Alza salarial: distancia es cada día más grande | El Nuevo Siglo
Foto cortesía Mintrabajo
Jueves, 14 de Diciembre de 2017
Redacción Economía
Es muy posible que por la diferencia entre propuestas y ofertas para fijar el aumento de la remuneración básica de los trabajadores para 2018, otra vez el Gobierno deba fijarlo 

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La distancia entre la propuesta de los trabajadores y la oferta de los empresarios llevó a que no se lograra aún acuerdo al interior de la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, Cpcpsl, para el reajuste del salario mínimo, faltando tan solo una sesión, la de hoy para que finalice la negociación.

En consecuencia, si en la reunión que se realiza hoy en la mañana en la sede de Compensar al occidente de Bogotá no hay acuerdo entre las partes, el Gobierno queda en la facultad de decretar el aumento del salario mínimo para 2018, aunque puede citar a reuniones informales en busca de un acuerdo.

El Gobierno tiene plazo hasta el 30 de diciembre para expedir el decreto por el cual se fija la remuneración básica de unos dos millones de trabajadores colombianos.

 

Entre cifras

Desde el pasado cinco de diciembre los representantes de los trabajadores y de los empresarios han estado entre cifras. Primero fueron las entregadas por el DANE y el Banco de la República sobre inflación, la que se espera al finalizar el año esté en el nivel del 4%, luego el turno fue para el Departamento Nacional de Planeación, DNP, que señaló que en la productividad laboral del país durante 2017 fue del nivel de 0,5%.

Luego el turno fue para las partes involucradas directamente en la negociación, los trabajadores que habían anunciado con anterioridad sus peticiones reafirmaron sus posturas de 10% por parte de la Confederación General del Trabajo, CGT y de 12% por parte de los representantes de la Central Unitaria de Trabajadores, CUT.

Los empresarios por su parte llegaron inicialmente también con posturas diferentes. Asobancaria y Acopi señalaron que el incremento en el salario mínimo para 2018 no puede ser superior a 4,5%, mientras que la Sociedad de Agricultores de Colombia estuvo en el 4,6% y la ANDI y Fenalco ofrecieron un incremento del 4,7%.

Los empresarios, en una reunión del Consejo Nacional Gremial, la última del año, en que además hubo cambio de presidente y se nombró a Jorge Humberto Botero en reemplazo de Santiago Castro, buscaban unificar el ofrecimiento patronal.

Así, con ese panorama las partes llegaron a la penúltima reunión de la Cpcpls, en la que escucharon al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, quien les contó a los representantes de trabajadores y empresarios sobre la realidad de la economía colombiana, las perspectivas de crecimiento, la situación de la inflación en el país y los impactos que pueda tener sobre la economía la decisión de Standard and Poor’s de bajar de BBB a BBB- la calificación de Colombia.

 

Alta informalidad

Por su parte la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, señaló que el mercado laboral colombiano adolece de un grave problema de informalidad. Y, sin embargo, aún no se adoptan medidas de fondo relacionadas con la flexibilización del mercado laboral y la profundización del desmonte de cargas no salariales.

Si se mide la formalidad laboral a través de la relación Cotizantes Activos PILA/ PEA se observa que la relación se ha mantenido alrededor del 41% durante 2015-2017. Esto implica que cerca del 59% de la Población Económicamente Activa, PEA, no cotiza a seguridad social, bien sea porque está desempleada o porque está en sectores de alta informalidad.

La situación, en realidad, es más grave, pues cotizantes con densidades de 8 meses tan solo llegan al 26% de la PEA.

Esta dinámica responde a dos factores un alto Salario Mínimo Legal, que históricamente ha desbordado en cerca de 0,4 puntos porcentuales por año, lo que ANIF ha denominado la “regla universal”; y elevados costos no salariales.

Recientemente, se reabrió el debate sobre adoptar un SML diferencial por regiones como supuesto mecanismo para aliviar esa elevada informalidad laboral.

Si bien es cierto que existe heterogeneidad en la productividad laboral, esta también se manifiesta a través de diversidad regional y en función del sector productivo.

Lo que es claro es que en ningún caso se permitiría entrar a reducir la asignación del SML, que seguramente estará bordeando los $860.000/mes, suponiendo ajuste del 4,5%, como el que recomienda ANIF, incluyendo subsidio al transporte.

Esto implica que nadie puede ser contratado de tiempo completo y por la vía legal por una suma efectiva inferior a los $1,2 millones/mes.

¿Acaso lo que queremos es agravar el problema del desempleo que ha venido bordeando el 10,5% en las principales ciudades?, se pregunta el centro de estudios económicos.

En opinión de ANIF, la solución al problema de convergencia del SM hacia el SML y de la elevada informalidad debe buscarse por la vía de asegurar que el ajuste del SML cada vez se ciña más a la “regla universal”; profundizar la reducción de los costos no salariales, todavía con multiplicadores del 50%, y de los elevados costos de despido para las firmas; y adoptar diferenciales salariales únicamente para el caso de jóvenes, menores de 25 años, que estén en la etapa de aprendizaje.

De hecho, el SENA venía aplicando este esquema al permitir remuneraciones del 75% de  un SML durante la etapa de aprendizaje, con duración máxima de 1 año; pero sin repetir el error de “disparadores” según niveles de desempleo nacional.

 

Impacto del salario mínimo

Hay una cantidad de costos que están indexados al aumento del salario mínimo y que suben cada primero de enero cuando entre en vigencia el incremento en la remuneración básica.

Los colombianos, ganen o no el salario mínimo, verán cómo los costos de varios bienes y servicios suben cuando comienza a regir el alza.

Suben al mismo ritmo del salario mínimo el valor a pagar del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, los costos de las multas por infracciones de tránsito, Aporte a pensión de las personas que devengan el salario mínimo, cuotas de competencia de los jueces o instancias judiciales, servicios notariales, cuotas moderadoras de las Empresas Prestadoras de Salud, EPS, algunos subsidios de vivienda, el servicio de patios de tránsito, el costo de las grúas de tránsito, y las matrículas de los colegios públicos.

El aumento salarial para 2017 fue de 7% y decretado por el Gobierno nacional el 30 de diciembre de 2016.

 

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