$7.300 millones para víctimas de detención masiva | El Nuevo Siglo
Foto Alcaldía de Quinchía
Martes, 12 de Diciembre de 2017
Redacción Web
29 habitantes de Quinchía (inicialmente se capturaron 117) fueron acusadas de rebelión sin ningún sustento: Consejo de Estado.

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Por la privación injusta de la libertad de 29 ciudadanos, la Fiscalía deberá pagar más de 7.300 millones de pesos.

El Consejo de Estado condenó a la entidad a reparar a las familias de esas personas que fueron detenidas en Quinchía, Risaralda, por supuestos nexos con la subversión que nunca pudieron ser probados.

El 28 de septiembre de 2003, en pleno furor de la política de seguridad democrática, 800 uniformados, entre militares y policías, se tomaron la población de Quinchía y apresaron a 117 habitantes, incluido el alcalde, los policías y un ciego. Fueron acusados como terroristas y cómplices de la guerrilla y conducidos en su mayoría a la cárcel La 40, de Pereira; otros fueron llevados a las cárceles en Dosquebradas, Manizales, La Dorada, Ibagué y Cómbita.

Para el periodista Javier Darío Restrepo, lo ocurrido en Quinchía fue “un hecho precursor de los falsos positivos”.

Se trató de la Operación Libertad, que derivó en la captura y posterior imposición de medida de aseguramiento de estas personas, que meses después terminaron siendo acusadas de rebelión, terrorismo, concierto para delinquir y algunas de ellas de secuestro extorsivo.

En julio de 2005 un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Risaralda revocó la medida de aseguramiento y precluyó la investigación por falta de elementos materiales probatorios que sustentaran la tesis de la parte acusadora en torno a los supuestos nexos de estas personas con grupos guerrilleros.

Los otrora investigados interpusieron una acción de reparación directa a la que parcialmente accedió el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda en el 2011. Esa corporación concluyó que la actuación de la Fiscalía fue desproporcionada, pues emitió una serie de decisiones que privaron a los demandantes de su libertad, con base en testimonios no contrastados de exmilitantes de la guerrilla del EPL.

Tras la apelación al fallo de reparación directa, el Consejo de Estado ratificó la responsabilidad del ente investigador. A su juicio, la demandada no probó que los acusados hubieran cometido los delitos por los cuales los acusó y no acreditó que su presunto aporte a la subversión no fuera producto de la coacción a la que podría haber estado sometida gran parte de la población de Quinchía en la época de los hechos.

Para la corporación, testimonios de oídas en torno a la supuesta colaboración de los investigados con la insurgencia no eran suficientes para probar su accionar delictivo, pues “el accionar de la fuerza insurreccional y los rumores que se propagaban sigilosamente, sustituían a las fuerzas del orden”.

El magistrado Guillermo Sánchez presentó aclaración de voto frente a la decisión.

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