Los casos de amenazas contra ciudadanos venezolanos en Colombia que se han denunciado en los últimos días constituyen un campanazo que las autoridades de nuestro país no pueden subdimensionar. Todo lo contrario, deben ser una oportunidad para adelantar investigaciones de la forma más rápida posible con el fin de determinar el origen de las graves intimidaciones que incluyen hasta advertencias de que serán asesinados si no abandonan determinadas regiones o municipios.
Es claro que la masiva llegada de ciudadanos de la vecina nación, huyendo de la crisis económica, política y social en que la sumergió el chavismo, ha causado distintos problemas, que van desde un desplazamiento de la mano de obra colombiana, pasando por picos de inseguridad urbana y terminando en roces por parte de sectores poblacionales que consideran que el gobierno Santos debería privilegiar la ayuda humanitaria en sus compatriotas y no en los extranjeros.
De igual manera, no pocos alcaldes se han quejado de que la gran cantidad de población flotante ha generado una sobredemanda en cuanto a redes de servicios públicos, salud y educación, así como casos de explotación laboral de los venezolanos que son víctimas de empresarios inescrupulosos que les pagan sueldos muy bajos aprovechándose de su situación migratoria irregular.
Le corresponde al Gobierno hacerle frente a todas estas problemáticas. Incluso no sólo ya está en marcha un plan de choque para afrontar la creciente oleada migratoria, sino también un censo nacional para establecer cuántos venezolanos hay en el país, cómo están sobreviviendo y qué tipo de asistencia humanitaria requieren, sobre todo las personas más vulnerables, como niños, mujeres embarazadas y adultos mayores. Es más, ya algunos gobiernos han anunciado aportes económicos para ayudar a financiar esta atención de emergencia.
Pero en el entretanto es urgente castigar cualquier brote de xenofobia. No sólo porque décadas atrás Venezuela recibió a millones de colombianos que huían del conflicto y la difícil situación económica, sino porque atacar al extranjero es un delito y una infracción grave a los derechos humanos. Es allí en donde las autoridades no pueden dejar que casos como los de las amenazas anónimas y otras agresiones a los venezolanos progresen o se generalicen. Hay aplicarles todo el peso de la ley a los responsables de las intimidaciones y hacerlo rápidamente para sentar un precedente ejemplarizante. Y, claro, hay que exigirle a los extranjeros que cumplan la ley y sepan responder a la solidaridad y la hospitalidad de los colombianos.