidir los 3 E-14 con los E-24. “Hay videos que dejan ver como durante el escrutinio se trasladan los votos sin ningún tipo de seguridad”.

De acuerdo con el informe dado a conocer, Paz y Reconciliación señala que “Si bien la Ley Electoral y la jurisprudencia han sido enfáticos en los procedimientos para garantizar la transparencia electoral, las pruebas recaudadas evidencian modificaciones artificiosas en favorecimiento o desventaja de candidatos o partidos, tanto en el pre-conteo como en el escrutinio”.

Y alerta que “se trataría de una extensa red conformada por funcionarios y ex funcionarios de la Registraduría, abogados y jurados de votación, quienes cuentan con acceso privilegiado al sistema electoral o han encontrado baches en el mismo, y habrían ofrecido servicios con ocasión de las elecciones del 11 de marzo de 2018 para acomodar los votos de candidatos que quedaron en el filo de la curul”.

Afirma que “los indicios demostrarían que el valor para reacomodar los votos necesarios para una curul en Cámara de Representantes asciende a $1.200 millones, mientras que, para Senado, el costo asciende a los $1.800 millones. De ahí para arriba, si el candidato tiene una diferencia de más de 2 mil votos con el último candidato del partido que alcanzó la curul, el costo ascendería a los 2 mil y 3 mil millones de pesos”.

En efecto, el análisis de la corrupción electoral se queda corto si se tiene en cuenta solo el estudio de los hechos relacionados a las precampañas y campañas políticas, pues en el día D y en el escrutinio, los riesgos son inminentes.

En esta misma línea, en el proceso de escrutinio del 11 de marzo de 2018, de haber encontrado situaciones que ameritaban el cambio de los resultados electorales de los formularios E-14 a los formularios E-24, las comisiones escrutadoras tenían que dejar constancia de las modificaciones realizadas mediante Actas Generales. “Un hecho que, aunque pareciera prenda de garantía, no está exento de riesgos”.

Señala que para materializar los cambios en los formularios, los encargados de modificar los datos de forma ilegal ofrecen el denominado “Canguro”, es decir, en la digitalización de los E-14 se cambian los números de votos en el E-24, guardando las proporciones de los votos totales y brindándole “el salto de canguro” que necesita el candidato para quedar.

Otro mecanismo es lo que se denomina “anillo”, en donde los encargados de cambiar los votos utilizan puntas de esfero o de tinta y las ubican entre los dedos de las manos de forma imperceptible. En el escrutinio de votos utilizan dichas puntas para marcar votos en espacios que originalmente no registraban y así logran anularle votos a uno u otro candidato, lo cual termina por ser justificado también mediante las Actas de Escrutinio.