La Corte Suprema ordenó que la Gobernación de Córdoba, que no había sido reconocida como víctima, sea tenida en cuenta en el proceso.

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La Gobernación había pedido, a través de una tutela, que fuera reconocida como víctima porque, en primera instancia, un magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá les negó esa petición. 

El principio de oportunidad entre la Fiscalía General de la Nación y el exgobernador se fijó por los delitos de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.

La decisión del despacho judicial permite que la Gobernación  presente un informe sobre los reales daños ocasionado al departamento por los delitos cometidos por Lyons y logre una adecuada reparación.
 

El Principio de Oportunidad se había fijado como un acuerdo por un año.