¿Qué pasa cuando un acuerdo entre dos partes lucra y da poder a tiranos o cede a exigencias terroristas y eso amenaza la credibilidad y la seguridad de una nación, o estimula a otras organizaciones extremistas a seguir el mismo camino?

La congresista republicana por Florida, Ileana Ros-Lehtinen, tiene unas respuestas muy interesantes que ligan, de manera específica las tendencias e intenciones de un régimen como el de la familia Castro y las Farc.

Para ser aún más precisos, ¿Qué tan grave puede ser que el propio presidente de una nación como Estados Unidos o Colombia sea quien impulse semejante situación tratando con ello de apaciguar a un régimen como el cubano o a una banda armada ilegal?

 ¿Acaso existe una verdadera motivación de Cuba en una resolución pacífica del conflicto colombiano, o de las Farc en abandonar la intimidación y las drogas?

La posición republicana que, por obvias razones, pasará a ser preponderante a partir de enero, es bien diciente: el régimen castrista solo está interesado en utilizar a unas Farc fortalecidas y legitimadas como grupo dominante en Colombia.

Por tanto, el espurio acuerdo Santos-Timochenko, rechazado por la ciudadanía en incuestionable plebiscito, y las solicitudes de financiamiento formuladas por los promotores del ‘fast track’ al gobierno de los EEUU no solo son asuntos peligrosos para la democracia en Colombia, sino para la seguridad nacional y los intereses de Washington en el hemisferio.

 En tal sentido es apenas comprensible que el Congreso norteamericano se aglomere en torno a la idea de imponerles a las Farc una cuarentena estratégica suficientemente precisa y extensa para que demuestren si han asimilado y quieren acogerse a los fundamentos del sistema democrático, o si van a seguir actuando subrepticiamente mediante el uso o la amenaza de uso de la fuerza.

En consecuencia, es necesario que el Capitolio bloquee cualquier intento del gobierno Obama de usar el dinero de los contribuyentes estadounidenses para nutrir el acuerdo Santos-Timochenko.

Bloqueo que ha de darse en estricta concordancia con el nuevo Ejecutivo a fin de trazar, desde la Casa Blanca, las líneas maestras de lo que será un verdadero proceso de vigilancia compartido sobre la conducta de las Farc. 

Proceso compartido en el que todos los sectores de la oposición en Colombia han de estar involucrados, incluyendo aquellos que ya empiezan a desligarse de la Unidad Nacional, precisamente para que la democracia no se vea horadada desde adentro pues, al fin y al cabo, eso es lo que pretende el Secretariado con su delirante pretensión de orquestar el llamado “gobierno de transición”.