- Deben redefinirse la fórmula y los insumos
- Sindicatos y empresarios salen perdiendo
El próximo jueves debe darse la última reunión para determinar si el aumento del salario mínimo para el próximo año se puede consensuar entre sindicatos y gremios patronales o si, por el contrario, como ha venido ocurriendo en los últimos años, al final será el Gobierno el que fije, mediante agónico decreto, el porcentaje de incremento de la remuneración mínima para millones de trabajadores, que además marca los reajustes para otras escalas salariales.
Como siempre ocurre, la diferencia entre las propuestas de incremento de centrales obreras y voceros empresariales es muy alta, al punto que las primeras dicen que no pactarían un aumento inferior al 9 o 10 por ciento, en tanto que lo segundos ni siquiera llegan a un 5 por ciento. Lo cierto es que el año pasado el mínimo subió un 7 por ciento, pero en esta ocasión con una inflación controlada por debajo del 4 por ciento y con un índice de productividad laboral negativo, ese porcentaje no tiene mayor chance de ser igualado. En fuentes gubernamentales se afirma que si se rompe esta semana, como todo lo hace indicar, la mesa de concertación salarial, el Ejecutivo, en su decreto, no iría más allá del 5,5 por ciento, en el mejor de los casos… Aunque el ciudadano del común suele concluir, dentro de su lógica, que no tiene sentido un desgastante pulso negociador por algunas décimas o centésimas porcentuales, que a la hora de la conversión a pesos no superan los 20 o 30 mil, lo cierto es que el impacto de un punto más o un punto menos en el incremento del sueldo básico es muy alto en cuanto a costo de nómina para las empresas y todos los componentes de pago y seguridad social asociados al mismo.
Pero más allá de que todo este rifirrafe desemboque en lo que ya la mayoría de los analistas y las propias partes en la mesa pronostican en privado, es decir que no habrá acuerdo y sobrevendrá el decreto respectivo, lo cierto es que el país está en mora de cambiar este sistema de negociación salarial. Para cualquier desprevenido observador una diferencia entre las propuestas de sindicatos y patronos que llega al 100 por ciento, o incluso más, lo único que evidencia es que el modelo metodológico que se está utilizando para definir los insumos de la negociación ya no responden a la realidad laboral del país. No de otra manera puede entenderse que sobre las mismas cifras y proyecciones macro y micro económicas, sindicatos y patronos saquen conclusiones muy diferentes para soportar sus respectivas propuestas, diametralmente contrarias.
Ya en ocasión anterior se había traído a colación en estas páginas que era necesario cambiar el modelo de negociación salarial, introduciendo otros elementos e insumos más precisos, modernos y reales sobre el mercado laboral, la situación empresarial y el nivel de poder adquisitivo de los empleados. Indicadores e insumos que, de un lado, deberían ser proyectados por una entidad oficial neutral y, de otra parte, alimentar una fórmula matriz estadística que genere un dato objetivo sobre lo que debería ser el porcentaje de aumento. Esto evitaría las amplias distancias entre las propuestas subjetivas de las partes en la mesa y, por esa vía, se allanaría la posibilidad de un acuerdo, porque el margen de discrecionalidad en la oferta y exigencia de cada bando sería más limitado.
Ese modelo debe ser definido antes de ampliar a otros ámbitos, como el salario regional o las escalas de remuneración por tipo de profesión o modalidad de contratación, entre otras, una negociación de final de año que se evidencia cada vez más como improductiva, desgastante y perjudicial para ambas partes. Sería ingenuo desconocer que la imposibilidad de forzar un acuerdo sobre el aumento del sueldo básico anual, ha debilitado aún más la imagen y capacidad de convocatoria de los sindicatos, ya de por sí residual frente al grueso de los trabajadores. Y, también es innegable que el clima laboral y social se enerva contra el empresariado ya que la ciudadanía suele concluir que las bajas ofertas de incremento responden más a una urgencia de acumulación de ganancias que a fórmulas objetivas sobre la sostenibilidad del costo de la nómina.
Esa redefinición del modelo no puede seguir aplazándose. Sería absurdo que dentro de un año el país se vea abocado a repetir un proceso de definición salarial caduco e ineficaz. No puede considerarse lógico, bajo ninguna circunstancia, que una mesa de negociación se instale una y otra vez simplemente para terminar en no negociación y no acuerdo.