• Se ganan batallas pero se pierde la guerra
• Urge una estrategia integral del Estado
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Este 2017 pasará a la historia, sin duda alguna, como uno de los años más traumáticos en materia de escándalos de corrupción.  Desde los más graves como los sobornos de Odebrecht, el ‘cartel de la toga’, el ‘cartel de la hemofilia’ y los desfalcos al Plan de Alimentación Escolar (PAE), hasta los más comunes y reiterados como las interminables anomalías con los recursos de las regalías, las recurrentes prácticas de cartelización y carruseles de contratos, así como múltiples casos de bajo o mediano monto en cuanto a robo de recursos públicos o desgreño administrativo. 

Las cifras sobre lo que se mueve en Colombia con motivo de corrupción tanto en el sector público como en el privado son alarmantes.  Como se ha reiterado, la Contraloría General advierte sobre montos superiores a los 50 billones de pesos. La propia Fiscalía General, a su turno, informaba esta semana que en su programa los “Bolsillos de cristal” se ha judicializado en menos de un año a más de 1.100 funcionarios y particulares cuyas actuaciones han comprometido más de 12,4 billones de pesos del presupuesto oficial. Otro dato más sintomático de la gravedad del flagelo a que se enfrenta el país: el ente acusador ha incautado en los últimos doce meses más de 8 billones de pesos en activos ilícitos a redes de crimen organizado y de corrupción.  Es más, los delitos contra la administración pública son los que más están creciendo, evidenciando, lastimosamente, que los cargos ofíciales ya no se perciben como una oportunidad de servicio al Estado y la ciudadanía, sino como un chance para el enriquecimiento ilícito, rápido y con amplios márgenes de impunidad.

La lucha contra la corrupción se compone de cuatro elementos básicos. El primero es la existencia de una normatividad penal, disciplinaria, fiscal y de régimen privado lo suficientemente drástica para aplicar condenas y sanciones ejemplarizantes, que castiguen al infractor y disuadan a otros de irse por el mismo camino delictivo. La segunda, contar con un aparato judicial lo suficientemente eficaz para investigar, procesar y llevar a la condenan a los corruptos, sea cual sea el delito o el monto involucrado.  En tercer lugar, que exista la voluntad política en los tres poderes públicos para hacer de esta lucha una prioridad estatal. Y, por último, que tanto en el sector público y privado como en la ciudadanía en general se practique de forma natural una cultura de la legalidad como patrón de comportamiento individual y colectivo. ¿Cómo está Colombia en cada uno de estos cuatro ejes? Lamentablemente en todos hay falencias tan evidentes que no viene al caso describir, por ser de amplio conocimiento público.  Sin embargo, no cabe la resignación ni mucho menos dar paso a una frase que de tanto repetirse se ha vuelto de cajón, pero que encierra en sí  misma una grave  actitud frente a lo público: “…que roben, pero que no se la roben toda”. 

Este Diario publicó ayer un artículo sobre los diez principales obstáculos en Colombia para desarrollar una más efectiva lucha contra este flagelo. Decálogo que comienza por la evidencia de una crisis del derecho penal, en el que las condenas o no se ejecutan o son mínimas. De igual manera hay deficiencias en la formulación de una política de Estado contra la corrupción. Así mismo no se puede ocultar que a la par de las trabas que desde distintos sectores se le ponen a las medidas que buscan castigar con mayor drasticidad a los corruptos, también han crecido los intentos por limitar la acción de los organismos de control.  No menos grave resulta que el régimen vigente sobre rebaja de penas y beneficios penitenciarios por confesión y colaboración con la justicia se ha extralimitado, a tal punto que muchos de los culpables terminan casi que sin pagar ningún tipo de castigo por sus fechorías, dando pie a otra percepción popular igualmente peligrosa para la institucionalidad: “delinquir paga”.

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Visto todo lo anterior es obvio que los esfuerzos aislados de las instituciones judiciales, políticas y legislativas para romperle la columna vertebral a la corrupción en Colombia si bien son destacables y han dado algunos resultados muy positivos, en realidad se quedan cortos frente a la dimensión del problema.  Como se dijo, es necesario fortalecer los cuatro ejes de acción ya delineados, para que actúen de forma conjunta y bajo los principios de corresponsabilidad y vigilancia mutua sobre los  deberes y prerrogativas de cada uno de ellos. Mientras no se configure y active esa estrategia integral, toda la lucha contra el que es, sin duda alguna, el flagelo más grave que sufre el país, seguirá ofreciendo un panorama en el que todos los días se ganan batallas, unas grandes y otras pequeñas, pero la guerra se continúa perdiendo.