- Justicia acorrala a Cristina Kirchner
- Caso AMIA, entre impunidad e impotencia
El atentado en Buenos Aires, en 1994, contra el Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), la principal sede de la comunidad judía en América, que después de Nueva York alberga el mayor número de personas de ese origen fuera de Israel, continúa siendo un verdadero misterio, sobre el cual se dan las más encontradas y diversas hipótesis. La explosión de un carro bomba causó entonces 85 muertos y numerosos heridos, dejando también cuantiosos daños. Desde el comienzo de la investigación trascendió que varios de los detenidos presuntamente relacionados con el atentado eran víctimas de infundios y del nerviosismo de las autoridades gauchas por calmar la presión internacional para esclarecer el pavoroso crimen.
No pocos de los capturados demostraron su inocencia y las pruebas aportadas por las autoridades resultaron deleznables. Es más, algunos de los señalados advirtieron que, en realidad, eran víctimas de una conspiración para encubrir a los verdaderos autores, una estrategia que estaría urdida, nada menos, que desde la Casa Rosada, ocupada por el presidente Carlos Menem, así como por el extitular de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) Rubén Beraja, y el juez que abordó la investigación Juan José Galeano. En tanto otras hipótesis sostienen que se trató de una ‘historieta oficial’ para encubrir a radicales iraníes, versión que sectores oficiales de entonces negaron. Lo cierto es que varios expertos dicen que la presión internacional y la exigencia general para que se hiciera justicia, presionó a los investigadores, al parecer, a dar resultados, fueran ciertos o no.
Las pesquisas periodísticas señalaron desde el primer momento a presuntos funcionarios del gobierno de Irán, ligados a las autoridades policiales locales, entre los presuntos autores intelectuales del ataque. Algunos indicios en ese sentido con el tiempo cobraron más fuerza. Aun así, con el transcurrir de los años se cayeron varias de las conjeturas iniciales que atraparon la atención de los argentinos y coparon los medios de comunicación. Después de más de dos décadas, la justicia informó que “ni siquiera está debidamente probado que una camioneta Traffic funcionó como coche bomba para la voladura”. Varios incriminados bajo el rubro de “participación necesaria” surgieron de esa versión que con el tiempo también se cayó, por lo que se considera que se usó ese argumento como cortina de humo para no seguir las pistas que conducían a los verdaderos culpables.
Lo cierto es que, como se dijo, varios de los detenidos fueron juzgados y las pruebas rodaron por el piso de los estrados judiciales. A su vez, destacados investigadores han terminado siendo procesados por presuntos ilícitos para torcer el curso de las largas e improductivas pesquisas.
Tras más de 23 años del ataque, resulta extraño para los abogados penalistas locales que las investigaciones que hicieron terceros países, con los mejores expertos y tecnologías, concluyeran en la nada. No faltan los que sostienen que el caso sigue intencionalmente en las tinieblas y que las confusas circunstancias de la muerte, en 2015, del fiscal Alberto Nissman, fueron un elemento más de esa trama. Como se recuerda, este funcionario judicial, denunciado por traición a la patria semanas antes de su deceso, intentaba esclarecer los hechos del caso AMIA y sus pesquisas apuntaban contra altas esferas del gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández. Cuando apareció muerto en su departamento, unas hipótesis apuntaban a que suicidó pero otras sostenían que lo mataron para impedir que diese a conocer los resultados de sus investigaciones, las que comprometían a las altas esferas oficiales. Lo cierto es que luego de su fallecimiento, las denuncias por encubrimiento a los iraníes contra la mandataria no progresaron.
Sin embargo, esta semana el juez federal Claudio Bonadio revivió el “cangrejo judicial” y decidió investigar imputar a Kirchner así como a otras 13 personas, incluyendo al excanciller Héctor Timerman, por estar presuntamente detrás de un "plan criminal orquestado y puesto en funcionamiento" para "dotar de impunidad" a los iraníes sospechosos del caso AMIA.
Aunque la expresidenta, hoy senadora, no fue detenida por tener fuero, lo cierto es que algunos escépticos señalan que el caso terminará de nuevo en el limbo.
Mientras en las calles de Buenos Aires y otras ciudades la oposición kirchnerista convocó marchas de protesta, los conocedores de la política local sostienen que a pesar que el peronismo está dividido, no va a prosperar en el Congreso la solicitud de desaforar a la exmandataria. Si ello es así, el caso AMIA volverá a las tinieblas judiciales, pese a que después de dos décadas la sociedad internacional sigue reclamando justicia y verdad.
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