De tiempo atrás se han presentado en el Congreso iniciativas para que los ediles integrantes de las Juntas Administradoras Locales reciban honorarios, pues en la mayor parte del país la labor que realizan es ad honorem.  En octubre pasado ya fue aprobada esta disposición y ahora el texto está en conciliación. De igual forma hace pocos días fue presentada ponencia positiva a un proyecto de ley que busca la financiación de las campañas de los candidatos a estas corporaciones.

Por ello se puede decir que este periodo legislativo, que finalizará el próximo 16 de diciembre, fue el mejor para los más de 3 mil ediles que hay en el país desde que las JAL fueron creadas en el año 1968, reformadas mediante el Acto Legislativo en 1986 y elevadas a rango constitucional por el Artículo 318 de la Carta Política de 1991.

Las principales funciones de las JAL son vigilar y controlar la prestación de los servicios municipales en la comuna o corregimiento y las inversiones hechas con recursos públicos. Formular propuestas de inversión ante las autoridades encargadas de elaborar los planes de inversión.

El Código Municipal establece que las funciones del edil son ad honorem, aunque en aquellos municipios cuya población sea superior a cien mil habitantes, los alcaldes garantizarán la seguridad social en salud y riesgos profesionales de los ediles. En materia pensional los miembros de las Juntas Administradoras Locales gozarán de los beneficios establecidos.

Sin embargo, ahora los ediles de municipios cuya población sea superior a 100 mil habitantes tendrán derecho al pago de honorarios, según lo establece el proyecto de ley No. 267/16 C – 054/15 S, de autoría del senador conservador Fernando Tamayo, que como se dijo está pendiente de conciliación por parte de las plenarias del Senado y la Cámara.

De este beneficio hasta el momento solo gozan los integrantes de las 20 JAL de Bogotá y de algunos otros distritos como Barranquilla, Cartagena y Santa Marta.

La iniciativa establece que los municipios cuya población sea superior a 100 mil habitantes establecerán el pago de honorarios a los miembros de las juntas administradoras locales. Los municipios con una población inferior a 100 mil habitantes podrán establecer el pago de honorarios a los ediles.

El proyecto fija que los honorarios se establecerán por iniciativa de los alcaldes y mediante acuerdo de sus concejos municipales, hasta por dos  Unidades de Valor Tributario UVT, por asistencia a las sesiones plenarias y a comisiones, por el máximo de sesiones previsto en esta ley.

La fuente de ingresos de la cual se genera la financiación de los honorarios debe ser de los ingresos corrientes de libre destinación que el distrito o municipio tenga establecidos en su respectivo presupuesto.

Gastos de campaña

El buen momento de los ediles en el presente periodo legislativo es redondeado con la ponencia positiva para su primer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes al proyecto de ley por la cual se modifica la Ley 130 de 1994, en materia de financiación de las campañas de los candidatos a las Juntas Administradoras Locales.

La iniciativa del representante Nicolás Daniel Guerrero Montaño indica que la financiación de las campañas de elección para las Juntas Administradoras Locales se sujetará a las mismas reglas establecidas para los Alcaldes y Concejales.

Guerrero Montaño dijo que los miembros de las Juntas Administradoras Locales prestan un invaluable servicio a la comunidad, articulan y propenden, desde el interior de los grupos sociales, el desarrollo de los territorios; funciones de gran importancia en un Estado democrático y participativo como el nuestro. “De allí la perentoria necesidad de apoyar a ese grupo de líderes con la financiación de las campañas, auspiciando una igualdad de condiciones en el desarrollo de las justas electorales, ya que son los únicos miembros de Corporaciones públicas que no cuentan con esa contribución por parte del Estado”.

En cuanto a los costos que podría tener esta iniciativa el Parlamentario indicó que en los comicios regionales de 2015 se presentaron un total de 14.471 candidatos a ediles, de los cuales quedaron elegidos 3.837 en todo el país por medio de un total de 7.685.822 votos válidos; siendo esta última cifra la que sirve como base para la reposición de votos que para esa época se pagó a $1.815 por sufragio.