EL próximo año no habría una nueva carta tributaria pero sí se presentará una reforma fiscal, según confirmó el presidente Iván Duque. Estos ajustes se requieren para afrontar la deuda que adquirió el Estado para atender las exigencias económicas de la pandemia.
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El mandatario señaló que las modificaciones se realizarán teniendo en cuenta las exenciones tributarias y el crecimiento económico estimado para el próximo año.
“Esos ajustes fiscales se deberán basar en varios criterios. Por un lado, en el crecimiento económico, que esperamos se acelere durante el primer semestre de 2021. Por otro lado, en los hallazgos del grupo de expertos que está analizando todas las exenciones tributarias, que están disponibles en Colombia”, subrayó.
El propósito de este grupo sería identificar las excepciones tributarias que no sean necesarias, para luego eliminarlas y así, recaudar más recursos. El jefe de Estado espera que los resultados de este estudio estén listos para finales de febrero del próximo año.
El gasto
“En último lugar, creo que también tenemos que trabajar en enfocar el gasto en aquellos que más lo necesitan, de manera que aumenten los ingresos de estas familias y puedan aportar a la recuperación de la econ
omía”, agregó.
En este sentido, Duque enfatizó que en el marco de la pandemia se han destinado más de $117 billones para los más vulnerables del país y resaltó que “hasta ahora no tuvimos una crisis financiera y creo que esto es algo que debemos resaltar de esta experiencia en Colombia”.
Asimismo el Presidente añadió que la facturación electrónica debe implementarse en el recaudo de impuestos, ya que de esta manera el proceso será más eficiente.
Los beneficios
De acuerdo con la Dirección de Impuestos Nacionales (DIAN), las exenciones tributarias o beneficios otorgados por el Gobierno, llegan actualmente a $92 billones al año. Estas exenciones están relacionadas con el Impuesto a las Ventas (IVA), el impuesto de renta, las tasas diferenciadas para las zonas francas, entre otros.
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De acuerdo con esa entidad, la mayoría de las exenciones están relacionadas con beneficios que suman $74,9 billones anuales en materia de IVA, mientras que en el impuesto de renta los descuentos completan $17 billones.
El director de la DIAN, José Andrés Romero, explicó a los medios que “las principales exclusiones están dadas para el sector de los servicios como la educación, la salud, temas financieros, transporte, agricultura, que suman $46 billones. Para renta, el grupo de personas naturales tiene beneficios de $6 billones”.
Teniendo en cuenta estas cifras, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, ha insistido en la necesidad de transformar el sistema tributario del país para que más personas naturales aporten a las arcas de la Nación, guardando las proporciones sobre el ingreso.
“Colombia tiene grandes necesidades sociales. Elevar el recaudo es apremiante para extender las capacidades del Estado”, explicó el funcionario.
Asimismo, Carrasquilla, dijo que “demasiada gente en Colombia no paga un centavo de impuestos. Una razón de nuestro más grande obstáculo al progreso de verdad: la informalidad. Otra razón es que nuestro estatuto (tributario) fue concebido para un país distinto; más rural, más pobre, sin información detallada sobre las transacciones económicas. Más allá de esta enorme exención, el grueso de las exenciones tributarias en Colombia provienen de las múltiples complejidades que tiene nuestro IVA, por supuesto”.
Señala que “no creo que buena parte de esas exenciones tengan un claro efecto sobre la equidad ni sobre el crecimiento, como lo han mostrado otras comisiones de expertos, pero demos pausa a esta discusión hasta no contar con este nuevo y valioso aporte.
En cuanto al impuesto de renta, las enormes exenciones a la renta personal también son un aspecto protuberante de nuestro estatuto y deben recibir la atención de los expertos convocados, a ver qué nos dicen”.
El esquema
En los últimos años, Colombia logró importantes avances en materia de tributación al adoptar elementos de carácter estructural, según algunas de las recomendaciones de la OCDE y de otros expertos. Sin embargo, es claro que, a pesar de los recientes avances, seguimos lejos de un esquema tributario que garantice un recaudo suficiente para las necesidades del país, que sea más equitativo y eficiente.
En efecto, el recaudo tributario del Gobierno Nacional se ha mantenido alrededor del 14% del PIB durante los últimos años, quedándose corto frente a la meta del 16%-17% del PIB que hoy se observa en promedio en América Latina. Adicional a esto, se tienen agravantes por cuenta de: (i) las mayores presiones de gasto en los próximos años, que consideramos rondarán entre el 8% y el 10% del PIB; y (ii) la necesidad de volver a déficits fiscales del 2.5% del PIB en el año 2022, consistente con las metas de la Regla Fiscal.
Teniendo en cuenta todo eso, es evidente que el Estatuto Tributario de Colombia requiere de reformas profundas y detalladas, que cumplan con los principios de progresividad, equidad y eficiencia. Al mismo tiempo resulta clave revisar detenidamente las disposiciones en materia de gasto público, pues el sistema fiscal debe entenderse como el conjunto del ingreso y del gasto público.
De acuerdo con el presidente de ANIF, Mauricio Santamaría, “consideramos que la solución a los retos fiscales no pasa por declarar la inconstitucionalidad del Estatuto Tributario, según lo demandado recientemente por un grupo de destacados economistas y abogados. De manera acertada, la Corte Constitucional decidió inadmitir esa demanda. Entre los múltiples argumentos de la Corte, llamamos la atención sobre aquel referente a que este tipo de debates debe darse dentro de la institucionalidad, a través del Congreso de la República, con el debate político y democrático que allí se genera”.
Señala el directivo gremial que “no olvidemos que nuestros pilares democráticos descansan sobre la separación de poderes y, por tanto, el Legislativo es el que deberá promover un debate amplio y libre de cualquier sesgo que nos lleve a la construcción de un Sistema Tributario que se enfoque en lograr mayor recaudo, equidad y eficiencia. Allí está la posibilidad de seguir reduciendo la pobreza y avanzar en la búsqueda de mayor equidad.
Complejidad
A su vez, Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de Fedesarrollo, dio claves sobre la reforma que empezará a discutirse el año entrante. El directivo también habló sobre la economía en tiempos de pandemia y su impacto en la vida de los colombianos.
“Las cifras infortunadamente son muy difíciles, ya sabemos todos lo que ha generado la pandemia en materia económica, pero también en pérdidas de ingresos tributarios para el país”, aseguró Mejía en la emisora nacional.
Para el ejecutivo, en las últimas semanas las agencias de calificación de riesgo han venido presentado un grado de inversión que se ha mantenido para la deuda pública, pero que no deja atrás la advertencia de que “hay que tomar medidas porque la situación es muy difícil”.
“Solamente este año la deuda pública pasó de niveles del 50% del PIB al 65%, estamos hablando de 150 billones de pesos adicionales en un año”, señaló el directivo de Fedesarrollo.
Los tres pilares de Fedesarrollo para una posible reforma tributaria, deben ser el primero de ellos “aumentar los impuestos, es algo que nadie lo quiere escuchar, pero la magnitud del hueco es tan grande, que se tiene que hacer algo por ahí”.
“Segundo, por el tema del gasto, hay espacio para mejorar, recortar gastos innecesarios, focalizar mejor el gasto social”, añadió Mejía.
Como tercer pilar, señaló que deben revisarse las metas del déficit: “El próximo año cuando se retome la ley de reglas fiscales, las metas a las que obliga la ley, seguramente algunas metras tendrán que rebajarse”, finalizó el directivo.