El Ejecutivo descartó este viernes expedir un decreto con este fin y, por el contrario, insistirá en un proyecto de ley que no alcanzó a ser tramitado en el pasado periodo por el fast track, al que anunció le dará mensaje de urgencia

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El Gobierno le salió este viernes al paso a las versiones de prensa de que estudiaría si es viable sacar por decreto el mecanismo que permita el sometimiento a la justicia colectiva de las bandas criminales. El vicepresidente Oscar Naranjo dijo que habilitar una norma al respecto requiere una ley aprobada por el Congreso y por ello insistirán en esa vía.

“El tratamiento penal que permita imputaciones colectivas de desmonte de estructuras criminales implica cambios de ley, implica una norma legal con fuerza de ley y no solamente un decreto”, expresó Naranjo.

Frente al anuncio que hizo el Clan del Golfo que a partir del pasado miércoles inicia un cese unilateral de acciones militares debido a la época de Navidad, el Vicepresidente de la República dijo que  “para nada interrumpe una decisión presidencial, del Gobierno y sus autoridades de perseguir a esos criminales”.

El general (r) Naranjo explicó que el Gobierno nacional no entiende ese anuncio como un cese el fuego, sino como una suspensión de actividades criminales.

Así mismo, destacó que pese a que las autoridades continúan combatiendo a esa banda criminal, ésta “mantiene su voluntad de desmantelar esa estructura criminal y de recibir tratamiento penal”.

Por esta razón aseguró que las reuniones con sus abogados continúan y que el deseo del Gobierno nacional es que se logre establecer un marco legal “que sea sólido, estructurado y no improvisado”, para someterla a la justicia y que la Fiscalía cuente con las herramientas para poder aplicar imputaciones colectivas a los integrantes que quieran abandonar la ilegalidad.

Al respecto, recordó que en el Congreso de la República cursa una iniciativa para sacar adelante ese marco legal y que la misma será impulsada con mensaje de urgencia cuando esa corporación retome sus actividades en marzo próximo.

Vale recordar que el Gobierno presentó ese proyecto de ley al Congreso después de que Dairo Antonio Úsuga, alias ‘Otoniel, comunicara en una misiva al presidente Santos la intención del ‘Clan del Golfo’ de someterse a la justicia, la más grande Bacrim del país.

La intención del Ejecutivo fue sacar esa norma por el fast track que se habilitó para la implementación normativa de los acuerdos de paz, no obstante no le funcionó porque no alcanzó a tramitarse debido a que venció el periodo aprobado para el funcionamiento de esta vía rápida en el Congreso.

El abogado constitucionalista Juan Manuel Charry le dijo a EL NUEVO SIGLO que un decreto no puede hacer el papel de una ley para habilitar el sometimiento colectivo a la justicia del Clan del Golfo y otras Bacrim que se quieran sumar.

“Para un sometimiento a la justicia con beneficios penales, rebajas de pena se requiere una ley y no sería procedente un decreto de naturaleza reglamentaria” porque “el tema de la regulación penal y subrogados, entiéndase beneficios, agravaciones, condiciones, son de reserva legal. Si se quisiera hacer algo en esa dirección pues tiene que regularse mediante ley”, explicó Charry.

Incluso la urgencia que tendría el Gobierno para tener lista esa norma justificaría la expedición de un decreto para tales fines, señaló el abogado constitucionalista.  “El hecho de la urgencia o de la conveniencia no habilitan la potestad del Gobierno para el efecto, sigue siendo de reserva legal por más urgente que sea”.

Por su parte el abogado penalista y profesor en derecho penal de Universidad del Rosario, Francisco Bernate Ochoa, le dijo a este Diario “lo que podemos observar es que para cada organización que quiera cesar su actividad delictiva, pues se le concede a cambio una ley hecha a la medida, como ya se hizo con el grupo narcoterrorista de las Farc y ahora con el Clan del Golfo y demás”.

Bernate dijo que “por supuesto bienvenida la desmovilización y las ventajas que una desmovilización requiera que hoy en día la legislación no establece, pero el llamado a legislar no es el Ejecutivo, es el Congreso. Entonces que se presenten los proyectos y que se debatan en el Congreso, pero el Gobierno permanentemente pretende usurpar otro tipo de poderes, y cada vez más reduciendo a un Congreso por el solo hecho de no haberle caminado al ritmo de la JEP”.

Camino del Parlamento

El proyecto que impulsará el Gobierno con mensaje de urgencia para habilitar el sometimiento colectivo a la justicia no la tendría fácil porque por sus implicaciones genera polémica.

“Me preocupa que al margen de la justicia transicional propia de la situación excepcionalísima del acuerdo de paz con las Farc empiecen a presentarse ese tipo de proyectos que son simplemente expresión de una política de justicia cada día más ‘maniancha’, con lo que eso tiene de peligroso porque por ese camino casi todo termina reducido  para efectos de ver cómo se acaba con la criminalidad, y uno no puede acabar con la criminalidad reduciendo las penas a expresiones demasiado generosas”.

Por su parte el representante a la Cámara por el departamento de Nariño, Oscar Fernando Bravo Realpe, le dijo a este Diario que “no estoy de acuerdo con ese proyecto, así lo expresé en las comisiones primeras conjuntas cuando por vía de fast track el Gobierno lo presentó. Eso es un estímulo a la formación de grupos delincuenciales y es un total desestimulo a la Fuerza Pública, especialmente a la Policía que con el Plan Pistola ha puesto muchos muertos, mucha violencia sin ninguna razón por parte de esos grupos criminales”.

Bravo dijo que hay las normas para “todo el mundo, para cualquier delincuente que se quiera someter hay normas que le favorecen si delata rutas, si confiesas sus delitos, si reparan a las víctimas. No veo necesidad de tramitar un proyecto nuevo porque las organizaciones delincuenciales estarían felices y seguirían delinquiendo muchas de ellas con la esperanza de que el Congreso cada vez que se necesite les va a hacer un acuerdo mucho más favorable como lo plantea el Gobierno”.