Por Miriam Villegas Villegas
La conflictividad que se presenta respecto a las tierras rurales del país es cada vez más densa. De un lado existen las tensiones que se generan a raíz de las diferentes agendas mineras, agrarias y ambientales, que en ocasiones frente a un mismo territorio resultan siendo contradictorias y, de otro, se presenta la conflictividad surgida por el desplazamiento forzado y el despojo de tierras a las millones de familias campesinas que fueron victimizadas por la violencia y que hoy en día están siendo restituidas. Igualmente se presentan conflictos sobre los diferentes intereses que se tienen sobre las tierras, de un lado las demandas campesinas y de otro las de los grupos étnicos, indígenas y negros; y también existen los conflictos sobre los baldíos de la Nación que han venido siendo apropiados durante las últimas décadas, y que hoy emprendimos la tarea de recuperarlos.
Dicen los expertos que los conflictos sobre la tierra han sido la causa de la guerra en Colombia, que no cesa; el despojo, la usurpación, la informalidad en las transacciones sobre la tierra, el acaparamiento, la apropiación de baldíos, el desecamiento de ciénagas y humedales para correr las cercas y ganarle tierra al agua, la tala indiscriminada de bosques para ampliar la frontera agrícola, la adjudicación de tierras de manera ilegal a quienes no tenían derecho a recibirlas, son situaciones que históricamente han ocurrido en nuestro país. Durante un siglo el Estado colombiano ha intentado crear marcos legales, entidades y procesos que permitan prevenir y reversar estas situaciones.
Pero resolver la disputa por las tierras no es tarea fácil, la prueba está en que jamás se ha logrado finiquitar los problemas antes mencionados; por el contrario, con el tiempo han aumentado las tensiones.
En el Incoder nos hemos dado a la tarea de afrontar estos problemas; nos hemos tomado en serio la misión que tenemos sobre la administración de los baldíos de la Nación, y la operativización de los procesos que permitan la recuperación de tierras y su redistribución. Hemos diseñado planes de trabajo y estrategias que faciliten la tarea de la identificación y recuperación de los baldíos, se han establecido acuerdos interinstitucionales con IGAC y la Superintendencia de Notariado y Registro para lograr una adecuada cooperación, se han obtenido recursos para financiar estas actividades tanto del presupuesto nacional como de cooperantes internacionales, y arrancamos con los primeros resultados concretos de procesos que ya hemos logrado resolver.
Recientemente en columna publicada en el diario El Nuevo Siglo (Abril 27 de 2013), el senador Jorge Enrique Robledo afirmaba que el Gobierno Santos insistía en concentrar la tierra rural, y mencionaba como ejemplo algunos casos. No obstante, llama la atención que los casos citados, son casos en los que el Gobierno, especialmente desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través del Incoder, ha emprendido una serie de actuaciones administrativas y judiciales, para buscar su resolución.
El senador afirma que el problema de estos casos es el de la concentración ilegal de Unidades Agrícolas Familiares. Esto no es del todo preciso, ya que los problemas que presentan son de diverso tipo, algunos se refieren a titulaciones irregulares de baldíos que están revisándose, clarificaciones de propiedad, recuperaciones de baldíos, e incumplimiento de la función social de la propiedad. Todo lo anterior se ha abordado y resuelto a través de actuaciones administrativas y procesos agrarios por el Incoder, dando estricto cumplimiento a la Ley 160 de 1994.
Todos los casos mencionados por el Senador son casos históricos, que llevaban más de una década de no ser observados por el Estado, y que en este Gobierno han sido tratados y desarrollados por el Incoder sin excepción; luego no es justa la crítica que se hace. Para todos los que nos hemos esforzado por desarrollar estos procesos y tareas titánicas, es desalentador ver desconocidos los resultados que se han logrado.
Identificar y recuperar los baldíos despojados es una tarea del Incoder, y la hemos asumido aunque sea difícil, costosa y arriesgada; que nadie dude que el Incoder va en serio tras los baldíos de la Nación, que le estamos apostando con acciones concretas, procesos realizados, e inversiones presupuestales importantes. Para demostrar ello tenemos resultados verificables, más de 60 mil hectáreas donde se han proferido decisiones finales por parte del Incoder y que dan lugar a la recuperación de baldíos, más de 100 mil hectáreas adicionales donde se han iniciado nuevos procesos que ahora están en curso, más de 50 mil hectáreas inspeccionadas sólo en los 4 meses que van corridos de este año, 17 procesos con carácter de emblemáticos que han sido abordados y algunos de ellos resueltos, más de 5 casos que tienen impacto nacional por su dimensión ambiental y gran extensión que están en curso de actuaciones administrativas, y la tarea de descongestión de las cerca de 800 mil hectáreas que estaban en procesos muertos y olvidados bajo décadas de polvo en los que nunca se hizo nada.
CASOS CONCRETOS: ACCIONES Y RESULTADOS
· BELLACRUZ. Se adelantó a cabalidad, hasta proferir decisión final, el proceso de recuperación de baldíos indebidamente ocupados sobre 6 predios que hacen parte de la hacienda. En la actualidad se está notificando la decisión y resolviendo recursos interpuestos. Se dio cumplimiento a la sentencia de tutela proferida por la Corte Constitucional.
· PAVAS. Se desarrollaron los procesos de clarificación sobre 9 predios que resultaron baldíos, y se extinguió el dominio sobre 3 predios adicionales por incumplimiento de la función social de la propiedad. El Incoder finiquitó los procesos, actualmente se encuentran en revisión por el Consejo de Estado. Se dio cumplimiento a la sentencia de tutela proferida por la Corte Constitucional.
· ARGOS. Se adelantan en la actualidad cerca de 30 procesos de clarificación de la propiedad, ante la duda sobre la calidad de baldíos del mismo número de predios. Estos procesos deben cursar las etapas legalmente establecidas. Se han examinado más de 120 predios.
· FONDO GANADERO DE CÓRDOBA. Se terminaron ya procesos de recuperación de baldíos sobre 8 predios ubicados en Urabá. Están otros 25 procesos en curso, los cuales se encuentran en diferentes etapas procesales.
· EL PORVENIR (Caso de Carranza). Se está adelantando el proceso de revocatoria directa de más de 20 predios que habían sido titulados en el pasado presuntamente de manera irregular. Ya se había clarificado una parte del predio, detectándose la calidad de baldíos.
· MONICA SEMILLAS. Se presentó demanda de nulidad de los contratos mediante los cuales la empresa había adquirido la propiedad de 6 predios, por la ilegalidad en los objetos de los contratos, debido a que se violó la prohibición establecida por el artículo 72 de la Ley 160 sobre la concentración de más de una UAF proveniente de baldíos. Se solicitó a la Superintendencia de sociedades que adelantara el procedimiento de levantamiento del velo corporativo del conglomerado de sociedades (solicitud hecha por Finagro).
· POLLIGROW. Está en curso la presentación de las demandas de nulidad por concentración de UAF.