Un proceso en crisis

  • Negociación con Eln amenaza naufragio
  • Las graves violaciones al cese el fuego

 

Crisis. No hay otra palabra para calificar lo que está pasando en la negociación de paz entre el gobierno Santos y el Eln. La renuncia del jefe de la delegación oficial Juan Camilo Restrepo, a la que le siguió la del general retirado Eduardo Herrera Berbel y después las dimisiones de José Noé Ríos y Juan Sebastián  Betancur, todos integrantes de la representación del Ejecutivo, pone de presente que las tratativas en Quito no van por buen camino.  Aunque el exministro conservador recalcó que su paso al costado se debía a temas estrictamente personales, han surgido versiones según las cuales el clima alrededor de la Mesa es muy tenso, incluso por la intervención de algunos dirigentes colombianos que interactúan con los delegados subversivos, creando expectativas que el ritmo de la negociación, a cual más compleja y delicada, no puede concretar en el corto plazo.

Lo cierto es que los diálogos, que terminaron su cuarto ciclo a comienzos de este mes, no han sido fáciles y dos son las causas principales. Una primera es la complejidad misma de la agenda de negociación, que se viene adelantando dos frentes: el relativo a compromisos de carácter humanitario a implementar durante el vigente cese al fuego bilateral y temporal, así como el atinente a aterrizar la participación de la sociedad civil en las negociaciones.

 

En cuanto al primero de esos frentes es evidente  que el Eln, sobre todo en Chocó y Nariño, ha violado el cese al fuego, al punto de ser, incluso, acusado de participar en los confusos hechos que rodean la masacre de varias personas en zona rural del municipio de Magüí Payán, en este último departamento. A ello hay que sumar las presiones de la opinión pública para que ese grupo subversivo libere a los secuestrados, a lo que se había comprometido desde que comenzó la tregua el 1 de octubre.  En cuanto a la participación de la sociedad civil como actor propositivo frente a la Mesa, si bien es cierto que ya se han realizado una decena de audiencias preparatorias con representantes de muchos sectores del país, este proceso ha sido muy complicado en cuanto a la compilación de propuestas  que sirvan de insumo útil a las discusiones de ambas delegaciones.

De otro lado, no se puede negar que las circunstancias que  rodean la accidentada  fase de implementación normativa del acuerdo de paz entre el gobierno Santos y las Farc están impactando el proceso con el Eln.  Un ejemplo es el trascendental fallo de la  Corte Constitucional sobre el acto legislativo que creó la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y que fijó un marco muy claro sobre las gabelas políticas, judiciales, institucionales e incluso sociales que el Estado puede otorgar a un grupo armado que acepte desmovilizarse y reintegrarse a la vida civil.  Ese fallo ordenó que  los esquemas de justicia transicional tienen límites impasables  en lo referido a que los terceros civiles deben quedar excluidos de ese  juzgamiento excepcional. También enfatizó que dichas jurisdicciones siempre deben estar subordinadas a la supremacía constitucional y que las penas alternativas que se impongan a los culpables de delitos atroces y de lesa humanidad no pueden rayar en la impunidad ni mucho menos habilitar incondicional y automáticamente a los condenados para poder participar en política…

Ha dicho el Gobierno que no hay crisis en el proceso, lo que abiertamente es una contraevidencia. También indicó que se renovará al equipo negociador y que el objetivo continúa siendo aprovechar estos escasos ocho meses de mandato restantes no solo para prolongar el cese el fuego, que vence en enero, sino para avanzar en la agenda de negociación, tanto desde el punto de vista temático como en el de acciones humanitarias.

Sin embargo, al tenor de las encuestas, la opinión pública tiene un alto grado de  desconfianza frente a la utilidad de estas tratativas, al tiempo que muchos de los candidatos y precandidatos presidenciales han tomado prudente distancia de las mismas y no pocos consideran que debería hacerse una pausa en el camino mientras asume el nuevo gobierno y fija los derroteros  del proceso.

Visto todo lo anterior es claro que hay una crisis en la negociación con el Eln. Ese grupo guerrillero se resiste a dar muestras efectivas de paz y asoma cada día con más fuerza una división en sus principales bloques y frentes. A su turno el Gobierno no solo tendrá que reestructurar su delegación negociadora a mitad de las discusiones, sino que se enfrenta a un alto nivel de desconfianza ciudadana sobre su capacidad para llevarlas a buen puerto. A eso se le llama crisis, por más que quiera  ocultarse o minimizarse.

 

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