Cuando se anuncia la baja de una nota a un estudiante, un trabajador o una empresa, se genera por lógica una sensación de insatisfacción que debe acompañarse del examen de las causas y de las posibles acciones a tomar. Esto mismo se da para el caso de la reducción de la calificación a la deuda de Colombia, por parte de la agencia Standard and Poors (S&P), que mide la capacidad del país para atender sus compromisos financieros y en consecuencia, el riesgo que conlleva para otros invertir en el país. Esta se convierte, en vísperas de las elecciones presidenciales, en una voz de alerta.
Si bien la calificadora S&P mejoró el panorama a “estable” desde “negativo” - con la fe manifiesta en la ortodoxia de las instituciones políticas para buscar, tras las elecciones, la estabilidad económica del país-, por otra parte, bajó la calificación crediticia de Colombia a "BBB-" desde "BBB". Así, la agencia indica a los potenciales interesados que el riesgo de su inversión en un país, como el nuestro, es más alto. No obstante, es útil considerar que esta escala va desde el color azul, el cielo, que es la calificación máxima AAA; pasa por el verde que son los grados superiores; se torna en naranja para los grados medios y luego se tiñe de rojo para las calificaciones especulativas hasta terminar en negro para perspectivas de baja recuperación o impago, como puede ser actualmente el caso de Venezuela. Con esta visualización, se observa que Colombia se mantiene en naranja, en grado medio inferior y pasa al nivel más bajo de la franja bordeando el comienzo del nivel especulativo.
En este sentido puede concebirse la indicación de S&P como una señal de semáforo en amarillo para los candidatos aspirantes a la presidencia que quieren tomar las riendas de la economía. En efecto, la calificación estuvo determinada por la combinación de un crecimiento más débil de lo esperado en 2017 -conocido por todos- con una alta dependencia de ingresos extraordinarios para compensar el bajo desempeño de la última reforma tributaria, que demostraron dificultades para reducir tanto el déficit fiscal como de cuenta corriente del gobierno y para cumplir con la regla fiscal que controla el nivel de endeudamiento.
Hay que recordar, incluso, que el mismo gobierno debió reducir su perspectiva de crecimiento del PIB para este año del 2,5% al 1,8%, con una sentida caída del consumo doméstico, aunado a los bajos precios internacionales de las materias primas que impulsan la economía.
No será entonces fácil para quien tome la dirección del país pues tendrá el imperioso compromiso de reducir el déficit fiscal -en medio de las promesas del posconflicto- como la necesidad de mitigar la carga impositiva para oxigenar a las empresas y la urgencia de alentar la competitividad y productividad de diferentes sectores exportadores. En este orden de ideas, no tiene duda que le será ineludible, al próximo presidente de Colombia, el deber de aplicar con toda firmeza la austeridad en el gasto.
*Presidente Corporación Pensamiento Siglo XXI
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