La reforma política se fue al suelo y los motivos que condujeron al fracaso fueron muchos, entre otros el temor de los politiqueros a nuevas fuerzas que puedan desplazar a la “aristocracia”,  monopolizadora del poder  gracias a la ignorancia del “pueblo soberano”.

Hay que entender que la Constitución, con perdón de los teóricos,  es un consenso  entre las distintas fuerzas políticas imperantes que, para satisfacer sus intereses individuales, se organizan en grupos de presión que redactan textos  a través de los cuales ponen a su servicio la fuerza del Estado. Por esa razón, cuando se proponen disposiciones que de una u otra manera  ponen en  riesgo los beneficios de esa clase dominante, no es extraño que la iniciativa se derrumbe. Para no ir tan lejos, basta con hacer una encuesta, auténtica y desinteresada, para saber cuántos de los que votaron negativamente el plebiscito propuesto por el ingenuo presidente leyeron el Acuerdo de Paz. Esa pregunta  hecha en varias oportunidades tuvo  respuesta negativa. El Acuerdo no se leyó, entre otras razones por que su extensión y lenguaje son factores desalentadores.

El tema viene a cuento al empezar a dilucidar el futuro de Colombia. Las declaraciones de los aspirantes a la Jefatura de Estado encierran un discurso saturado de mentiras y es ahí donde radica el problema que se adivina. La democracia y la mentira suelen ser incompatibles. La verdad debe ser su fundamento y, en consecuencia, si las leyes del estado son estrategias mentirosos para satisfacer intereses particulares y no de la comunidad nacional, definitivamente la paz nunca reinara y tampoco la legitimidad del poder.

 El candidato del CR ha lanzado unas promesas de gobierno entre las cuales  destaca una que seguramente no incumplirá: “Su programa de Seguridad”. Todo  su planteamiento está orientado hacia la filosofía del autor de los “falsos positivos”; probablemente con el ánimo de reclutar a los seguidores de este “Nerón”, apunta hacia una política criminal que incrementará la severidad  judicial, partiendo de la ampliación de los cupos carcelarios y la restricción de los beneficios a los condenados. Pero nada dijo con respecto al castigo a los corruptos funcionarios públicos. Y claro que a ese respecto nadie habla y no lo hacen los candidatos porque no es una estrategia que convenga, pues para nadie es un secreto que muy pocos son los que buscan el poder para procurar el fundamento esencial de la nación: la satisfacción de los intereses colectivos.

Para el ejemplo un botón. El señor contralor del Distrito Capital, cuota clientelista  de CR y quien para pagar los favores recibidos ningún reato tuvo  al darle contratos a la ex esposa de uno de los autorizados voceros del candidato a la presidencia. Y como este caso hay miles, pero esas conductas no se persiguen ni se garantiza la seguridad de que la política sea pulcra. Mejor es distraer a la opinión ofreciéndole una Asamblea Nacional Constituyente que vuelva y revuelque la Carta.