Ministro de Hacienda aseguró que la medida costaría a la Nación cerca de $3 billones

___________________________

Después de que el pasado miércoles el Senado rechazara las objeciones presidenciales al proyecto de origen parlamentario que reduce los aportes de los pensionados a salud del 12% al 4%, ayer el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, dijo que podrían verse afectados 3 millones de colombianos pobres, que perderían sus beneficios en salud, pues sería la única forma que tendría la Nación para financiar los cerca de $3 billones por los 8 puntos porcentuales que se dejarían de recibir.

La semana entrante se espera que la plenaria de la Cámara de Representantes vote el informe que presentó una comisión congresional rechazando las objeciones presidenciales. En caso de que esta Corporación siga el ejemplo del Senado de la República la iniciativa pasará a las manos de la Corte Constitucional para que dicte la última palabra.

Al respecto el Ministro de Hacienda dijo que “por ello, la Corte Constitucional será la instancia encargada de evaluarlo y por supuesto por ser inequitativo al darle un alivio a persona con más de 10 millones de pesos le quita la posibilidad a colombianos pobres de recibir los beneficios en materia de salud”.

El senador Alexander López aseguró que aunque este proyecto cobija a todos los colombianos, los más beneficiados serán los jubilados con pocos ingresos.

 “Cobija las altas pensiones y las demás, estamos hablando de mesadas de menos de cuatro salarios mínimos que son el 83% de las mesadas, las altas pensiones ocupan apenas el 1% de las pensiones establecidas, esa fue una decisión que tomó la Plenaria del Senado”, señaló el Parlamentario del Polo Democrático Alternativo.

Agregó que esto quiere decir que “un pensionado que tenga un salario mínimo de mesada, recibe adicional 80 mil pesos cada mes y eso va a generar sus condiciones de vida enormemente porque un pensionado no tiene otro ingreso”.

El informe del Congreso sobre las objeciones presidenciales a este proyecto indica que “como se pudo demostrar no existen argumentos de peso que permitan hablar de una inconstitucionalidad o inconveniencia del proyecto de ley objetado…por el contrario, se pudo demostrar que la medida adoptada por el Legislativo en el proyecto de ley favorece las condiciones de vida de los pensionados como sujetos de especial protección constitucional y desarrolla claramente el postulado del Estado Social de Derecho”.

Agrega que “la medida adoptada en el proyecto no viola los principios de iniciativa legislativa, progresividad, solidaridad, impacto fiscal, ni sostenibilidad fiscal”.

 Le quitó el apoyo

Este proyecto de ley contó en un principio con el respaldo de la Casa de Nariño, pues reducir los aportes de los pensionados a salud fue una de las promesas hechas durante la campaña por la reelección del presidente Juan Manuel Santos.

Hasta el tercer debate, la propuesta de hacer esa rebaja a los pensionados no incomoda al Gobierno, sin embargo, cuando entró a cuarto debate en la Cámara de Representantes, la plenaria de la corporación incluyó el beneficio para todos los pensionados. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, había advertido que de aprobarse ese descuento para todos los pensionados, el Ejecutivo objetaría la propuesta.

La rebaja del 12% al 4% en los aportes en salud para los pensionados que ganan hasta cuatro salarios mínimos al mes -89% del total de 2,3 millones de pensionados- suponía un esfuerzo fiscal de 1,3 billones de pesos, pero ya la cobertura para todos implica un déficit superior a los 3 billones de pesos, según los cálculos del Ministerio de Hacienda.

A pesar de las marchas de protesta de los pensionados en todo el país, el Gobierno nacional argumentó razones de inconstitucionalidad e inconveniencia para objetar esta iniciativa, pues dice que lo que se busca es proteger a los 4,4 millones de afiliados al sistema pensional.

Entre los vicios de inconstitucionalidad, la Administración argumenta que a la propuesta no le dio el trámite legislativo correspondiente, ni hubo conciliación entre Cámara y Senado, además de que no contó con el aval fiscal del Ministerio de Hacienda.

También sostiene que se trata de una norma regresiva, pues afecta los ingresos fiscales para el sistema pensional al privarlo de los recursos para financiar el sistema general de seguridad social.

Y en cuanto a las objeciones de inconveniencia, dice el Gobierno que el impacto fiscal es superior a los 3,7 billones de pesos entre 2017 y 2022.