- Voto programático versus revanchismo político
- Ilógico proceso tras primera mitad del mandato
Estamos a escasos 14 días de que los gobernadores y alcaldes cumplan la primera mitad de su mandato. De allí que en los departamentos y municipios la mayor expectativa, frente a las administraciones regionales y locales, sea la de los respectivos informes de rendición de cuentas de los titulares de esas jurisdicciones y los balances de gestión que hacen el resto de sectores políticos, económicos, sociales, gremiales e institucionales. Sin embargo, en la capital del país la situación es distinta. Esta semana el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe definir si da vía libre a que la ciudadanía sea citada a las urnas para decidir sobre la permanencia o no en el cargo del alcalde Enrique Peñalosa.
La campaña que promueve su revocatoria de mandato ya tiene, desde finales de octubre, el visto bueno de las autoridades electorales sobre el número de firmas para respaldar este mecanismo de participación popular y desde entonces se está pendiente de si se cumplió el segundo requisito, relacionado con los gastos económicos en que incurrió el comité promotor. Al respecto hay dudas sobre varios movimientos contables y aunque este último dice que ha presentado todos los descargos del caso, es claro que si el CNE determina que se incurrió en irregularidades en la financiación de la campaña, todo el proceso se viene abajo. Sin embargo, el alto tribunal no se ha pronunciado todavía debido a una especie de ‘carrusel’ de recusaciones a los magistrados interpuestas por partidarios y contradictores de la revocatoria que, además, han acudido a otras instancias y herramientas judiciales con el objetivo de bloquear o acelerar la citación a las urnas. Aunque se supone que esta semana, por fin, el CNE debe tomar una decisión definitiva, no se sabe si, como ya ha ocurrido, a última hora surja otro recurso dilatorio.
Más allá de todo ese berenjenal jurídico, resulta a todas luces inconveniente que cuando Peñalosa está a punto de comenzar la segunda mitad de su periodo penda sobre él, cual espada de Damocles, un proceso de revocatoria de mandato que, en caso de ser habilitado, se estaría llevando a cabo ya en 2018, es decir cuando le resten menos de 23 o 22 meses para acabar su cuatrienio, e incluso cuando ya está sobre la mesa un primer sonajero de posibles candidatos a sucederlo en los comicios que se realizarían en octubre de 2019, es decir en 22 meses. Y como si lo anterior fuera poco, citar a los bogotanos a que antes de terminar febrero -los términos de la ley 134 son perentorios- deban ir a las urnas para definir la suerte del Alcalde, significaría no solo gastarse más de 40 mil millones de pesos sino que todo el proceso electoral se mezclaría -y confundiría- con la campaña para los comicios parlamentarios del 11 de marzo así como con la contienda presidencial que a partir de enero entra en su recta final de cara a la primera vuelta, a realizarse en mayo próximo.
De otro lado si bien los mecanismos de participación ciudadana están hechos para ser utilizados por los sectores poblacionales en ejercicio del principio básico fundacional de nuestro sistema democrático, según el cual la soberanía reside en el pueblo, no se puede negar que detrás de la campaña de revocatoria del alcalde Peñalosa hay un claro fondo político y electoral más que de enjuiciamiento objetivo por incumplimientos en su programa de gobierno y las ideas con que en octubre de 2015 se ganó el derecho de volver al Palacio Liévano. Resulta ingenuo desconocer que detrás de la campaña para sacarlo del cargo están muchos de los sectores de izquierda que perdieron el poder en Bogotá tras 12 años de mandatos consecutivos y que dejaron a la ciudad en una crisis institucional producto de los más graves escándalos de corrupción, lesivos bandazos gubernamentales y la evidente afectación de la seguridad jurídica y la estabilidad económica que distinguían a la capital del país. Incluso podría decirse que entre los impulsores de la revocatoria hay sectores que están en contra de Peñalosa no por incumplir su plan de gobierno sino por todo lo contrario. Es decir, aplicar los correctivos políticos, presupuestales, institucionales, administrativos y de estructura y función distrital que había prometido y le allanaron el triunfo en las urnas. Aunque es innegable que Peñalosa no es un dirigente con un alto perfil de popularidad, de allí a considerar que dentro de su estilo gerencial y ejecutivo no está cumpliendo con su plan de gobierno hay mucho trecho. Los resultados de la gestión están a la vista. Es ahí en donde se fundamenta el voto programático. Cosa distinta es el revanchismo político y electoral, una circunstancia normal en la democracia pero que para tramitarla no se hizo la revocatoria del mandato.
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