Altos Tribunales vienen trabajando sin prisa en la confección de una propuesta con medidas de fondo para remediar la crisis que aqueja la Rama. En tanto que el Gobierno tendría más afán porque su intención es radicar la iniciativa antes de irse

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En septiembre pasado, durante el XII Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, celebrado en la ciudad de Pasto, uno de los temas que concentró voces es la hasta ahora esquiva reforma a la justicia. En esa oportunidad el presidente Santos dijo que el país la necesita, pero advirtió que debe ser producto de un gran acuerdo nacional. En este sentido las altas Cortes no han perdido el tiempo y con perfil bajo y pausado cada una por su lado viene trabajando en una propuesta.

El Gobierno también está laborando en el asunto, y por ello el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, desde la cumbre de Pasto ha sostenido algunos encuentros con las altas cortes.

El Ejecutivo y la Rama Judicial han manifestado su interés en esta reforma, más después de los recientes escándalos por hechos de corrupción que se habrían presentado en la Corte Constitucional con el entonces magistrado Jorge Pretelt, cuyo caso está en etapa de juicio porque presuntamente pidió dinero a Fidupetrol para influenciar en una tutela; y la red de corrupción que habría operado en la Corte Suprema entre los años 2013 y 2015  para vender a congresistas y otros políticos el resultado de los fallos.

Si bien las altas cortes y el Gobierno coinciden en la necesidad de reformar la justicia, no sucedería lo mismo sobre cuándo se debería hacer, pues mientras que  las primeras esperan adelantar un análisis pausado, el Ejecutivo le apunta a radicar una reforma constitucional en julio próximo, cuando será instalado el próximo Congreso.

El presidente Santos Calderón tiene una ‘deuda de honor’ con la reforma a la justicia, pues a pesar de la voluntad que ha mostrado en sacarla adelante, ha terminado fracasando. Vale recordar que la reforma que promovió en el año 2012, tras ser aprobada en un extenso trámite en el Congreso, el propio Jefe de Estado terminó hundiéndola por comprobarse que en la conciliación los parlamentarios  a cargo incluyeron de manera ilegal disposiciones que favorecían a congresistas y magistrados.

Posteriormente, el Gobierno tuvo un segundo traspié cuando la Corte Constitucional tumbó la mayoría del componente judicial en la reforma de Equilibrio de Poderes, aprobada en 2015.

A partir de estos últimos fracasos es que en el Congreso se han escuchado voces culpando a la justicia que supuestamente no quiere reformarse y, por ello, parlamentarios como Claudia López y  Viviane Morales han señalado la necesidad de hacer la reforma a la justicia por la vía de una asamblea nacional constituyente.

Al Gobierno nacional no le suena una constituyente, pero tampoco el presidente Santos quiere despedirse el próximo 7 de agosto sin dejar andando la reforma a la justicia. Por ello el Ejecutivo está liderando el diálogo con las altas Cortes y espera reactivarlo con el Congreso en marzo próximo, cuando los parlamentarios regresen para el último periodo de la legislatura.

En el XII Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, celebrado en la ciudad de Pasto en septiembre pasado, el presidente Santos dijo a los magistrados de las altas Cortes sobre la reforma a la justicia que “el país la necesita. El país la reclama. Pero no debe convertirse en un factor más de división, ni de polarización”.

Añadió en esa oportunidad el Jefe de Estado que “a estas alturas, para que una reforma de este tipo salga adelante se requiere un amplio consenso en el fondo y en la forma…no se hará nada sin que esto tenga un amplio apoyo de todos los sectores no solo políticos sino de la sociedad”.

Explicó que “para que la reforma sea posible debe ser producto de un gran acuerdo nacional. Un acuerdo incluyente, que convoque a la Rama Judicial; la Fiscalía General; la Procuraduría; los partidos políticos; la sociedad civil; la academia; las facultades de Derecho; y a la comunidad en general”.

Las Cortes

Con ocasión del XII Encuentro de la Jurisdicción Constitucional, los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y la Corte Constitucional; el Fiscal General de la Nación, el Procurador General de la Nación y el Presidente del Congreso de la República, acordaron impulsar de manera conjunta, con la participación del Ministerio de Justicia, una reforma estructural a la Administración de Justicia, que gire en torno a la revisión de las facultades electorales de las altas Cortes; revisión del sistema de investigación y juzgamiento de los aforados constitucionales, con el objeto de impulsar un modelo que, al tiempo que permita preservar la independencia de los más altos órganos de la administración de justicia y el Ministerio Público, garantice la celeridad y la eficacia de las investigaciones cuando a ellas haya lugar.

Además revisión del sistema de disciplina de jueces y abogados; revisión de requisitos y procedimientos de elección de magistrados de altas cortes; revisión del sistema de gobierno y administración de la Rama Judicial; reforma a los estudios de la carrera de Derecho y requisitos más exigentes para el ejercicio de la profesión.

Para el anterior efecto, los presidentes de las Cortes, incluido el de la Corte Constitucional, a título individual, como magistrado, se comprometieron a participar del proceso de preparación e impulso de la aludida reforma, con el objeto de que ella se ajuste a una perspectiva constitucional a la luz de los recientes fallos de control abstracto de constitucionalidad sobre la materia, así como para asegurar que la misma recoja la experiencia de las Cortes y de los órganos de control y su percepción sobre los problemas de la administración de justicia.

En esa oportunidad, las altas Cortes se comprometieron a reformar sus reglamentos internos, adoptar manuales de mejores prácticas y propiciar el establecimiento de mecanismos de autorregulación que brinden transparencia y rendición de cuentas en la gestión individual e institucional de los jueces.

En este sentido, la Corte Suprema en días pasados reformó su reglamento para, por ejemplo, poder suspender a los magistrados investigados por delitos. Precisamente el togado Gustavo Malo sería el primer cobijado con la medida, pues es investigado por la Comisión de Acusación de Cámara por supuestamente hacer parte de la red de corrupción que operó en este Tribunal para vender fallos.

También el Consejo de Estado modificó su reglamento incorporando un capítulo denominado ‘Ética, transparencia y rendición de cuentas’, que prohíbe a sus integrantes, magistrados auxiliares y empleados en general propiciar o atender reuniones particulares o privadas en donde se traten asuntos relacionados con los procesos que se tramitan en esta Corporación.

Qué se ha avanzado

En el Consejo de Estado no hay mayores avances hasta el momento en la confección de una propuesta de reforma a la justicia, aunque vale recordar que su presidente, magistrado Jorge Octavio Ramírez, ha señalado que antes que pensar en una reforma primero hay que identificar qué es lo que se debe reformar.

En la Corte Suprema se ha dado la discusión sobre el particular y por el momento tiene propuestas acerca de presupuesto, bienestar social y escuela judicial; órganos de gobierno; tutela contra decisiones judiciales y reformas procesales; y postulación y elección.

En tanto que en la Corte Constitucional han estado trabajando con el Ministerio de Justicia y están pendientes de una reunión con el ministro Enrique Gil Botero para conocer cómo van los avances.

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