A punto de cumplirse el primer año de mandato de los gobernadores y alcaldes escogidos en los comicios de octubre de 2015 y que se posesionaron en enero pasado, es viable hacerles un primer corte de cuentas sobre el arranque de su respectivo cuatrienio.
En primer lugar queda en evidencia, como muchas veces se ha indicado en estas páginas, que la principal problemática con que se enfrentan los entrantes mandatarios radica en que cuando asumen el poder buena parte del presupuesto ya está amarrado o comprometido por la administración anterior. El abuso de la figura de las vigencias futuras, mediante la cual un gobernador o alcalde empeña los recursos a largo plazo, terminó por convertirse en una especie de camisa de fuerza que impide a los elegidos poner en práctica, desde su primer día, lo que prometieron en campaña. Es hora de analizar cambios en el régimen administrativo territorial con el fin de limitar esta práctica o, al menos, introducirle más requisitos y condicionantes.
También es evidente que la aprobación de los Planes de Desarrollo de las respectivas administraciones departamentales y municipales se terminó por convertir en un espacio de transacciones políticas y burocráticas así como en el escenario piloto para que las coaliciones en las asambleas y concejos hagan su primera medición de fuerzas. El debate profundo y detallado sobre las metas propuestas en los distintos campos de gobierno así como la viabilidad financiera y técnica de las mismas queda en un segundo plano. El llamado “voto programático”, que debería llevar a que los Planes de Desarrollo reflejen lo que se prometió durante la campaña y jalonó el apoyo popular, continúa siendo una utopía de la democracia representativa.
En cuanto a los recursos con que cuentan las gobernaciones y alcaldías es patente que este primer año ha sido marcado por la austeridad en el gasto e inversión debido a la apretada situación fiscal de la administración pública en todos sus niveles. Si bien en el proyecto de reforma tributaria estructural que se debate en el Congreso se están modificando algunos impuestos, tasas y contribuciones de los fiscos territoriales y locales, no pocos mandatarios seccionales han lanzado alertas al respecto. Por ejemplo, la Federación Nacional de Municipios urgió esta semana a las plenarias de Senado y Cámara que eliminen los artículos que hacen referencia a los recursos destinados para el alumbrado público. Incluso se advirtió que si ello no ocurre, más de 600 poblaciones no tendrían cómo financiar este servicio.
La salud es otra de las grandes problemáticas a nivel regional. Prueba de ello es que los gobernadores están analizando con el Ministerio del ramo una nueva fuente de recursos para cubrir el déficit que tienen los departamentos para atender obligaciones por servicios No POS en salud, que supera los 750 mil millones de pesos. Incluso le pidieron al Ministerio de Hacienda y al Congreso que se aproveche la reforma tributaria para solucionar esta grave crisis.
Otro de los dolores de cabeza de las administraciones departamentales y municipales es la corrupción enquistada en muchos despachos públicos. Los desfalcos en materia de alimentación escolar, los miles de colados en el Sisben o los carteles que se roban la plata de la salud, entre muchos otros flagelos, ponen en evidencia no sólo que el régimen de contratación pública continúa siendo un rey de burlas, sino que los entes de control y vigilancia a nivel regional y local, especialmente las procuradurías y contralorías, tienen un alto grado de ineficiencia, cuando no están cooptadas por la politiquería y las mismas redes de avivatos que esquilman el erario.
En otro frente de acción, es palpable que mientras muchos gobernadores y alcaldes se han imbuido en la definición de cuál será su papel en la etapa del posconflicto, la inseguridad urbana se ha disparado. El microtráfico, el robo de celulares, los atracos callejeros y otros delitos de alto impacto tienen contra la pared a muchos ciudadanos.
A todo lo anterior habría que agregar que la reforma al sistema de distribución e inversión de las regalías se ha chocado insistentemente con una muy débil interacción objetiva y planificada entre municipios y gobernaciones para plantear proyectos de gran calado y beneficio superlativo para las regiones. No en vano Planeación Nacional lanzó recientemente una alerta sobre una billonaria suma que está en peligro por la mala disposición de estos recursos.
Como se ve, el diagnóstico parcial sobre las principales problemáticas que afrontan los gobernadores y alcaldes debe llevar al Gobierno a considerar que va siendo hora de proyectar una reforma integral al régimen administrativo territorial en todos sus aspectos.