A cinco meses de la primera vuelta presidencial y ocho del relevo en la Casa de Nariño, es claro que hay una sensación alta de desgobierno. Crisis de distinta dimensión afectan sectores clave y desde ya los candidatos que aspiran a conquistar la Casa de Nariño deben empezar a analizar el preocupante escenario que los obligará a dar timonazos de entrada o, en no pocos casos, resignarse a que la gestión de Santos no les dejó mayor margen de acción. 

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Preocupación y alarma. Esas, sin duda, son las sensaciones que deben estar rondando a no pocos de los candidatos y precandidatos presidenciales que aspiran a ser el titular de la Casa de Nariño a partir del 7 de agosto de 2018, es decir en escasos ocho meses.

Y no es para menos. Por más que los aspirantes estén haciendo minuto a minuto todo lo que esté a su alcance para ganar apoyos que les allane el triunfo en las urnas, es claro que a medida que se va agotando la cuenta regresiva del segundo mandato del presidente Juan Manuel Santos, va siendo más evidente que a su sucesor le va a tocar administrar una “herencia” crítica en no pocos frentes.

 

Pese a que el Ejecutivo insiste en tesis discursivas y aludes de cifras en torno a que el país va avanzando y que la mayoría de las políticas y programas están dando resultados positivos y alentadores, lo cierto es que en el grueso de la opinión pública y del llamado “país político” la percepción es muy distinta. La polarización, por ejemplo, está hoy en los mayores niveles de la última década.

 

Las mismas encuestas evidencian que la mayoría de los colombianos tienen altos grados de pesimismo. Por ejemplo, en el último sondeo semanal de la firma Yanhaas, el 74% de los consultados respondió que el país va por mal camino y tan solo un 17% considera lo contrario.

 

Se trata de un indicador bastante diciente sobre el estado de ánimo de la nación y que resulta más preocupante aún si se tiene en cuenta que ese pesimismo generalizado va de la mano con las muy bajas calificaciones a la imagen del Presidente y la gestión gubernamental. Según esa misma encuesta Yanhaas, el 74% de los consultados no aprueba o desaprueba al Jefe de Estado, en tanto que sólo un 16% la avala. Igual ocurre con la tarea del gabinete ministerial, que es rajado por el 75% de los encuestados y solo el 11% lo ve positivamente.

 

Sectorialmente la cuestión es tanto o más complicada para el gobierno Santos. Prueba de ello, basados en el mismo sondeo semanal, es que la desaprobación del manejo del Ejecutivo al acuerdo con las Farc es de 72%; un 70% con respecto a la negociación con el Eln; y 82% en cuanto a la lucha contra la corrupción. A ello se suma que un 86% considera que la economía está estancada, un 28% percibe como mala la situación empresarial, 64% raja las perspectivas de empleo, sólo un 28% tiene una calificación positiva de sus ingresos familiares, 46% descalifica su posibilidad de más consumo, en tanto que el 78% continúa en desacuerdo con la última reforma tributaria. Y esto para concluir que al preguntarle a los consultados en torno a sus expectativas sobre el futuro del país el 39 se declaró “pesimista/muy pesimista”, un 37% “ni optimista ni pesimista”, y sólo un 22% dijo ser “muy optimista/optimista”.

 

Todo lo anterior, que no difiere mucho de otras encuestas de reciente publicación, en donde hay diferencias sobre porcentajes de desaprobación pero no en la tendencia, lo que evidencian es que buena parte de los colombianos tiene una sensación creciente de que al Presidente el manejo de los asuntos y problemáticas más importantes o de mayor impacto ciudadano, pareciera estar saliéndosele de control. Una sensación que se traduce, en la práctica, en la percepción de desgobierno o de un Ejecutivo al que las circunstancias nuevas y viejas lo están superando, sin que tenga mayor capacidad de reacción y, por el contrario, cada día es mayor su debilidad política y menor su margen de acción.

 

Sea cual sea el próximo Jefe de Estado, es imperativo que superar ese mal ánimo de la nación no será nada fácil. Pensar que con el solo envión del cambio de timonel el clima de pesimismo se revesara automáticamente es muy ingenuo. Se requiere, además del nuevo timonel, un timonazo político, económico e institucional tangible y con resultados a corto plazo.

 

Desbarajuste institucional

 

Entre los flancos de la ‘herencia’ que comienza a configurarse ya de este gobierno, uno de los más alarmantes es el relativo a la debilidad institucional y los bajos niveles de confianza en la capacidad del Estado.

 

Del Ejecutivo, por ejemplo, hay una lectura bastante negativa, que se evidencia no sólo en la percepción de un Jefe de Estado debilitado y desgastado, sino en que muchas de sus ejecutorias principales no han dado los resultados esperados. Los altibajos en el acuerdo de paz, la crisis económica, el rebrote de la violencia, los picos de inseguridad y los escándalos de corrupción, entre otros, forman un cuadro crítico.

 

El poder y legitimidad de la institución presidencial se vio golpeada por la constante costumbre de la Casa de Nariño de acudir a medidas, cuando no extraordinarias sí inéditas y polémicas, como la objeción presidencial a actos legislativos, el ‘fast track’ para aprobar los desarrollos normativos del acuerdo de paz con las Farc, la refrendación legislativa de un plebiscito negado en las urnas, la aprobación de una Jurisdicción Especial de Paz que implantaba una especie de justicia paralela superlativa y hasta la reciente andanada jurídica para tratar de revivir forzosamente el acto legislativo que creaba las 16 curules…

 

Mientras que algunos sectores consideran que eso podría calificarse como “audacia” por la paz, la gran mayoría sostienen que el Ejecutivo demostró una tendencia a desafiar la autonomía de los poderes públicos y la preeminencia del mismo orden constitucional. Y a ello habría que sumar que mucha de su estrategia de apoyo político y parlamentario se basó en alinderamiento de los partidos de su coalición, a punta de lo que se ha popularizado como “mermelada” presupuestal y burocrática… Una alianza que se fracturó en el último año y redujo su margen de gobernabilidad de forma sustancial, como se evidencia hoy. Todo ello adobado con escándalos de corrupción al por mayor y en las más altas esferas, algunos tan graves como el de los sobornos de Odebrecht.

 

A lo anterior habría que adicionar que el aparato institucional se amplió no sólo en tamaño sino en costo, y que otras reformas como la creación de agencias supraministeriales no dio el resultado esperado.

 

De otro lado, si bien enderezar el accionar del Ejecutivo depende en gran parte de las directrices de quien sea el próximo Presidente, buscar una salida a la crisis en que se encuentra el poder judicial será más difícil y complejo.

 

Lamentablemente la Rama Judicial, pero sobre todo los altas cortes, que antes eran de las instituciones más respetadas y de mayor confianza entre la ciudadanía, cayeron en el desprestigio por cuenta de una sucesión de escándalos de corrupción en los últimos años, manchando de forma grave la imagen pulcra que se tenía de la magistratura. El llamado “cartel de la toga”, a través del cual se puso al descubierto una trama de compraventa de fallos y decisiones procesales en la Corte Suprema, fue el último eslabón de una larga cadena de anomalías en los máximos tribunales, juzgados y Fiscalía, contagiados de politiquería, cohechos y consejas al por mayor.

 

Los varios intentos de una reforma judicial durante el gobierno Santos fracasaron, unas veces por mal manejo del Ejecutivo, otras por los ‘micos’ introducidos en el Congreso y las restantes porque los máximos tribunales acudieron a una insana ‘unidad de cuerpo’ que frustró un ajuste que todos saben que es urgente.

 

Es claro que los índices de impunidad y morosidad judicial son muy altos. La demanda de justicia terminó naufragando en códigos exagerados en materia de rebajas de penas, beneficios penitenciarios, polémicos principios de oportunidad, aumento del rango de excarcelaciones, altos índices de reincidencias… Todo ello junto a la proyección de una justicia transicional para tramitar flexibilidades jurídicas pactadas con la guerrilla, pero que hoy están bajo la lupa de la Corte Penal Internacional.

 

Aunque la mayoría de los candidatos presidenciales sostienen que abocarán sendas reformas judiciales e incluso ya está andando la posibilidad de una constituyente limitada al tema, es claro que adelantarla será imposible a menos que se tenga la voluntad de un Congreso por tramitarla limpia y eficazmente, pero sobre todo es necesario que las altas cortes acepten que la arquitectura de la rama hizo crisis y que el principio de justicia pronta y eficaz está muy lejos de cumplirse.

 

Congreso en bajada

 

El tercer poder público es el Legislativo y aquí, para solo citar un dato sintomático de esta de esta rama, baste con decir que en algunas encuestas el Congreso tiene peor imagen que la guerrilla desmovilizada de las Farc.

 

No es exagerado advertir que, lamentablemente, el Parlamento continúa siendo el recipiente de las peores prácticas: politiquería, nexos con sectores ilegales, corrupción, tráfico de influencias, transaccionismo burocrático, legislación en causa propia, cacicazgos de nuevo y viejo cuño, baja representación de distintos sectores populares… Es más, los varios intentos por debatir y aprobar una reforma política se frustraron, impidiendo cualquier cambio de fondo en el mecanismo de escogencia de los senadores y representantes, su modelo de juzgamiento, una mayor transparencia electoral o de democracia partidista y coherencia programática…

 

En el entretanto, las grandes reformas que requiere el país siguen en el tintero: los cambios de fondo en materia política, electoral, pensional, laboral, judicial, educativa, ambiental, minera, tributaria, social e institucional, entre otras, nada que se concretan.

 

Lamentablemente el próximo Gobierno, al tenor de las listas inscritas el lunes pasado para los comicios parlamentarios de marzo próximo, tendría que trabajar con un Congreso que no apunta a tener mucha renovación en materia de caras, partidos ni prácticas políticas.

 

Aunque todos los candidatos digan que buscarán tener una alianza programática con el Parlamento, la posibilidad de apartarse de las prácticas que en los últimos gobiernos han marcado la relación del Legislativo y el Ejecutivo no se ve muy cercana.

 

Economía en rojo

 

Otro de los flancos de mayor preocupación para el próximo gobierno, sea cual sea el Presidente, es el económico, en el que la ‘herencia’ será tan complicada que prácticamente llevará a que el sucesor en la Casa de Nariño entre condicionado en la materia y con muy poco margen de acción.

 

La mayor prueba de ello se dio precisamente esta semana cuando la firma Standar & Poor’s rebajó la calificación crediticia de Colombia, dejándola en BBB-, que es apenas un escalón por encima de la nota en que empieza a ponerse en peligro el estatus de “grado de inversión” de un país.

 

La firma calificadora de riesgo fue enfática en advertir que la rebaja de la nota se debía a una serie de circunstancias macroeconómicas como el aumento de los déficits fiscal y de cuenta corriente, el excesivo gasto público, el menor recaudo pese a la reforma tributaria, el bajo crecimiento del PIB, los precios de las materia primas y comodities y el riesgo de que en 2018 y 2019 se incumpla la regla fiscal.

 

Aunque el Gobierno trató de minimizar la gravedad de esta descalificación, que podría marcar el rumbo de otras calificadores de riesgo como Moody’s o Fitch, lo cierto es que, en el fondo, lo que S&P advirtió es que el próximo gobierno debe entrar con la tarea urgente no sólo de aplicar medidas eficaces para controlar un gasto público ya de por sí muy inflexible, sino que tendrá que forzar un crecimiento productivo a corto plazo. De no ser así, no sólo se enfrentaría a un mercado de inversiones y capitales muy desconfiado sobre la solidez de la economía colombiana, encareciendo todas las operaciones de búsqueda de recursos, sino que se vería abocado a acudir a una nueva reforma tributaria para solventar el hueco fiscal, que hoy es de 3,75%. Reforma ya de por sí imposible en un país con una de las más altas tasas de recaudo en el continente.

 

Para cualquier candidato a suceder a Santos es apenas claro que la ‘herencia’ económica que recibirá es muy delicada. El desempleo continúa por debajo de un dígito pero cada vez más cerca al techo del 10%; la industria y el comercio nada que levantan cabeza; el crecimiento del agro está soportado en el café y otros cultivos tradicionales, jalonados en gran parte por el diferencial cambiario más que por una mayor competitividad; el déficit comercial no ha caído sustancialmente; la ‘bomba’ pensional sigue en cuenta regresiva; varios de los principales proyectos de infraestructura se encuentran a ritmo lento por problemas en los cierres financieros y el impacto de escándalos como el de Odebrecht; la Ley de Garantías Electorales golpeará el sector real de la economía durante el primer semestre; hay un riesgo alto del fenómeno climático de La Niña para el segundo trimestre; el margen de gasto y poder adquisitivo de las familias de bajos estratos sigue impactado por el aumento del IVA del 16 al 19%, lo que impide que el consumo de los hogares aumente…

 

Una radiografía como la descrita no podría ser distinta ya que el país está creciendo hoy por hoy a un ritmo de 1,4% en promedio (con corte al tercer trimestre) y en el mejor de los casos cerrará el 2017 con un 2%, en tanto las proyecciones para 2018 a duras penas se acercan al 3%.

 

Todo lo anterior es claro que lastra otros frentes productivos en los que sí hay avances tangibles de este gobierno, como el de la vivienda o la baja de las tasas de intereses…

 

Como se ve, cualquiera sea el sucesor de Santos, su margen de acción en materia económica será muy corto porque el saliente le dejará una ‘herencia’ muy crítica.

 

¿Paz estable?

 

Desde cuando se firmó, a finales del año pasado, el acuerdo de paz entre el gobierno Santos y las Farc (tras la polémica renegociación luego de haber sido negado en las urnas), se pensaba que al próximo mandatario le tocaría, preferencialmente, la etapa del posconflicto y que ya para agosto de 2018 toda la implementación de las leyes, reformas constitucionales y decretos derivados del pacto estaría en vigencia y aplicándose.

 

Sin embargo, ello no será así. El ritmo de la implementación del acuerdo ha sido accidentado y lento. Más de la mitad de las leyes, reformas y decretos aún no están aplicándose, pese a que terminó en noviembre pasado un año de vía rápida legislativa. El proceso de desmovilización y reinserción a la vida civil de los ex Farc tiene graves tropiezos y demoras. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) no ha empezado a estructurarse, pese a que los cabecillas del ahora partido fariano ya están haciendo política e irán a las urnas en marzo próximo sin haber sido juzgados por sus delitos atroces…

 

A lo anterior debe adicionarse que el objetivo de una reducción efectiva de la violencia en las zonas dejadas por las Farc no se ha concretado, debido no solo al accionar de las crecientes disidencias de esa guerrilla, sino a que el Eln, las bandas criminales y los carteles del narcotráfico se apropiaron de muchas zonas que, se supone, debía consolidar el Estado. Incluso, allí se desató una ola de asesinatos de líderes sociales, indígenas, campesinos, activistas de derechos humanos y reclamantes de tierras. Todo ello ha impedido que la Ley de Reparación a las Víctimas y Restitución de Tierras a los desplazados tenga hoy por hoy una aplicación deficiente.

 

Como si fuera poco, el narcotráfico, principal combustible del conflicto armado, tomó más fuerza en los últimos tres años, al triplicarse la extensión de narcocultivos (EU reportó 188.000 hectáreas y un potencial exportador de cocaína de 800 toneladas). Las políticas de erradicación forzada (sin el arma efectiva de las aspersiones aéreas) y de destrucción voluntaria de sembradíos ilícitos están dando resultados insuficientes frente a semejante boom narcotraficante que, incluso, llegó al gobierno de Estados Unidos a amenazar con la posibilidad de descertificar a Colombia en materia antidroga, algo impensable años atrás.

 

A ese drástico panorama hay que sumarle que el fenómeno de las bandas criminales creció de forma alarmante y que el proceso de negociación de paz con el Eln, pese a mediar un cese el fuego temporal y bilateral, hace agua en medio de la desconfianza guerrillera, las violaciones a la tregua y la crisis en la delegación del Ejecutivo.

 

Ese es un escenario que difícilmente cambiará de modo sustancial en los próximos ocho meses, salvo algunos avances puntuales. De allí que cada problemática de las ya advertidas no sólo es tema transversal en la campaña presidencial actual, sino que obligará al nuevo titular de la Casa de Nariño a dar fuertes timonazos en los distintos frentes una vez asuma el poder. No hacerlo, le complicaría en forma sustancial su margen inicial de gobernabilidad.

 

Otros flancos

 

Como queda en evidencia, el gobierno saliente deja incendios prendidos en distintos lugares y es seguro que al nuevo mandatario le tocará, al menos de entrada, actuar cual bombero atendiendo emergencias aquí y allá.

 

Por ejemplo, en el campo internacional es innegable que Colombia ha perdido peso e influencia geopolítica, incluso en comparación con el primer mandato de Santos.

 

En el último año, por ejemplo, Estados Unidos volvió a poner sobre la mesa el riesgo de una descertificación a Colombia por deficiencias en la lucha antidroga; en la Corte Internacional de La Haya no sólo se perdió ya un pleito con Nicaragua, sino que ahora el país afronta dos demandas más de la ambiciosa nación centroamericana; con Venezuela, otrora segundo socio político y comercial de Colombia, las relaciones en ambos rubros están reducidas a cero, pues Bogotá hace parte de la estrategia de presión internacional contra el régimen cuasi dictatorial de Nicolás Maduro; si bien es cierto que hay un gran consenso internacional de apoyo al acuerdo de paz en nuestro país, al punto de que tenemos misiones de la ONU colaborando, no hay que olvidar que esta última ha criticado el proceso de implementación del pacto y que la Corte Penal Internacional –otra agencia del ente multilateral– sigue advirtiendo que podría intervenir en Colombia por los amplios márgenes de impunidad contemplados en la JEP y la Ley de Amnistía…

 

En el campo social, de otra parte, si bien se ha reducido el porcentaje de personas en la pobreza e indigencia, en el Índice de Gini Colombia está en lugares mediocres así como en el de desigualdad.

Otras crisis estructurales como la sostenibilidad financiera del sistema de salud y las deficiencias en la atención a los usuarios; el atraso en la malla vial regional y local; el porcentaje restante de familias sin techo propio; los picos de inseguridad urbana; la diáspora de los venezolanos hacia Colombia… En fin, son muchos los sectores en donde la ‘herencia’ de este gobierno se pensaba que sería mejor, pero a la hora de los cortes de cuenta la realidad es otra, sin querer caer por ello en la utopía de que se esperaba que este o cualquier otro gobierno solucionara todas las falencias del país. Nadie está pensando ni exigiendo algo así.

 

Obviamente hay muchos otros flancos, políticas y programas en donde los avances han sido tangibles e innegables. Sin embargo, la sumatoria de las pequeñas, medianas y grandes crisis y problemáticas tienen hoy al país sumido en una sensación de desgobierno, pesimismo e incertidumbre. Una ‘herencia’ que quienes compiten por la sucesión de Santos deberán empezar a cuantificar y establecer cuánto costará en materia de esfuerzo institucional, político, económico, social y, sobre todo, de voluntad gubernamental poder empezar a sanear.

 

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