Off the record | El Nuevo Siglo
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Sábado, 9 de Diciembre de 2017
Redacción Política

El miércoles hizo un año de que el Congreso aprobó al Gobierno el proyecto de la reforma tributaria que empezó a regir en parte el 1 de enero de este año, con cambios tan importantes como el aumento del IVA del 16 al 19%. Ese ‘aniversario’ salió a colación en la mesa de discusión salarial, en donde los voceros de los sindicatos indicaron que no se podía desconocer el impacto que en los bolsillos de las familias de los trabajadores había tenido ese aumento de impuestos, el mismo que debía tratar de ser compensado con un incremento en el salario para 2018, sobre todo ahora que la inflación se metió en cintura. Incluso parodiando el lema de un reconocido juego de apuestas, un líder sindical dijo que el aumento del sueldo mínimo debía tomarse como la “revancha” de los trabajadores.

Prevenir La Niña

La posibilidad de que durante el primer y segundo trimestres del próximo año se pueda presentar en Colombia y otros países de la región el fenómeno climático de La Niña, que se caracteriza por una temporada invernal más larga e intensa que los promedios históricos, prendió las alarmas de varios gobernadores. Varios de ellos alertaron que el Gobierno nacional debía provisionar desde ya presupuestos para hacerle frente a una eventual emergencia climática, más aún porque los gobiernos departamentales y municipales, por estar vigente la Ley de Garantías Electorales, debido a los comicios parlamentarios y presidenciales, tendrían limitaciones para asignaciones urgentes de recursos para hacerle frente a las consecuencias de La Niña, que tiene un 85% de probabilidades de presentarse durante la primera parte de 2018. La última vez que se registró este fenómeno fue entre 2010 y 2011, generando una emergencia que requirió más de 10 billones de pesos en atención prioritaria, mitigación de daños y reconstrucción.

Monedas virtuales y lavado

Como se sabe, las autoridades colombianas han sido muy cautelosas frente a regular el uso de las llamadas criptomonedas, especialmente las de mayor uso como el bitcoin. Además de los peros desde el punto de vista legal y de control monetario, otro de los asuntos que más preocupan en Colombia es la posibilidad de que el mercado de las monedas virtuales sea usado por las mafias y otros actores ilegales para lavar fortunas ilícitas. También temen que si el bitcoin, que se ha valorizado en más de un 900% en poco tiempo, resulta ser una “burbuja”, miles de colombianos perderán grandes cantidades de dinero. Igualmente se está analizando el tema tributario frente al flujo de las criptomonedas y su clasificación dentro el Estatuto impositivo local.

La seguridad de Murcia (I)

Si David Murcia, el cabecilla de la red de captación ilícita de capitales conocida como DMG, es deportado a Colombia en las próximas semanas, luego de pagar una condena de nueve años de prisión en Estados Unidos por lavado de activos, su lugar de reclusión se convertirá en un dolor de cabeza para las autoridades penitenciarias locales. Como se sabe, Murcia está condenado en Colombia a 22 años de prisión por captación masiva y habitual de dineros y lavado de activos. Igualmente debe pagar una multa de 17 mil millones de pesos. Las autoridades saben que Murcia podría tener muchos enemigos entre las miles y miles de personas que perdieron dineros al momento del derrumbe de esa ‘pirámide’, una década atrás. Pero también se dice que Murcia nunca contó en Colombia los nexos que tuvo con políticos de distinto orden y por eso la llamada “DMG-política” nunca se concretó judicialmente.

La seguridad de Murcia (II)

Aunque los abogados de Murcia han alegado en Estados Unidos que su cliente podría correr peligro si es deportado a Colombia, se sabe que las autoridades norteamericanas están decididas a deportarlo desde  noviembre pasado, cuando cumplió su pena en una cárcel de Pensilvania. Ya en otras ocasiones algunos extraditados han acudido al mismo argumento para tratar de evitar su deportación a Colombia, pero no les ha funcionado, a menos claro que de por medio haya algún tipo de arreglo con la justicia o la Fiscalía estadounidense sobre colaboración en otros casos de narcotráfico, delación de rutas y cómplices, o incluso entrega de dineros ilícitos. Se dice que, por lo menos, dos cabecillas paramilitares sí lograron esos arreglos y por eso al salir de prisión no fueron deportados de inmediato.

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