El escrito de acusación por las presuntas irregularidades en la contratación de la remodelación del estadio Guillermo Plazas Alcid en Neiva (Huila), fue radicado por la Fiscalía General.

Por estos hechos fueron vinculadas siete personas entre las que se encuentran exfuncionarios y contratistas. Los acusados son: Pedro Hernán Suárez Trujillo, exalcalde de Neiva; Carlos Alberto Ramos Parrací, exdirector de Deportes de Neiva; Carlos Fernando Puentes Ramírez, exjefe de Contratación; Mauricio Vargas Cuéllar, curador primero de Neiva; Erika Johana Fernández Figueroa, representante legal del Consorcio Diseños Estadio; Miguel Alejandro Lozano Castañeda, representante legal de Consorcio Estadio 2014 y Gustavo Adolfo Arboleda Álvarez, contratista representante legal de la Unión Temporal Neiva 2012.

Los procesados deberán responder por peculado por apropiación en favor de terceros, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad ideológica en documento público.

La investigación evidenció que, pese a las recomendaciones técnicas, se suscribió un contrato de obra pública para la remodelación y refuerzo arquitectónico y estructural del Estadio Guillermo Plazas Alcid, y a través de diversos contratos celebrados un tercero se habría apropiado de recursos públicos por una cuantía cercana a los $25.000’000.000.

Los investigadores encontraron que la obra inició con diseños y estudios incompletos, y presupuestos variados y desfasados. Además, los estudios de vulnerabilidad sísmica eran obsoletos y no se hizo el reforzamiento estructural necesario que garantizara la seguridad de la obra.

La Fiscalía evidenció que apenas fueron invertidos $2’000.000, del presupuesto inicial establecido que superaba los $2.000.000.000.

Todas estas anomalías habrían generado el colapso de la estructura en el año 2016, la cual dejó 13 víctimas, cuatro de ellas obreros que murieron y nueve más que resultaron heridos.

Por estos hechos, la Fiscalía General de la Nación avanza en dos investigaciones penales. La primera, por las irregularidades en la contratación y, la segunda, por los homicidios y las lesiones.

Las obras del estadio todavía no han sido terminadas y recientemente la Dimayor le informó a los directivos del Atlético Huila que deberán buscar estadio para la temporada 2018.

El escenario, tras el derrumbe de las graderías que se estaban construyendo fue habilitado, pero las continuas quejas de los equipos visitantes por la falta de vestuarios y las dificultades para utilizar los baños, llevaron a la rectora del fútbol profesional colombiano a realizar una inspección y determinar que no presenta las condiciones mínimas para utilizarlo.