La Defensoría reiteró la urgencia de adoptar medidas que protejan a los trabajadores y a la sociedad en general

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Una audiencia pública para evaluar la situación de los defensores de derechos humanos y de los líderes sociales y políticos en ese departamento, se realizará en Cartagena. En desarrollo de la función de vigilancia y protección de los DD.HH., el jefe del Ministerio Público, Fernando Carrillo, escuchará a quienes se han visto afectados por su labor e indagará por los avances de la institucionalidad en su protección efectiva.

En la audiencia, organizada con apoyo de la Gobernación de Bolívar,  se establecerán los lineamientos para unificar la información y los reportes sobre casos que afecten a los defensores de derechos humanos, y se buscarán soluciones conjuntas para enfrentar las amenazas y hechos violentos  en su contra.

La Procuraduría espera la participación de defensores y defensoras de derechos humanos y sus organizaciones, así como líderes sociales y políticos para que participen activamente. También están invitados funcionarios de entidades públicas nacionales, locales y de entidades de control y miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, entre otros.

El jefe del Ministerio Público demandará en la audiencia que se cumpla la Directiva 002 del 14 de junio de 2017, que contiene las directrices para la protección de ese sector de la población, afectado por el incremento del número de líderes asesinados en 2017, busca prevenir eventuales violaciones a los derechos humanos y sancionar a los servidores del Estado que pudiesen estar comprometidos en estos hechos.

El Procurador General de la Nación dijo que “un solo líder muerto debería provocar el rechazo y la movilización ciudadana. Así como durante años se dieron gigantescas marchas para rechazar la guerra, ahora deberían darse grandes movilizaciones en defensa de la vida, para repudiar la muerte de los defensores de derechos humanos”.

La audiencia pública se realizará en el Paraninfo de la Universidad de Cartagena, desde las 7:30 a.m. hasta la 1 p.m.

Posición de la Defensoría

La Defensoría del Pueblo reiteró la urgencia de adoptar medidas que protejan a los trabajadores, y a la sociedad en general, ante los impactos en la salud, la vida y el trabajo decente que conllevan la exposición y el uso industrial del asbesto.

La entidad pidió al Congreso mayor celeridad para la aprobación del proyecto de Ley 061 de 2017 que busca prohibir la utilización de este mineral; y al Gobierno nacional que ordene eliminar su uso, comercialización e importación, así como la sustitución progresiva del existente, como parte de su obligación para proteger los derechos a la salud y a la vida de los ciudadanos.

En una audiencia pública realizada este jueves en el Senado, el Defensor Delegado para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Álvaro Francisco Amaya Villarreal, dijo que “el Estado está obligado a adoptar medidas para prevenir la muerte de colombianos por asbesto. Incluso, en 60 países han prohibido el uso por su impacto en los derechos humanos”.

Para la Defensoría del Pueblo, las muertes y afectaciones asociadas a asbesto son innecesarias y evitables. Según cifras del Instituto Nacional de Cancerología, entre el 2010 al 2014 ocurrieron 1.744 muertes por cáncer de pulmón atribuibles al asbesto crisotilo.

“El proyecto propone medidas para proteger a la trabajadores que puedan verse afectados con la prohibición del asbesto, con lo cual se protegen también los derechos de los trabajadores”, concluyó el Delegado Amaya.