Más tragedias mineras

  • Estado debe repensar política sectorial
  • Ojo a responsabilidad de los alcaldes

La nueva tragedia en la minería colombiana, tras el accidente en un socavón de Corrales (Boyacá), ha reabierto el debate sobre las condiciones en que se realizan las actividades extractivas de recursos naturales no renovables.

No se puede desconocer que en los últimos años han mejorado de manera sustancial las políticas de seguridad industrial en buena parte de las operaciones mineras legales.  En la gran mayoría de éstas ya se aplican de manera rutinaria los estándares sobre sistemas de ventilación, mecanismos de detección de concentración de gases, vigilancia permanente a la estructura de los socavones y otros métodos de reacción a  emergencias y protocolos de evacuación…

En el caso de lo ocurrido en Boyacá este martes, las autoridades han informado que se trataba de una operación legal y que serán las investigaciones las que determinen las causas del accidente que dejó seis personas muertas y tres más desaparecidas.

El problema, sin embargo, continúa siendo que buena parte de la minería de nuestro país corresponde a operaciones artesanales, no formalizadas o, peor aún, ilegales. Es éstas, por obvias razones, la mayor parte de los accidentes y tragedias no es reportada a las autoridades.

Es evidente que entre los obstáculos que las autoridades han advertido para combatir de formas más eficaz la minería ilegal y artesanal está claramente que muchos alcaldes no denuncian de manera abierta la existencia de estas actividades, en muchas ocasiones porque saben que las mismas son la principal fuente de empleo e incipiente motor económico de sus empobrecidas poblaciones.

Por simple lógica las autoridades locales deben tener conocimiento o sospecha de en dónde están los socavones o las operaciones a cielo abierto u orillas de río, pero dicha información no llega a la Fuerza Pública para la respectiva intervención. No pueden moverse grandes cantidades de dinero, flujo de personal, maquinaria pesada y los insumos para la explotación y procesamiento de material extraído, sin que nadie se dé cuenta. De allí que la Fiscalía y la Procuraduría y otros entes de control deberían poner bajo la lupa a esas alcaldías para establecer por qué omitieron las denuncias respectivas. Es claro que en algunos casos ese silencio de las autoridades locales se da por temor a represalias de los actores ilegales, en otros por evitar asonadas de la población trabajadora en los socavones y no faltan las ocasiones en donde lo que existe es una activa o pasiva complicidad con una actividad ilícita.

Bien haría el Estado en activar, como en su momento se hizo para perseguir y desmantelar a los grandes carteles del narcotráfico e incluso ahora se aplica para neutralizar bandas criminales como el llamado “Cartel del Golfo”, una especie de “bloque de búsqueda” que con componentes permanentes, equipados y especializados de la Fuerza Pública, actuando en conjunto con Fiscalía, Procuraduría y los ministerios de Minas y de Ambiente, se lancen a operaciones de gran escala contra la minería ilegal y artesanal. Operaciones que no solo abarquen el golpe de mano como tal a las actividades extractivas ilícitas o no autorizadas, sino que implique la destrucción inmediata de la maquinaria y la judicialización de los jefes y responsables, unido todo ello a que haya una vigilancia periódica y permanente de los socavones y operaciones a cielo abierto que sean cerrados, para evitar que en cuestión de semanas vuelvan a ponerse en funcionamiento.

Igualmente en aquellos casos en donde no sea posible formalizar la actividad minera y proceda su prohibición definitiva, bien se podría aplicar la misma estrategia que se está utilizando con los cultivadores de hoja de coca, marihuana y amapola que aceptan erradicar los sembradíos ilícitos. Es decir que el Estado cree programas para una verdadera y eficaz reconversión laboral e incluso para convertir a una parte de esos mineros que se quedan sin trabajo en guardabosques y partícipes -remunerados- de los planes que se pongan en marcha para recuperar los recursos hídricos, forestales y de otra índole que se hayan visto afectados por esas actividades extractivas adelantadas sin ningún tipo de precaución ambiental.

El país debe repensar su política minera. Es obvio que muchas de las consultas municipales que se están adelantando para prohibir o restringir actividades extractivas están originadas, precisamente, en que la ciudadanía no ve en el Estado la suficiente fortaleza para ordenar un sector que debería, bajo un modelo de explotación ambientalmente sostenible, ser fuente de millonarios recursos para inversión social. Si la población ve unas instituciones actuantes y eficientes, otra sería la reacción popular.

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