Con aceptación fue recibida la propuesta del expresidente César Gaviria para que la justicia transicional sea ampliada a todos los involucrados en el conflicto, considerando que el debate se abre en el mejor momento.

Gaviria propuso que los beneficios judiciales otorgados a los insurgentes para el fin del conflicto, también apliquen para otros combatientes, así como para sus financiadores, aunque sean civiles.

Además, Gaviria pidió "blindar" a las Fuerzas Armadas para impedir que sean judicializados una vez se firme un acuerdo de paz, poniendo como ejemplo la reapertura de procesos contra militares que participaron en dictaduras latinoamericanas.

"Nuestra Fuerza Pública debe quedar blindada para que no se den en Colombia las vicisitudes a las que han estado sometidas en otros países del continente, donde se han reabierto los procesos después de que los militares habían sido cubiertos por medidas de indulto o punto final", escribió Gaviria, en un texto publicado por El Tiempo.

"Esto de una u otra manera ha ocurrido en Uruguay, Argentina, Chile y Guatemala. En algunos de ellos, luego de varias décadas después de haber finalizado el conflicto interno, han sido reabiertos los procesos que habían concluido las responsabilidades penales", agregó el exmandatario.

Los cuatro países padecieron dictaduras entre la década de 1970 y comienzos de 1980, que dejaron miles de desaparecidos.

En Uruguay, el presidente electo Tabaré Vázquez, quien se posesionará el próximo 1 de marzo para el período 2015-2020, creó hace dos días una comisión por "verdad y justicia" por los crímenes de la dictadura (1973-1985), mientras que la justicia argentina ha condenado a 554 represores de la dictadura militar de ese país (1976-1983) desde 2006, cuando se declararon inconstitucionales las amnistías.

En Chile, unas 1.045 causas judiciales por crímenes durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) aún estaban abiertas en diciembre del año pasado, y en Guatemala, el exdictador Efraín Ríos fue condenado a 80 años de prisión en mayo de 2013 por genocidio.

"Tampoco podemos, si de veras queremos poner fin al conflicto, elevar responsabilidades penales por cada denuncia que los no combatientes hagan frente a la Comisión de la Verdad", añadió Gaviria.

"Lo que hemos tenido en Colombia son unas Fuerzas Armadas defendiendo las instituciones constitucionales con el uso legítimo de la fuerza que ella les otorga, así se hayan presentado algunas condenables abusos o violaciones a los derechos humanos", escribió el expresidente.

 

* Debate

El copresidente del Partido Social de Unidad Nacional (La U), Roy Barreras, le dijo a EL NUEVO SIGLO que el Marco Jurídico para la Paz ya contempla el tema, indicando que “la sociedad colombiana debe preparar el ánimo positivo hacia la paz, entendiendo siempre que la justicia transicional será para todos y de cubrir a todos quienes en el marco del conflicto cometieron delitos relacionados con esta guerra”.

Barreras recalcó que la justicia transicional no cubrirá a los que hayan cometidos delitos como los falsos positivos y consideró útil que en este momento el expresidente Gaviria “este llamando la atención sobre la necesidad de hacer conciencia de que la manera de pasar de la guerra a la paz sin impunidad se llama justicia transicional”.

“También se está hablando de los todos los civiles. Y el Marco para la Paz contempla aplicar la justicia transicional no solo la guerrilla, sino a todos los agentes del Estado, como los funcionarios”, expresó Barreras, señalando que “ahora que nos acercamos a la paz final, los colombianos advertir las posibilidades que tiene el Marco Legal para la Paz”.

Entre tanto, el senador Jaime Amín, del Centro Democrático, consideró que en lo que tiene que ver con el Marco Jurídico la Paz hay que tener un cuidado especial.

“Por ejemplo, hay un parámetro histórico verificable que fue el proceso de paz con la paramilitares, en donde por una ley que tramitó el Congreso se facultó al Gobierno y a la Fiscalía para poner un techo a unas penas que no resultaban tan generosas para que el proceso de paz pudiera ser viable”, dijo.

Según Amín, eso permitió que quienes cometieron crimines de lesa humanidad se acogieran a esa alternatividad penal, “pero pagaban cárcel efectivamente. Lo que está proponiendo de alguna manera que no se atreve el Gobierno a poner sobre la mesa, es que no van a pagar ni un día de cárcel. Y eso sería un irrespeto para el país”.

Señaló el senador uribista que él encuentra oportunismo en la propuesta del expresidente Gaviria. “Un salvavidas que quiere lanzar al Gobierno nacional que no ha encontrado apoyo masivo a las propuestas que se están discutiendo en La Habana”, anotó.

Amín indicó que hoy el país rechaza la posibilidad de que los criminales no vayan a la cárcel y además que puedan hacer política con curules.

 

* Oportuno

El copresidente de la Alianza Verde, Luis Carlos Avellaneda, aseguró que es lógico que el la justicia transicional se le pueda aplicar a todos los sectores.

“Esta justicia no solo tiene que acobijar a los guerrilleros, sino que también tienen que estar los militares y los policías que hayan estado involucrados en hechos de la guerra, a los confinanciadores y a las personas civiles”, dijo.

El exsenador Avellaneda aseguró que los exfuncionarios que hubieran cometido algún delito en medio de la guerra deben estar acobijados por la Justicia transicional.

Por su parte, la presidenta del Polo Democrático, Clara López, anotó que el expresidente Gaviria ha puesto en el centro del debate un tema que se venía perfilando desde los diferentes sectores para hacerle frente a la campaña de los impedimentos jurídicos para la paz.

“La justicia transicional debe cobijar a todos los acores directo e indirectos del conflicto armado, es decir a los insurgentes, a la Fuerza Pública, a los paramilitares a los empresarios, a los comerciantes, a los funcionarios administrativos, policiales y judiciales”, señaló.

López recalcó que con cada uno de estos actores con un tratamiento diferencial para cada tipo de responsabilidad pero con las mismas consecuencias. En este orden de ideas recordó que la sala de justicia del Tribunal de Bogotá en la sentencia de presencia de los paramilitares en el Catatumbo “ordenó compulsar copias a Justicia y paz para que fueran investigados funcionarios de Ecopetrol, de Termotasajero, de la Fiscalía y de comerciantes de la región”.

Puntualizó la presidenta del Polo que cuando se habla de funcionarios, tendrían que ser procesados, deducidas las responsabilidades, “desde luego la aplicación de las consecuencias jurídicas pertinentes”.

Para el senador Iván Cepeda, también del Polo Democrático, es importante que se hable no solo de la responsabilidad que tienen los combatientes, es decir guerrilla, Ejército, Policía, “sino también los actores políticos, empresariales que también han hecho parte del conflicto armado por medio de mecanismos como dar órdenes o hostigar”.

Cepeda manifestó que ese es un aspecto nuevo e interesante. “Pero aquí lo que tenemos es que ver cuál es la solución frete a los hechos. No puede prescindirse de la verdad, la reparación y la justicia que tenga un efecto de la no repetición de los hechos”, explicó.

Manifestó que el debate planteado por el expresidente Gaviria llega en un el momento que este tema está discutiéndose en la mesa de La Habana Cuba.

 

* Todos caben

Sobre este mismo punto el senador Hernán Andrade, del Partido Conservador, dijo que todos caben en la justicia transicional.

Según el congresista, el Marco Legal para la Paz señala textualmente que debe haber justicia transicional “también para los agentes del Estado en relación con su participación” en el conflicto armado, combatiendo a los grupos ilegales”.

“Este acto legislativo ya tuvo la revisión de la Corte Constitucional”, precisó para señalar que ese punto no fue derogado en esa instancia”.

De otra parte, el senador Manuel Enríquez, de La U, manifestó que en efecto en el Marco Legal para la Paz hay una posibilidad de que se incluyan a los militares, agentes del Estado, integrantes de la guerrilla.

“Me parece que no sería justo que si se reglamenta ese Marco para la Paz, que se les dé un tratamiento benigno a los integrantes de la guerrilla, a quienes han cometido una serie de delitos, y no se dé un tratamiento igual a los militares que por enfrentar el conflicto hayan cometido delitos”, dijo el legislador. 

El senador José Obdulio Gaviria, del Centro Democrático, anotó que ese es un tema al que se debe considerar, porque según él lo que se está es equiparando prácticamente a los agentes del Estado y las acciones militares del Estado colombiano como si fueran actividades criminales.

El exsenador Jorge Londoño, de la Alianza Verde, señaló que “yo pienso que si todos esos beneficios se le van a dar a la guerrilla de las Farc en proceso de paz, también la otra parte debe tener acceso a todos esos beneficios, como agentes del Estado, militares y todos los que han tenido que ver de alguna manera con el conflicto armado”.